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Lifschitz dijo que los gobernadores evalúan ir a la Corte ante quita de recursos

Gobernadores opositores al gobierno nacional lanzaron un documento donde solicitan retrotraer las medidas económicas anunciadas la semana pasada vinculadas al congelamiento de los combustibles, el IVA y Ganancias, ya que repercuten en menos fondos coparticipables destinados a las provincias

El gobernador de la provincia Miguel Lifschitz participó este miércoles de la reunión de mandatarios provinciales opositores al gobierno nacional de Mauricio Macri, que rechazan «la quita de recursos a las provincias argentinas» que generan las medidas pos electorales de Cambiemos. El dirigente socialista anticipó que el próximo lunes presentarán un amparo ante la Corte Suprema ya que consideran «inconstitucional» que «recursos presupuestados que provienen de la coparticipación» sean «reducidos o afectados de manera unilateral».

De esta manera, los gobernadores peronistas y de partidos provinciales consensuaron un documento donde solicitan al gobierno nacional que retrotraiga las medidas económicas anunciadas la semana pasada vinculadas al congelamiento de los combustibles, el IVA y Ganancias, ya que repercuten en menos fondos coparticipables destinados a las jurisdicciones provinciales.

Lifschitz participó en la ciudad de Buenos Aires de la reunión que se realizó en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) al que asistieron los primeros mandatarios de varias provincias argentinas. «Llegamos con muchísima preocupación, al igual que el resto de los gobernadores, porque en los últimos meses, la situación de las provincias se viene deteriorando por la caída de la recaudación, la situación social y económica, la pérdida del empleo y el aumento de la pobreza», indicó Lifschitz.

“Hay una coincidencia de todos los gobernadores de rechazar la quita de recursos a las provincias argentinas. Entendemos que eso es inconstitucional porque se están afectando recursos presupuestados de todas las provincias, que provienen de la coparticipación y que no pueden ser reducidos ni afectados de manera unilateral por parte del gobierno nacional sino que requerirían de un acuerdo con las provincias y un tratamiento legislativo”.

“Es por esto que vamos a exigir judicialmente, en una acción conjunta que se llevará adelante el próximo lunes, solicitarle a la Corte Suprema de Nación una medida de amparo para proteger los recursos de los gobiernos provinciales que son indispensables para garantizar los servicios fundamentales a cargo de las distintas provincias”, añadió Lifschitz.

“Por otro lado, coincidimos en que si no hay una medida de reparación del gobierno nacional en relación a los recursos de las provincias, todas estarían en situación crítica para poder resolver la situación financiera de aquí a fin de año. En el caso de Santa Fe, representa alrededor de 4 mil millones de pesos de pérdida de aquí a diciembre, una cifra enorme muy difícil de absorber en un presupuesto que no preveía de ninguna manera esa situación», agregó Lifschitz.

“Había mucho disgusto entre los gobernadores porque siempre que el gobierno nacional ha querido tomar medidas complejas ha convocado a los gobernadores para buscar puntos de equilibrio y acuerdo mientras que en esta oportunidad se ha cortado solo de manera absolutamente inconsulta y perjudicando de manera sustancial al conjunto de las provincias Argentinas”, agregó.

Finalmente, Lifschitz sugirió que “una alternativa podría ser que lo que se va a recaudar de más por retención a las exportaciones, debido al tipo de cambio actual, se distribuya entre las provincias».

Por su parte, el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey sostuvo: «Hemos acordado un documento común donde solicitamos al gobierno nacional que se retrotraigan las medidas anunciadas». «Seguimos dispuestos al diálogo y queremos que los recursos de cada una de las provincias sea respetado por el gobierno nacional», dijo.

En tanto, el mandatario misionero Hugo Passalacqua amplió: «No vinimos a patalear sino a buscar soluciones» y planteó también que la defensa de los recursos de los provincianos se produce porque sino «estaríamos incurriendo en incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos».

El documento

El documento establece que los mandatarios provinciales «no» están «en contra de las medidas» pero que fueron resueltas «en forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos para afrontarlas».

«Nos hace compartir esos costos fiscales al no disponerse con ellas las compensaciones necesarias a las provincias generando un despojo de nuestros recursos y colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento», indica el texto.

Agrega que el gobierno nacional «no puede disponer inconstitucionalmente» de esos recursos y que las juridicciones están en «grave peligro de no poder afrontar los gastos corrientes» lo que amenazará con «la paz social» por las «malas políticas económicas y financieras de las que las provincias no tenemos ninguna responsabilidad».

Califican además de «arbitraria y perjudicial» las medidas y sostienen que dejan a las provincias al borde de una «crisis» que las obligaría a tomar acciones de tipo «excepcional» lo que «agravaría la situación del país».

 

Mandatarios presentes

Participaron del encuentro los gobernadores de Santiago del Estero, Claudia Ledesma Abdala; Tierra del Fuego, Gustavo Melella; Tucumán, José Manzur; Río Negro, Alberto Weretilneck; San Luis, Alberto Rodríguez Saa; La Rioja, Sergio Casas; Córdoba, Juan Schiaretti; La Pampa, Carlos Verna; Formosa, Gildo Insfrán; Chaco, Domingo Peppo; Entre Ríos, Gustavo Bordet; Santa Cruz, Alicia Kirchner; Misiones, Hugo Passalacqua; Catamarca, Lucía Corpacci; San Juan, Sergio Uñac; Salta, Juan Manuel Urtubey; y Chubut, Mariano Arcioni.

Los gobernadores reaccionaron, de esta manera, al paquete de medidas económicas que lanzó el gobierno nacional luego de perder las Paso del 11 de agosto. Los ministros de Economía de las provincias elaboraron un informe en el que aseguraron que la devolución de Ganancias y la bonificación del Monotributo planteada por Cambiemos implicaría un costo para las provincias en impuestos coparticipables y asignación específica que alcanzaría los 51.800 millones de pesos, además de ATN, Afip, Nación y Seguridad Social.

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