El gobernador Miguel Lifschitz presidió este martes la 10ª Asamblea Plenaria del Consejo Económico y Social (CEyS) que se realizó en la Casa de Gobierno de la provincia de Santa Fe, en la que el tema principal fue el “Análisis de la propuesta de Consenso Fiscal del Gobierno Nacional y la Ley de Presupuesto Provincial”.
Lifschitz abrió la asamblea asegurando que “el Presupuesto es muy similar a los que han caracterizado a nuestra gestión, con una fuerte inversión en obra pública y en educación, que sigue siendo el área priorizada, mientras el área de seguridad ocupa el segundo lugar y tercero, salud. La estructura general del gasto no tiene grandes modificaciones”.
Sobre el consenso fiscal, expresó que “el gobierno nacional entregó un documento que contenía cuestiones vinculadas a la coparticipación y tributarias. Era un documento difícil de digerir para las provincias, porque resolvía algunas cuestiones preocupantes como el reclamo de Buenos Aires respecto al Fondo del Conurbano”.
“De las consultas que hicimos con otros gobernadores, había una opinión generalizada de discutir el documento, algunos con una predisposición marcada para aprobarlo; y con algunos tratamos de coincidir en puntos para modificar el documento original, con la idea de sacar el mejor acuerdo para las provincias y en particular para Santa Fe”.
Lifschitz indicó que “esto llevó dos jornadas intensas de discusiones que permitieron mejorar la situación y la redacción de un conjunto de puntos, y en nuestro caso particular, ponerle un plazo perentorio al tema de la devolución de la deuda, que sigue sin resolverse definitivamente”.
“En el proyecto original se le pedía a todas las provincias que renunciaran a todas sus demandas, incluyendo las que tenían fallos firmes de la Corte Suprema de Justicia” y agregó que “fuimos de las provincias que más aportamos para, hasta donde hubo consenso, modificar muchos puntos de ese acuerdo y, finalmente, condicionamos nuestro apoyo positivo a que se incorporara esa última cláusula que tenía que ver con la deuda de coparticipación”.
“Respecto del monto de la deuda, el acumulado histórico sin ningún tipo de actualización es de 23 mil millones de pesos. Podemos discutir con qué tasa se actualiza y el plan de pagos”, explicó Lifschitz, y destacó que en el acuerdo “no aceptamos ningún tipo de condicionamiento ni respecto de nuestro régimen de jubilaciones, del funcionamiento de nuestra Caja y de los municipios. Todo lo que se plantea al respecto es indicativo; nosotros respetamos la autonomía municipal aunque no la tengamos contemplada en nuestra Constitución”.
«Desde el gobierno provincial tomamos la decisión de incorporarnos al acuerdo porque entendíamos que los costos de no hacerlo eran mayores que los eventuales costos de hacerlo, teniendo en cuenta que el acuerdo se firmaba igual porque había una amplia mayoría de las provincias que estaban de acuerdo y esto determinaba la viabilidad del mismo”, concluyó.
