Miguel Lifschitz dejó en claro que quienes quieran pasarse del Frente Progresista a Cambiemos pueden hacerlo, pero que si quieren quedarse también pueden hacerlo. No será él quien los eche, al menos no ahora. Y si en algún momento hay que echar lo hará él y cuando él lo decida.
Esa sería la conclusión tras la desautorización pública al vicegobernador Carlos Fascendini después de que, en alusión a la participación de radicales en el lanzamiento de la mesa santafesina de Cambiemos, el de Esperanza dijera que “toda la banda de (el intendente de Santa Fe) José Corral y de (el diputado nacional) Mario Barletta debería dejar los lugares que está ocupando en el gobierno provincial antes de que los echen…Que los echemos”.
Los radicales santafesinos están enrollados en una interna que se pone más caliente en la medida que el gobierno nacional la azuza. Por momentos consigue meter ruido en el patio trasero del gobierno provincial, como ocurrió en esta oportunidad. Por eso Lifschitz salió a poner orden, aún a costo de desautorizar al vicegobernador y al sector radical al que pertenece, el aliado más fiel en esta etapa del Frente Progresista.
Como líder de un proyecto político, el gobernador está obligado a mirar más allá. Empujar radicales a la oposición lisa y llana sería sumarle problemas a Mónica Fein. Y en la capital provincial, entregar al intendente José Corral definitivamente a los brazos de Macri abriría una guerra en esa ciudad que no le sirve a ninguno de los dos.
La mirada de Fascendini, los senadores radicales y el resto del grupo NEO es otra. Entienden que los que coquetean con Macri tienen que irse ya.
El socialismo, por el contrario, se esfuerza por contener a todo el radicalismo todo el tiempo que pueda, hasta que los que quieran irse se vayan sin que los echen o que la agudización de las contradicciones vuelva insostenible la convivencia. El precio a pagar en ese trayecto es comerse el orgullo más de un vez.
Cerró una semana crítica en materia de seguridad pública, con el tipo de crímenes de mayor impacto social: en ocasión de robo y enfrentamiento de bandas que disputan territorio narco.
Entre las cosas que funcionan mal está la Policía. Implícitamente lo admite el ministro Pullaro al designar el tercer jefe de Policía en ocho meses. El comisario Amaya le puso la vara alta al ministro: dijo que para garantizar la seguridad de Rosario tiene 120 patrulleros y necesitaría 200. Es decir unos 80 móviles y unos 400 agentes más. Hace dos años, cuando había entre 40 y 60 autos la meta era tener 100. Vivo Amaya: su primera tarea como nuevo jefe fue preparar su salida.
También en la Justicia hay problemas. En la urgencia el ministro Pullaro recurrió a una afirmación efectista. Le echó la culpa a “jueces garantistas” que ponen condenas bajas. Y su par de Justicia promueve limitaciones a los juicios abreviados y llamó “a modificar los criterios de interpretación” de los jueces “de que las penas no sirven para nada, no son reparadoras”.
No fueron declaraciones a la bartola, sino lo que piensa el gobierno y un giro en relación a las anteriores administraciones del Frente. Repercutió en Tribunales como quien patea un hormiguero. Jueces enojados fatigaron teléfonos celulares. Finalmente se decidió que la respuesta sería gremial, a través del Colegio de Magistrados, que al cierre de esta edición pulía una ácida respuesta para Pullaro y Silberstein.
El funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación, organismo que dirige las investigaciones y promueve imputaciones, está bajo la lupa. Ahora tiene suficientes fiscales, pero su efectividad y rigor siguen bajo cuestionamiento.
Qué decir del Servicio Público de la Defensa, la otra pata del sistema destinada a garantizar que el Estado no vulnere derechos ni abusos de los acusados en el proceso penal.
Su cabeza, el defensor general Gabriel Ganón, un funcionario inquieto, activo, enrolado en una línea ideológica progresista, se desenvolvió pésimamente como funcionario público. Embarcó a la Defensoría en un roce institucional ajeno a la controversia de los procesos penales y en varios casos apareció de ambos lados, el de los acusados y el de los acusadores. No es difícil verificar, por dónde pone el acento, que en más de una oportunidad lo motiva la inquina mutua que mantienen con otros hombres de la Justicia y el gobierno. Esto no niega que parte de sus señalamientos sean ciertos.
Lo esencial de la Defensoría es defender derechos y garantías de los acusados, por más que luego se puedan hacer interpretaciones más amplias. Si lo primordial pasa a ser disputar víctimas con potencial mediático y político, puede ocurrir que los resultados sean el desastre en el que está el caso de Pichón Escobar, donde el fuero federal que se pedía que intervenga sobreseyó a todos los acusados tras haber pasado un año tras las rejas. La mala instrucción no fue responsabilidad de la Defensoría, pero justamente llevó a la privación de libertad de personas declaradas inocentes.
El gobierno presentará mañana la reforma constitucional, para lo cual terminó el viernes la ronda de consultas con los partidos políticos con representación parlamentaria y sumará a otras fuerzas que pidieron pista, como el Frente Renovador.
Para avanzar en la reforma es determinante la posición de los justicialistas por el peso que tienen en las cámaras legislativas. La conducción partidaria ya no tiene el no a flor de labio como en otras ocasiones, pero tampoco el sí. Una próxima reunión del Consejo provincial comenzará a definir postura. Luego seguiraá una trabajosa negociación.
El gobierno pretende llegar a fin de año con la ley de reforma aprobada. Quiere avanzar con lo que haya acuerdo y dejar el resto para más adelante.
De todos modos, el principal desafío es el consenso social. El gobierno planea trabajar a fondo ese frente, y luego la realidad dirá lo suyo.
