El 30 de diciembre de 2020 fue un día histórico. En plena pandemia y después de años de lucha del movimiento feminista, Argentina conseguía la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (N° 27.610), que permite a las personas gestantes abortar voluntariamente hasta la semana 14 de gestación. Ese mismo día, en la misma sesión, se dio aprobación por unanimidad a otro proyecto: la ley N° 27.611 de “Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia”, conocida como Ley de los Mil Días, que tiene como objetivo fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes, y de los niños y las niñas en la primera infancia. El proyecto de Ley Ómnibus impulsado por el presidente Javier Milei en diciembre apunta a modificar esa última normativa y pretende realizar importantes cambios conceptuales en materia legal: ya no habla de “mujeres y personas gestantes” sino de “madres”, y en vez de apuntar a la primera infancia de niños y niñas refiere a la salud “de los niños desde su gestación”.
Estas modificaciones en la ley 26.711 no son inocentes. A lo largo de toda la campaña, distintos referentes de La Libertad Avanza se expresaron abiertamente en contra del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. “Hoy hay mujeres que están abortando chicos a término», mintió en noviembre pasado la ahora vicepresidenta Victoria Villarruel, y aseguró que su visión respecto del aborto es la misma que la de Milei: “Nosotros somos los dos provida, así que para nosotros tiene que haber una discusión respecto de esto», sostuvo.
Unos meses antes, Milei se había expresado en el mismo sentido: «Estoy en contra del aborto, porque está en contra del derecho a la vida», dijo en una entrevista, y aseguró que, en caso de convertirse en presidente, “haría un plebiscito” para, en caso de obtener mayoría, derogar la ley.
«Soy militante del pañuelo celeste y mi posición la baso en una cuestión filosófica, biológica y matemática», dijo Milei, sentando las bases de su pensamiento en materia de los derechos de las mujeres.
Este 30 de diciembre la ley de IVE cumplió tres años desde su sanción y llamativamente no fue incluida dentro del DNU ni de la llamada Ley Ómnibus para su modificación o derogación. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con la Ley de los Mil Días, sobre la que se propusieron modificaciones conceptuales que van en contra de los consensos logrados después de años de lucha de los feminismos y de debates legislativos, que afectarían directamente al derecho al aborto.
Modificaciones
En su artículo N° 1, la ley N° 27.611 de “Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia”, conocida como Ley de los Mil Días, establece: «La presente ley tiene por objeto fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes, y de los niños y las niñas en la primera infancia, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, y de sus hijos e hijas, con el fin de reducir la mortalidad, la mal nutrición y la desnutrición, proteger y estimular los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y la salud de manera integral, y prevenir la violencia».
La propuesta que envió Milei, y que está enmarcada en el Capítulo I, «Niñez y Familia», dentro del título «Capital Humano», agrega como plazo de protección hacia menores «el momento de la concepción», sólo se refiere a niños y no habla de mujeres embarazadas y personas gestantes, sino sólo de «madres».
La Ley Ómnibus pretende modificar el artículo 1° del siguiente modo: “La presente ley tiene por objeto fortalecer el cuidado integral de la salud de las madres en situación de vulnerabilidad y de los niños desde el momento de su concepción hasta los tres años; con el fin de reducir la morbimortalidad materno e infantil, la malnutrición y desnutrición, la protección y estimulación de los vínculos tempranos, y el desarrollo físico y emocional».
La lucha continúa
“A tres años de la sanción de la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito reivindica la lucha feminista de décadas que culminó con la conquista de un derecho hoy vigente en todo el país. Hoy, muchos de estos avances se encuentran amenazados por el Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Milei y su Ley Ómnibus enviada al Congreso”, sostuvieron desde la Campaña. Desde este espacio llamaron a seguir defendiendo las leyes conquistadas. Sus regionales se sumarán a participar de asambleas en todo el país para construir espacios multisectoriales y recuperar la participación popular.
“Denunciamos la vulneración de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos garantizados en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, en la ley 25.673 y en la ley 27.610 entre otras normativas”, remarcaron desde la organización.
Sobre las modificaciones a la ley de los Mil Días, expresaron que “pondría en cuestión el derecho al aborto al consagrar legislativamente el derecho del niño desde la concepción y del niño por nacer. Excluiría además las disidencias sexogenéricas al hablar de madres y no de personas gestantes e instauraría un estado de vigilancia policial sobre las personas gestantes de bajos recursos”.
Además, desde la Campaña se refirieron a la derogación de la ley 27.113 prevista por el DNU. Esta ley promueve la actividad de los laboratorios de producción pública. “La derogación afectaría a la producción de drogas como la mifepristona y el misoprostol (necesarias para la realización de abortos), la producción de anticonceptivos, e implicaría el aumento en el costo de los medicamentos que hoy se suministran en el sistema público de salud”, remarcaron.
Se refirieron también a la modificación de la ley 21.824, (de Contratos de Trabajo), que abre la posibilidad de acordar libremente con el empleador la fecha para el inicio de la licencia de embarazo. “Es una maniobra que haría retroceder la demanda instalada de ampliación de licencias maternales y parentales, y promovería la permanencia en el trabajo de las mujeres y personas gestantes aún a costa de su salud o la salud de su bebé”, sostuvieron.
