El presidente Javier Milei se prepara para hacer pasar la Ley Ómnibus, su principal caballito de batalla, en el Congreso y para eso endurece su postura con las provincias, luego de haber aplicado modificaciones a la letra: “hasta acá llegó el Gobierno”, alerta.
Desde la administración libertaria aseguran que cedieron todo lo que tenía para ceder y remarcan que debido a la eliminación del paquete fiscal, contemplado en el megaproyecto original, la meta de déficit fiscal se alcanzará de todas formas. “Hicimos cuentas, el déficit cero se va a alcanzar igual”, prometen.
A pesar del revelamiento realizado por la consultora Zuban Córdoba y asociados, que sostiene que un 58% de la población se muestra en desacuerdo con la idea de que el ajuste lo paguen las provincias, el Presidente jura y perjura que el recorte se aplicará a las partidas de los distintos distritos.
Una fuente del entorno del Presidente definió que las provincias «van a tener más urgencia” que la propia administración nacional, en consonancia con lo pregonado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien en conferencia de prensa anticipó que habrá “un ajuste mayor a las provincias”.
“Vamos a ajustar partidas que no estaban contempladas y que entendíamos que no era la mejor alternativa, pero estaba dentro las opciones que teníamos para actuar”, puntualizó Adorni, y agregó: “Se ajustará todo lo que se tenga que ajustar”.
La idea que tiene en estudio la gestión es que el ajuste a las partidas se concentre en la quita de subsidios a las tarifas, en la reducción presupuestaria en infraestructura y en la baja de planes. “El ajuste está en marcha. Todos los días hay algo nuevo”, grafican.
Desde el Gobierno están convencidos de que la oposición, incluida la dialoguista, quiere “frenar” la ley “por lo que sea”. “Ayer era el paquete fiscal, hoy son las facultades delegadas, después qué va a ser”, relatan funcionarios con despachos en Balcarce 50.
Los “recursos constitucionales” que evalúan para aplicar la megaley
Si bien el mandatario aspira a que el proyecto de ley siga su curso normal en el Parlamento, es decir, avance y se sancione, el “plan A”, como lo llaman, también baraja un plan B que contempla “salidas constitucionales” que le permitan aplicar las reformas.
“Después de este gesto debería salir”, sostienen colaboradores de Gobierno, aunque admiten que el plebiscito y la reforma vía DNU son algunas de las posibilidades en estudio. “Como última instancia el plebiscito es una posibilidad. Es un recurso constitucional”, precisaron.
Aunque la consulta popular directa es no vinculante, la intención es “exponer a los diputados ante la voluntad de la opinión pública”.
