Uno de los acusados por el femicidio de Micaela García, la joven militante asesinada en abril de 2017 a la salida de un boliche de la ciudad de Gualeguay por un agresor sexual que estaba en libertad condicional y que ya fue condenado a prisión perpetua, fue excarcelado por la Justicia entrerriana a pesar de que se espera la resolución de las presentaciones realizadas para que sea sometido a un nuevo juicio por ese hecho, informaron este lunes fuentes judiciales.
Se trata de Néstor Pavón, de 35 años, a quien la Sala 1 en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer) decidió por mayoría excarcelarlo y ordenó al Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay que disponga la caución que considere necesaria, entre ellas la posibilidad de que el condenado lleve alguna pulsera electrónica.
En tanto, Pavón permanecía este lunes por la tarde aún en su celda de la Unidad Penal 7, en la ciudad de Gualeguay, a la espera de que llegara la notificación del tribunal que actúa en el expediente.
La decisión de excarcelar a Pavón fue adoptada a pesar de que aún está pendiente que se resuelva un pedido de la Fiscalía y de la querella para que sea sometido a un nuevo juicio por el caso, ya que el primero, en el que había sido condenado a 5 años de cárcel por encubrimiento agravado, fue anulado por la Cámara de Casación de Paraná.
Entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga
La resolución, a la que tuvo acceso la agencia de noticias Télam, fue firmada este lunes por los jueces Miguel Ángel Giorgio, Mónica Mizawak (en disidencia) y Daniel Omar Carubia, tras un planteo del defensor público de Pavón, Gaspar Ignacio Reca, quien consideró que ya lleva cumplido 3 años y 4 meses de prisión, es decir, las dos terceras partes de la condena que fue anulada.
Si bien el fiscal Ignacio Talenta y el abogado Jorge Rubén Impini, representante de la querella, se negaron a la excarcelación y plantearon el peligro de fuga y el entorpecimiento a la investigación ante la posibilidad de que volviera a ser juzgado pero por un delito mucho más grave, los jueces del Stjer hicieron lugar al pedido de la defensa.
Para el juez Carubia, no existe «ningún riesgo procesal concreto ni se exponen razones que demuestren la posibilidad concreta» de que Pavón «puede entorpecer la investigación ya íntegramente realizada y con sentencias de mérito».
Además, consideró que «ya lleva en encarcelamiento preventivo un tiempo que superará el de su posibilidad de acceso a la libertad condicional si estuviese cumpliendo como condenado la pena impuesta –la cual está, además recurrida por su defensa–, con lo cual su situación cautelar se revela por el momento más gravosa que la de un efectivo cumplimiento de pena».
Por su parte, el magistrado Giorgio, adhirió al fundamento de su colega y consideró que «no parece razonable pensar a esta altura en una posible fuga o en una supuesta obstaculización de una investigación que ya ha concluido» y que la «prolongación indebida de la privación de libertad permitiría ya no hablar de un anticipo de pena sino lisa y llanamente de la imposición de una pena ilegal».
Finalmente, la jueza Mizawak, en voto minoritario, se opuso a la excarcelación de Pavón, aunque se mostró a favor de un arresto domiciliario, ya que esa medida «asegura suficientemente la ejecución de la sanción punitiva impuesta, en caso de que se confirme la condena dictada en su contra» en un próximo juicio.
A más de tres años del femicidio de Micaela, el Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos debe resolver aún un recurso de queja presentado por la defensa de Pavón para evitar el segundo juicio oral por el caso.
Es que en junio de 2019, la Cámara de Casación Penal de Paraná ratificó la prisión perpetua a Sebastián Wagner, de 31 años, como autor del crimen, pero anuló la sentencia de cinco años de cárcel que había recibido Pavón por encubrimiento, y ordenó la realización de un nuevo debate.
Casi un año más tarde, en agosto de este año, la misma Sala del Superior Tribunal anuló parcialmente el fallo de la Cámara de Casación Penal, que en 2019 confirmó la condena a prisión perpetua impuesta a Sebastián Wagner por el femicidio de Micaela y anuló la pena impuesta a Néstor Pavón, cinco años de cárcel por el delito de encubrimiento, y ordenó realizar un nuevo juicio.
Ante esto, la defensa de Pavón interpuso una impugnación extraordinaria, que fue desestimada, y luego un «recurso de queja» ante la Corte provincial.
Para la Fiscalía, en tanto, Pavón «no es culpable de encubrimiento sino que es coautor del femicidio», ya que «intervino con Wagner». Por ello, el fiscal de coordinación de Gualeguay, Gamal Taleb, y el querellante particular Jorge Rubén Impini, –en representación de Néstor García y Andrea Lezcano, los padres de Micaela– recurrieron al fallo de la Sala Penal del STJ ante la Suprema Corte de Justicia la Nación.
El femicidio
Micaela García, de 21 años, era una estudiante de Educación Física y militante del Movimiento Evita que fue secuestrada por Wagner el 1º de abril de 2017 cuando caminaba hacia su departamento luego de salir de un boliche en Gualeguay y su cuerpo fue hallado una semana después semienterrado cerca de la ruta nacional 12. El ex convicto la forzó a subir a su Renault 18, la llevó a un descampado donde la abusó y la asesinó. La autopsia determinó que esto ocurrió el mismo día de su desaparición. Wagner había sido recientemente liberado, con condicional por el juez Carlos Rossi.
El homicida era empleado de un lavadero de autos, cuyo dueño era Néstor Pavón. Durante el juicio oral donde Wagner fue condenado como autor y Pavón como encubridor. Para la Fiscalía quedó demostrado que sabía del crimen, que ayudó a su empleado a escapar a Buenos Aires, le dio dinero, limpió el auto en el cual habían trasladado a la víctima y luego intentó esconderlo de la Justicia.
Ley Micaela
Este femicidio generó un fuerte repudio en la sociedad y de las organizaciones de mujeres y sociales debido a que a Sebastián Wagner, el juez de Ejecución Penal de Gualeguaychú, Carlos Rossi le había otorgado la libertad condicional en medio de una condena por violar a dos mujeres, sin tener en cuenta los informes que advertían que el hombre debía continuar preso.
El magistrado logró sortear un jury de enjuiciamiento donde llegó cuestionado por su falta de perspectiva de género pero la lucha de los movimientos de mujeres y sociales continuó hasta la sanción en diciembre de 2018 de la llamada Ley Micaela.
También conocida como Ley de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado (N° 27499) establece la capacitación obligatoria en género y violencias contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación en la República Argentina.
