El secretario de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fuks, denunció que su antecesor Eugenio Burzaco utilizó una resolución sobre cyberpatrullaje que no fue publicada en el Boletín Oficial para que la Policía Federal detuviera gente por sus publicaciones en redes sociales.
Se trata de la resolución 31, firmada en 2018, que según el funcionario tiene 3 carillas y sirvió para relevar a 500 personas que asistirían a la cumbre del G20, en su mayoría periodistas. También se aplicó para 6 procesamientos y la detención de Nicolás Lucero, el joven que estuvo preso por un tuit que no fue del agrado del entonces presidente Mauricio Macri.
Fuks anunció la derogación de la enojosa norma que permitió espiar a potenciales opositores: «Con la resolución 144, se derogó la 31 y se planteó un sistema de vigilancia a través de «fuentes abiertas». Esto es, sólo sobre los perfiles visibles de usuarios, sin utilización de sistemas complejos con algoritmos para rastrear información privada sensible. El nuevo texto nació tras un largo proceso de debate con la participación de organizaciones de la sociedad civil y una bicameral de control que ya se reunió». Lo dijo durante una exposición ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.
Inercia
El espionaje de la anterior gestión presidencial sobre usuarios de redes sociales ya había saltado a la luz. Y las acciones del actual Ejecutivo también quedaron en entredicho. La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, admitió ante la misma Comisión parlamentaria el pasado 7 de abril que se desarrollaba «un cyberpatrullaje, o patrullaje en las redes» que permitía «detectar el humor social» para «trabajar en alertas tempranas».
La admisión le dio pie a la antecesora de Frederic, Patricia Bullrich, para contraatacar justo por izquierda y por Twitter: acusó de «espionaje» a la administración de Alberto Fernández y, cuando se estaban destapando las redes de vigilancia ilegal de Cambiemos, hablar de un «gravísimo delito» por parte del actual Ejecutivo.
La controversia obligó a Frederic a reconocer que no había usado una expresión poco feliz –»humor social»– y enfiló en otra dirección: una nueva resolución, con consultas a organizaciones como el Cels, Fopea, la Fundación Vía Libre y Amnistía Internacional, para resguardar los derechos de los usuarios de redes sociales y plataformas de internet.
El espionaje de la 31, y lo que dice la 144
La 144 fue publicada el 31 de mayo y crea un «Protocolo general para la prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas», que seguirá vigente sólo mientras dure la pandemia del coronavirus. La nueva resolución, explicó Fuks, incorporó recomendaciones de la resolución 1 de este año de la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la adaptó al marco local de la alteración del orden social por la pandemia.
La resolución 31 de Cambiemos fue secreta, porque la firmó el ex secretario de Seguridad Eugenio Burzaco. Se aplicó para 6 procesamientos y una detención. Fuks admitió que la Policía Federal la siguió usando bajo el actual gobierno, «hasta que la descubrimos», se atajó frente a los cuestionamientos opositores de Juntos para el Cambio.
Fuks prometió enviar a los legisladores toda la información sobre la aplicación de la nueva resolución 144 durante la actual gestión nacional, pero insistió en la comparación al señalar que la norma secreta dictada por su antecesor Burzaco «era un oscuro papel que nadie conocía claramente». Y repitió la justificación: «La Policía la usó hasta abril porque se mantuvo una lógica inercial».
Sólo en pandemia
El nuevo protocolo, explicó el funcionario ante la Comisión, se usó detectar delitos que se expandieron al calor del confinamiento para contener la pandemia. Mencionó las estafas, la venta irregular de material médico, la trata de personas, el terrorismo, el empleo de imágenes para grooming –acoso infantil– y abuso sexual y la venta de documentación apócrifa (por ejemplo, permisos de circulación). Fuks informó que la resolución 144 seguirá vigente hasta que el covid-19 esté contenido y no sean necesarias las medidas de aislamiento social.
La 144 se basa en los artículos 143 y 183 del Código Penal. «La tarea termina cuando empieza a actuar la Justicia», comparó Fuks. Agregó que se alcanza esa instancia «por sumatoria de información en redes abiertas y públicas» que justifican las sospechas de actos ilegales. Pero por el tratamiento de un tema, no de personas.
«Se trata de respetar los principios de legalidad, necesariedad y proporcionalidad, en caso de establecer un estado de excepción que justifique el grado de emergencia», explicó el funcionario, que asistió a la Comisión parlamentaria junto a la subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa del Ministerio de Seguridad, Silvia La Ruffa.
