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Lifschitz desobliga el jueves a las empleadas santafesinas

La medida está oficializada en un decreto firmado por el gobernador Lifschitz. Quedan exceptuadas las agentes que se desempeñen en áreas de servicios esenciales, como salud y seguridad

El gobierno santafesino adhirió al Día Internacional de la Mujer, reivindicó sus propias políticas de género y mediante un decreto decidió desobligar a las empleadas del Estado provincial de sus tareas durante la jornada del jueves 8 para que puedan concurrir a las marchas programadas en cada localidad. El texto aclara que la medida excluye quienes trabajan en áreas que garantizan servicios esenciales, como salud y seguridad

Lifschitz firmó el decreto 0366 que dispone, «en atención a la dimensión y trascendencia pública que este año toman las manifestaciones y acontecimientos que llevará a cabo el movimiento de mujeres durante ese día», desafectar a las agentes provinciales de sus tareas habituales  para «facilitar su participación en las distintas actividades organizadas, con excepción de aquellas que garantizan servicios esenciales y seguridad pública».

El documento recuerda que el 8 de marzo fue institucionalizado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en 1975. Agrega que la fecha se transformó en «punto de convergencia de actividades coordinadas por el diverso movimiento que las expresa (a las mujeres) a nivel global, a favor de los derechos de la mujer y su participación en la vida social, política y económica».

La Casa Gris abunda en destacar el «aporte de las mujeres al desarrollo de la economía, al cumplimiento de los fines del Estado, a la educación, al sostenimiento de la vida y a la preservación de la salud, entre tantas otras acciones individuales y colectivas que cumplen diariamente».

Por último, Lifschitz aprovecha la oficialización de la medida para rescatar las «políticas públicas activas (de su gestión) en la búsqueda constante de construir igualdad de derechos y oportunidades» de las mujeres. Y en lo mismo fundamenta «como necesario adherir (a la jornada) y desobligar de sus tareas a todas las agentes de la administración pública provincial, con excepción de aquellas afectadas a garantizar los servicios esenciales y la seguridad pública».

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