La Ley Micaela es la norma que establece la capacitación obligatoria en materia de género y violencia para quienes desempeñan una función pública en cualquiera de los tres poderes del Estado. En este contexto, y con un firme compromiso por parte del gobierno municipal de Puerto General San Martín, realizó esta mañana una charla informativa vía zoom acerca de la ley, perspectiva de género y violencia, que tuvo como invitado desde el Centro Cultural Municipal al Juez de Familia, Marcelo Scola, destinada a personal jerárquico municipal, de las diferentes áreas del municipio, y representantes de las fuerzas policiales, prefectura, docentes, y talleristas, entre otros actores de la sociedad.
El intendente de Puerto General San Martín, Carlos De Grandis, que por cuestiones de salud no pudo participar esta vez, destacó el espacio de la charla y alentó a que el tema sea permanentemente debatido en el ámbito municipal.
Formaron parte de la capacitación el equipo interdisciplinario de la secretaría de Desarrollo Social, la trabajadora social, Lorena Silvestre, la psicopedagoga Fátima Andrada, los secretarios de Gobierno, Vanina Matassa, de Educación y Cultura, Sebastián Lezcano, de Desarrollo Social, Fernando Torrens, de Hacienda Gabriela Matuch y los concejales Walter García, y Sonia Grassano, quien dio la bienvenida a los presentes.
“Es un interés municipal profundizar en la ley Micaela, por eso estamos todos los que formamos el equipo de gobierno del Intendente De Grandis”, sostuvo Grassano, y señaló: “El objetivo es adquirir herramientas y ratificar el compromiso de todos los que estamos conectados para seguir trabajando sobre la igualdad de oportunidades, y fomentar una mirada diferente e inclusiva sobre estos temas”.
En tanto, el juez de Familia, Marcelo Scola, agradeció la invitación: «Es muy importante lo que hacen desde el municipio, porque esta ley viene a establecer toda una capacitación en política y perspectiva de género y violencia, en los poderes del Estado, e invita a todos los estados provinciales y municipales a adherirse (Santa Fe y Puerto General San Martín, lo hicieron), y el propio Presidente Alberto Fernández ordenó que esta ley se aplicara de arriba hacia abajo, siendo que los primeros que deben capacitarse en política de género tiene que ser las máximas autoridades de los tres poderes del Estado para que luego vaya alcanzando a todas las demás esferas sociales».
