Horacio Pietragalla Corti- Presidente de la Red Federal de Derechos Humanos
El lunes pasado, el Ministro de Justicia de la Nación Mariano Cúneo Libarona difundió un comunicado oficial que anunciaba paralización de la totalidad de los expedientes de leyes reparatorias de víctimas del terrorismo de Estado en trámite, justificando dicha decisión en la necesidad de realizar una auditoría.
En su escueto texto, el ministro vincula esta decisión con el desarrollo de la causa “Martínez Moreira, Adrián y otros s/ defraudación, falsificación de
documentos públicos y asociación ilícita”, que investiga a un grupo de personas actualmente procesadas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional. Lo que oculta Libarona es que estas maniobras criminales fueron señaladas justamente por víctimas del terrorismo de Estado, organismos y abogados/as querellantes de derechos humanos ya desde 2014. También omite que fue la gestión de la Secretaría de Derechos Humanos a mi cargo la que formalizó en la justicia la denuncia (y las pruebas) y se constituyó como querellante. El ministro utiliza un caso concreto, el de una banda de delincuentes que viene siendo denunciada desde hace muchos años, para echar mano al recurso del curro y lograr su verdadero objetivo: extender un manto de sospecha sobre todo el proceso de reparación. Y así dinamitarlo.
Es importante mencionar que el área de leyes reparatorias de la Secretaría de Derechos Humanos ha atravesado al menos dos procesos formales de auditoría, tanto por parte de la SIGEN, organismo externo al Ministerio (2016) como por la Unidad de Auditoría Interna (2021). Es la UAI la encargada del proceso de revisión actual, para lo cual el Ministro acaba de iniciar un proceso de búsqueda interna de abogadxs (¿se habrá quedado sin abogadxs porque los despidió a todxs?).
Es decir, los procesos de tramitación y otorgamiento de beneficios reparatorios fueron revisados en reiteradas oportunidades, ya que deben seguir determinados procedimientos establecidos por las normas que los crearon y los regulan, que establecen criterios procedimentales y probatorios para determinar cómo se resuelve cada caso. En estos criterios influyen tanto los fallos de la justicia en los procesos por delitos de lesa humanidad como una diversidad de dictámenes y resoluciones respaldatorios emitidos por organismos como la Corte Suprema de Justicia y la Procuración del Tesoro, entre otros, que van sentando jurisprudencia.
En ninguno de los casos mencionados fue necesario paralizar los expedientes para realizar las auditorías. Es importante recordar que la política de reparación de las víctimas en Argentina, que es una de las variadas formas del proceso de Memoria, Verdad y Justicia, es ejemplar en todo el mundo. Su aplicación fue explícitamente sugerida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, ante la presentación de un conjunto de víctimas en un contexto de impunidad, sostuvo en su Informe N° 28 de 1992 la recomendación de “que el Gobierno de Argentina otorgue a los
peticionarios una justa compensación por las violaciones de DDHH ocurridas durante la pasada dictadura militar”.
Esta política fue desarrollada desde la recuperación de nuestra democracia por gobiernos de distinto signo político. Fue, de hecho, durante el gobierno de Carlos Menem, sumamente admirado por el gobierno del cual el ministro es parte, que fueron sancionadas las leyes reparatorias “madre”,
dirigidas a personas que sufrieron la prisión política y a familiares de víctimas de desaparición forzada. Esto tiene que ver con una idea básica: el Estado argentino es el responsable de reparar aquellos delitos de lesa humanidad que cometió.
Ataques de este estilo a las políticas de derechos humanos –cada vez con más virulencia- no son nuevos ni llaman la atención en este contexto. La paralización de la política reparatoria hacia las víctimas del terrorismo de Estado, en su mayoría en edad avanzada, es impulsada por un gobierno que busca permanente atacar a las víctimas y deslegitimar sus reclamos para justificar el vaciamiento de las políticas públicas. Lejos de tener vocación para detectar irregularidades y potenciar una política pública con ímpetu y transparencia, lo que pretende es destruir la trayectoria de nuestro país en materia de reparación integral de estos crímenes y desandar el camino de justicia para los delitos de lesa humanidad del que la reparación de las víctimas es un eslabón fundamental.
De la misma manera que, frente al pedido de recursos para el funcionamiento de las universidades públicas, la respuesta fue el tándem curro – auditoría, este gobierno, que reivindica la dictadura y niega el terrorismo de Estado mientras entrega nuestra soberanía a pasos nunca vistos, intenta ensuciar una política pública ejemplar en el mundo con el objetivo de vaciarla, desfinanciarla o directamente clausurarla.
