En un nuevo paso hacia la reforma constitucional, el gobernador Miguel Lifschitz recibirá este martes a los presidentes de los partidos políticos con representación parlamentaria. El encuentro será a las 17.30 en sede de la Gobernación en Rosario y fueron convocadas las autoridades del socialismo, la UCR, el PJ, el PRO y el Frente Social y Popular.
Las fuerzas de la oposición, que tienen los votos necesarios para aprobar en la Legislatura la necesidad de la reforma de la Constitución provincial, venían pidiendo mayores precisiones al gobernador sobre el alcance y los contenidos a debatir. En la reunión, Lifschitz les entregará un borrador del proyecto que enviará la semana próxima a la Legislatura santafesina.
El borrador elaborado por el Ejecutivo, luego de un año y medio de consultas a través del programa Bases para la Reforma, es amplio y alcanza a todas las secciones de la Carta Magna vigente desde 1962.
En primer lugar, el proyecto plantea la incorporación con rango constitucional de las convenciones internacionales ratificadas por la Argentina en la reforma de 1994. También se propone reformar el artículo 3 para establecer la neutralidad religiosa del Estado provincial.
Otro de los puntos que el gobierno quiere incorporar en la nueva Constitución es el juicio por jurados en materia penal (actualmente hay un proyecto de ley en ese sentido en la Cámara de Diputados).
Además, se plantea “ampliar el derecho a la salud” y eliminar del texto constitucional todas las referencias al trabajo infantil. En otro punto, se establece que las jubilaciones y pensiones de los trabajadores del sector público seguirán bajo la órbita de la Caja de Jubilaciones de la provincia con “carácter intransferible”.
La reforma política
Uno de los temas centrales de la reforma es la actualización del sistema político provincial. Por un lado, se buscan incorporar “principios democráticos tales como la intransferibilidad del voto, el derecho al sufragio activo de los extranjeros con residencia, la eliminación del requisito de tener 18 años para ser elector, el establecimiento de un tribunal electoral independiente, permanente y con fuero propio y el requisito de contar con mayorías legislativas especiales para la aprobación de normas en materia de partidos políticos y sistema electoral”.
Otro de los cambios que propone el gobierno de Lifschitz refiere a la composición de la Cámara de Diputados. La Constitución de 1962 le otorga una mayoría de 28 bancas al partido que gana esa elección, aunque haya sido por un voto, y reparte las 22 bancas restantes entre el resto de las fuerzas políticas según el sistema D’Hondt (proporcional a la cantidad de votos). De esa manera, la Carta Magna le aseguraba –en tiempos de boleta sábana– la mayoría de los diputados al partido de gobierno. Con las últimas reformas electorales y el sistema de boleta única, eso ya no ocurre en forma lineal. La idea es dejar de lado la mayoría automática de 28 diputados y repartir las 50 bancas a través del sistema D’Hondt.
Además, el borrador que Lifschitz distribuirá entre las autoridades partidarias ratifica su intención de limitar a un solo período la reelección de los cargos de diputado, senador, intendente, concejales y autoridades comunales (hoy todos esos cargos tienen reelección indefinida, y agregar la reelección del gobernador, algo que hoy no está permitido por la Constitución vigente. Ese será uno de los puntos que generarán mayor discusión política, ya que el propio gobernador admitió a principios de año su voluntad de competir por un nuevo mandato y antes se reforma la Carta Magna.
Otra idea del Ejecutivo es incorporar dentro de la reforma la paridad de género. También darle participación a la Asamblea Legislativa en la designación del jefe de la Policía provincial y establecer el balotaje en la elección de gobernador y vice.
Reforma judicial
El proyecto también pretende “adecuar los institutos del indulto y la conmutación de penas conforme a la Constitución Nacional” de 1994, deroga la inamovilidad de los jueces, del procurador general de la Corte, fiscales y defensores “estableciéndose el cese automático” una vez alcanzada la edad que se determine en el debate.
