El militante social Guillermo Piccolo fue liberado después de estar 24 días en prisión preventiva. La Fiscalía lo había acusado de ser uno de los responsables de resistir un desalojo en el barrio República de la Sexta y de impedir el inicio de obras de viviendas y una avenida planificadas por el gobierno provincial y la Municipalidad de Rosario. Le habían impuesto la prisión preventiva por 43 días, una medida que la defensa apeló. Este viernes en una audiencia en el nuevo Centro de Justicia Penal la defensora Matilde Bruera pidió a la jueza Carina Luratti que sea liberado. La abogada explicó que no había motivos para que esté detenido porque no había peligro de fuga. Para ella, los argumentos de la Fiscalía apuntaron a criminalizar y judicializar el derecho a la protesta.
El camino
Piccolo fue detenido el 14 de noviembre y lo imputaron por los delitos de entorpecimiento de transporte público, atentado a la autoridad agravado, incumplimiento de una orden judicial y resistencia a la autoridad. Lo llevaron a la cárcel de Piñero, lo que levantó el rechazo de organizaciones sociales y políticas de Rosario. La semana pasada el juez Hernán Posma le dio permiso para salir a trabajar en el Instituto Superior Politécnico, donde da clases, y pidió el traslado a un penal de Rosario. Durante esa audiencia los alumnos proyectaron un video explicando quién es su profesor y la importancia de sus clases.
Este viernes organizaciones sociales y políticas concentraron en el Centro de Justicia Penal para acompañar a Piccolo en la audiencia y pedir su liberación. La jueza Luratti escuchó el pedido de la defensa y el militante social salió en libertad a la espera del juicio. En diálogo con El Ciudadano, la defensora Bruera explicó que no había motivos para que estuviera detenido. “La prisión preventiva es una medida excepcional cuando hay peligro de fuga. En este caso pasa todo lo contrario. Piccolo no sólo vive, trabaja, da clases en Rosario y siempre estuvo dispuesto a ir a la Justicia, sino que su actividad militante es para defender la ciudad y a los vecinos y vecinas de un barrio. No hay motivos para que se vaya de la ciudad”, explicó.
Para Bruera, la causa contra Piccolo estuvo basada en un prejuicio de la Fiscalía sobre el derecho a la protesta social. “Cortar la calle o protestar frente a la Municipalidad son cosas que hace la gente porque no es escuchada. La Fiscalía reprocha el derecho a la protesta. Puede ser parte de un debate sobre lo que a uno le parece bien o mal, pero de ahí a considerar que los métodos de protesta son delitos es otra cosa”, explicó.
De fondo
El conflicto entre el grupo de vecinos del barrio Reública de la Sexta y los tres niveles del Estado tiene como trasfondo la reconversión urbana de este sector del macrocentro, donde desde este año se construyen nuevas casas y una avenida sobre la actual calle Beruti con una inversión de más de 1.500 millones de pesos. Para hacerlo necesitan relocalizar a varias familias. Muchas están en terrenos de Nación. Si bien la mayoría aceptó mudarse y seguirá en el mismo barrio, un grupo no quiere hacerlo.
“Cortar una calle no es delito, juntar gente para presentar un reclamo no es delito, que la gente se resista a que la desalojen no es un delito. Son derechos. La gente del barrio de La Sexta tiene derecho de años a vivir en ese lugar. El gobierno provincial tiene que sentarse a conversar, porque cuando las personas acuden a estas medidas es porque no son escuchadas en los circuitos institucionales. La solución no puede ser judicializar y criminalizar la protesta”, concluyó la defensora de Piccolo.
