La Justicia le otorgó ayer la libertad con restricciones a Juan Cabrera, dueño del local La Rosa, tras estar detenido dos semanas y media. Según decidió Alejandra Rodenas, titular del Juzgado de Instrucción Nº 2, el empresario tendrá que presentarse cada quince días en Tribunales, se le retuvo el pasaporte y se le prohíbe salir de la ciudad. También tendrá que pagar 30 mil pesos de fianza y se le solicitó que presente un garante personal. Además, la magistrada hizo tres remisiones de la causa: una a la Afip para que se considere toda posible evasión impositiva “que surja de las actuaciones porque existe en principio la apariencia de que hay dinero en negro en juego”, a la Justicia Federal para que investigue si hay presencia de trata de personas y a la Municipalidad de Rosario para que evalúe el tema de la clausura del local nocturno.
La jueza dijo que de la prueba colectada surge homogeneidad en las declaraciones de las mujeres que trabajaban en el lugar, quienes dijeron que el producido del día se dividía en partes iguales. También relató que había un monitoreo entre la whiskería y el hotel y esas filmaciones están siendo peritadas.
Otra fuente sostuvo que la investigación se va a seguir profundizando y se solicitaron nuevas medidas probatorias vinculadas a otras personas que podrían tener vinculación con el hecho.
Rodenas contó que el procesamiento del conocido Indio Blanco como se conoce a Cabrera, es por explotación económica y facilitación de la prostitución. “Lo que hay es el secuestro de una unidad de monitoreo que existía y que conectaba, a través de imágenes, el desarrollo de la actividad entre la whiskería y el hotel. Esas imágenes no han sido desgrabadas, lo que sí es cierto es que el resultado de la pericia informática que se hizo con personal de la Unidad Regional II da cuenta de la instalación de cámaras en determinados lugares de ambos espacios. Ese material fílmico está secuestrado y va a ser sometido a una desgrabación”, comentó.
La jueza recordó que a raíz de la Ley de Trata que se sancionó en diciembre del año pasado se elevaron las penas que se preveían antiguamente en el Código Penal y en el caso de este delito prevé una sanción de cuatro a seis años de prisión efectiva. “Al ser efectivo no le cabe la excarcelación y por eso el abogado tuvo que recurrir a esta medida sustitutiva que prevé la legislación procesal de Santa Fe, que es una manera alternativa de recuperar la libertad y por la cual se dieron todas las condiciones para que cesara su detención”, explicó.
“Estas medidas sustitutivas tienen la particularidad de ser libertades con restricciones. En este caso yo le fijé una fianza abultada en efectivo, la prohibición de salir de la ciudad, la existencia de un garante personal y la comparecencia ante el Tribunal cada quince días”, añadió.
“Lo que pasa es que acá hay una cuestión de competencia, eso es importante aclararlo. Yo en la parte resolutiva del procesamiento hago tres remisiones: una a la Afip para que se considere toda posible evasión impositiva que surja de las actuaciones porque obviamente había en principio la apariencia que había dinero en negro que se manejaba, al juzgado federal por el tema de trata porque nosotros no tenemos competencia con ese tema y a la Municipalidad de Rosario para que evalúe el tema de la clausura. Esta investigación se inició en agosto del año pasado o sea que llegamos a este punto después de una investigación que nos llevó más de ocho meses”, destacó.
Por su parte, el abogado de Cabrera, Paul Krupnik, dijo que le parecía “bien” que su cliente recuperara la libertad”. “Lo que lamento es que se haya demorado el trámite. Que esté afuera es lo que corresponde. Él está bien, tranquilo. En principio ahora el tema es ver si esta causa es elevada a juicio. Lo que nosotros vamos a analizar ahora, y tenemos tiempo hasta el viernes, es si presentamos una apelación. Es importante aclarar que esta resolución no significa que lo que se investiga haya sido confirmado, es algo meramente probabilístico, lo que habilita es a la sustanciación de un juicio pero de ninguna manera acredita culpabilidad”, remarcó.
“Otro tema que es cierto es que cuando comenzó esta investigación, en agosto de 2012, los delitos que se investigan no existían como tales tras los cambios a fines del año pasado. Hay que ver si no es aplicable la retroactividad de la ley cuando era más benigna. Estas son cuestiones a evaluar y que vamos a plantear en el momento oportuno”, concluyó.
