El gobernador Miguel Lifschitz se reunió ayer con ministros, legisladores y fiscales en la Sede de Gobernación en el marco de la Junta Provincial de Seguridad –organismo que se creó a principios de este año– para profundizar temas que ya se vienen tratando y acelerar un paquete de proyectos de ley, “y de esa manera, poder brindarles más herramientas y estructura a los fiscales y a la Justicia”.
“En esta reunión abordamos la situación de la coyuntura reforzando algunos temas y dándole otra dinámica y velocidad. También repasamos una serie de proyectos que están en la Legislatura y otros que el Ministerio de Justicia estará presentando en la próxima semana. Todos tienen el mismo sentido, darle más fortaleza al Ministerio Público de la Acusación, más herramientas jurídicas, más recursos, más personal y más estructura. Esperamos un rápido tratamiento, ése fue el compromiso de los legisladores. También informé a los legisladores los resultados de la reunión (que Lifschitz mantuvo el martes pasado junto con la intendenta Mónica Fein en Buenos Aires) con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, de cómo estamos avanzando con el tema de la seguridad”, detalló el gobernador.
Lifschitz expuso que la semana pasada tuvo una reunión con la procuradora general de la Nación, Alejandra Gills Carbó, con quien acordaron reforzar la estructura de fiscales en la provincia y en particular los abocados a las cuestiones del narcotráfico en la ciudad.
En ese marco, especificó que en los próximos días se firmará un convenio para crear la oficina de la Procuraduría de la Narcocriminalidad (Procunar): “Nosotros haríamos el aporte del espacio físico y algunos elementos técnicos para que se puedan desempeñar. Todo es positivo y nos va a ayudar en la lucha contra el narcotráfico. También vendrá un fiscal con mucha trayectoria, que actualmente está a cargo de la causa Amia a nivel nacional”, resaltó el gobernador.
Lifschitz especificó que otra de las leyes que tendría que sancionarse es la de extinción de dominio, es decir, el ingreso al erario público de los bienes provenientes del narcotráfico, de operaciones ilícitas, y posesiones de organizaciones delictivas obtenidas ilegalmente. Y también que se modifique el régimen de licencias y carpetas médicas del personal policial, “ya que sería clave porque permitiría resolver más rápido ese tipo de situaciones; además de reducir la cantidad de personal que hoy está desafectado de sus tareas”, explicó.
“Estamos trabajando para que la semana próxima tengamos una propuesta más integral para ofrecerles a los santafesinos. Todo el país está en declaración de emergencia por el tema de seguridad, la provincia tiene una ley de emergencia desde hace dos años”, recordó.
Lifschitz reconoció y resaltó la “actitud constructiva” de todos los bloques de la Legislatura provincial, y de los diferentes poderes del Estado, además de los “buenos términos” de las relaciones con el gobierno nacional.
“Me siento acompañado. Siempre hay algunos que pícaramente tratan de especular, pero son los menos. El grueso de las fuerzas políticas y los dirigentes demostraron una madurez importante, tenemos un diálogo permanente. Si leemos bien el mensaje de la ciudadanía (refiriéndose a la multitudinaria marcha por la inseguridad), fue un mensaje donde nos piden a todos, en la medida de sus responsabilidades, que dejemos todo de lado para abordar el problema de la inseguridad seriamente, sin especular, sin doble discurso, sino haciendo las cosas que hay que hacer y rápido”, concluyó Lifschitz.
De la reunión también participaron el vicegobernador Carlos Fascendini; los ministros de Gobierno, Pablo Farías; de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y de Justicia, Ricardo Silberstein, así como el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereyra, y el jefe de Policía de la provincia, José Luis Amaya.
Además, estuvieron el senador provincial Armando Traferri y los diputados Rubén Galassi, Victoria Tejeda, Carlos Del Frade y Raúl Fernández, en representación del Legislativo; el procurador General de la Corte, Jorge Barraguirre; el fiscal General del MPA, Julio de Olazábal, y los fiscales regionales Jorge Nessier (Santa Fe), Jorge Baclini (Rosario), Alejandro Sinópoli (Venado Tuerto), y Carlos Arietti (Rafaela).
Menos de la mitad de los fiscales necesarios
“El resultado de la reunión fue lograr coordinar los esfuerzos para la seguridad. Desde mi perspectiva fue muy interesante lo que se pudo hablar con los legisladores que estaban presentes para las leyes que son necesarias para enfrentar este problema y que se logre consensuar en comisiones y tratarlas rápidamente”, expresó Julio de Olazábal, fiscal general de la provincia.
De Olazábal subrayó que realizaron reclamos permanentes desde el Ministerio Público de la Acusación para la creación de más fiscalías, para la investigación y juzgamiento de delitos. “A nivel internacional se recomienda una proporción de 8 a 9 fiscales cada 100 mil habitantes. En Santa Fe estamos como una proporción de 3,5 fiscales cada 100 mil personas. Esto hace que los fiscales estén trabajando al tope y no puedan avanzar sobre otros campos”, repitió.
Y concluyó tras el anuncio de Lifschitz sobre la inminente puesta en marcha del Organismo de Investigaciones (policía judicial): “No es lo mismo cuidar la seguridad en la calle que saber de investigación, son dos cosas diferentes. Se tienen que crear dos alas, una científica y otra de investigaciones; eso les daría más autonomía a los fiscales para decidir qué y cómo se investiga, además de contar con profesionales del área de medicina, bioquímica, levantamiento de huellas de rastros, todo lo que se estudia en las facultades de criminalística. El que esté a cargo de estudiar el cadáver no puede realizar cuestiones civiles. Son áreas que no requieren de presupuestos exorbitantes”.
SANTA FE SANGRA
En la capital provincial también habrá una marcha contra la inseguridad. Será el jueves 8 de septiembre y es convocada por familiares de vecinos asesinados, bajo el lema #SantaFeSangra. La concentración se realizará en la plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno y los Tribunales de Santa Fe. Las familias que convocan a la protesta estuvieron en contacto con los organizadores de la marcha realizada el jueves 25 de agosto en Rosario.
