Más de 1.400 funcionarios de la más alta jerarquía del Poder Ejecutivo, entre ellos el presidente Alberto Fernández y el Gabinete de ministros y ministras, ya participaron de la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres y diversidades, prevista en la ley Micaela.
La norma fue sancionada en diciembre de 2018, a raíz del femicidio de la joven Micaela García, ocurrido en abril de 2017, en la ciudad entrerriana de Gualeguay.
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a cargo de realizar la capacitación a las máximas autoridades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en todo el territorio nacional, también realizó el curso «ABC Ley Micaela» de manera virtual a más de mil trabajadores en los últimos tres meses mediante un trabajo conjunto con el Instituto Nacional de la Administración Pública, informó el gobierno en un comunicado.
«Las capacitaciones establecidas en la ley son estratégicas para llevar adelante las transformaciones necesarias vinculadas a la igualdad de género», expresó la ministra Elizabeth Gómez Alcorta.
En paralelo, resaltó: «En esta gestión se revirtió la lógica de su implementación y se comenzó por las máximas autoridades, incluido el propio presidente en el ámbito del Poder Ejecutivo».
«El hecho de capacitar primero a los funcionarios y funcionarias con mayor rango de cada uno de los ámbitos busca promover una lógica de compromiso y decisión política respecto de la importancia de transversalizar la perspectiva de género en todo el Estado», explicó.
En esa dirección, dijo que se capacita a «aquellas y aquellos que deben pensar, diseñar y planificar las políticas públicas» para que lo hagan con una mirada «para promover intervenciones del Estado y programas que colaboren con la construcción de una sociedad más igualitaria y libre de violencias por motivos de género».
La capacitación del personal de los organismos del Estado Nacional es responsabilidad de las autoridades de cada organismo, que cumplen con esta obligación implementando programas de formación certificados por la cartera de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
Entre enero y julio de este año se llevaron adelante actividades de capacitación a más de 300 legisladores nacionales y máximas autoridades de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores de la Nación.
También a autoridades y funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia, la Afip, la Ansés, la Procuración del Tesoro, el Banco Nación, la Agencia de Noticias Télam, el Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes, el Centro Cultural Kirchner, el Teatro Nacional Cervantes, el Incaa, la Administración de Infraestructura Ferroviaria (Adif), Belgrano Cargas y Logística (BCYL) y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario (Decafh).
Asimismo, a Trenes Argentinos Operaciones (Sofse), Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (Fase), Empresa Argentina de Navegación(Eana), la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), la Administración General de Puertos (AGP), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Intercargo (ITC), la Junta de Seguridad del Transporte (JST) y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna). La ley Micaela también fue puesta en conocimiento de 30 autoridades de la Defensoría del Pueblo.
La ley Micaela tiene como objetivo promover el desarrollo de un plan de formación continuo para dinamizar la transformación cultural al interior del Estado que garantice la igualdad de oportunidades y derechos.
