El cambio de gobierno nacional implica una cuota de incertidumbre sobre cómo se desenvolverá la economía en 2016. La única certeza es que el actual rumbo requiere modificaciones, que serán más o menos bruscas, pero la situación del Banco Central llegó a un límite y el actual esquema de financiamiento del sector público nacional necesita alternativas, entre otras dificultades.
Santa Fe en ese sentido no escapa al común de los Estados subnacionales, aunque la tiene algo más fácil por pertenecer al puñado de cuatro o cinco provincias con bajo endeudamiento y déficit aceptable en relación a los recursos que maneja.
Sin embargo, parte de ese panorama fue llevando a la subejecución de obras públicas (2015 fue una excepción) y mantenimiento. Esto último se evidencia en el estado de las rutas y comienza a verse en las escuelas, donde después de ocho años afloran reclamos por problemas edilicios.
La esperanza de acordar con el futuro gobierno nacional una solución a los descuentos de coparticipación y al déficit de la Caja está viva, pero depende de innumerables variables políticas y económicas. Ante este panorama, hay media docena de alternativas aprobadas o en estudio para conseguir más recursos.
1-Déficit. El futuro gobierno ya tiene a disposición herramientas para financiar los 2 mil millones que estaban faltando para el pago de salarios, aguinaldo, proveedores, servicios de 2015. Originalmente el presupuesto autorizaba 400 millones en emisión de letras, cheques de pago diferido o pagarés, pero el año electoral demandó más oxígeno. La emisión de letras es una herramienta a la que muchas provincias recurrieron en los últimos años; Santa Fe lo evitó por considerarlo más caro que el resto. Conceptualmente no es endeudamiento, lo que se toma se esteriliza en el mismo ejercicio económico. Ocurre que si todos los años se renueva, en la práctica pasa a ser una bicicleta de la que es difícil bajarse, como ya le ocurre a notables provincias.
2-Créditos, obras, largo plazo. Si en algún momento se abriera para el país la posibilidad de tomar recursos internacionales a mayor ritmo que el actual, Santa Fe larga en el lote de las primeras para rutas, hospitales, acueductos, redes de gas y escuelas. En ese sentido, semanas atrás en la Casa Gris se celebró la recalificación de la deuda a una nota más alta que sólo comparte ciudad de Buenos Aires. El nivel de recursos comprometidos es bajo y los pagos están al día.
De abrirse esa posibilidad, Lifschitz sentó en el Ministerio de Economía a la persona adecuada, ya que Gonzalo Saglione, como miembro del equipo de Ángel Sciara, conoce en detalle el terreno, las formas y está en condiciones de usufructuar más de una década de contactos con los centros de crédito multilateral, primero desde la Municipalidad y desde 2007 en la provincia. En ambos casos se encargó de la exploración, tramitación y seguimiento de líneas posibles, desde el BID y el Banco Mundial, hasta el Fondo Kuwaití y la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
3-Presupuesto. En cuanto a los recursos regulares, la semana próxima la Casa Gris ingresará el proyecto de Presupuesto 2016. Según las fuentes consultadas no habrá grandes modificaciones tributarias, aunque sí contempla la “actualización inflacionaria” del impuesto Inmobiliario en sus versiones urbano y rural. En el Ministerio de Economía prefirieron no dar detalles y pidieron esperar hasta el anuncio que harán en conjunto ministros saliente y entrante en días más.
4-Tarifas. También habrá incrementos en tarifas de electricidad y agua y cloacas. En el primer caso una posibilidad es que el decreto lleve la firma del actual gobernador. En el segundo necesariamente quedará para Lifschitz, ya que requiere audiencias públicas y dictamen del ente regulador. El esquema intentará repetir la línea de trabajo actual: que la tarifa solvente lo más posible la prestación del servicio y que el subsidio estatal vaya a infraestructura.
5-Tasa Vial. La tercera vía de financiamiento sorprendió a propios y extraños, se negocia al margen del proyecto de Presupuesto y tiene como epicentro la Legislatura. Lifschitz resucitó la idea de cobrar una Tasa Vial por cada litro de combustible. Mantuvo conversaciones con sus pares del Senado y apuesta a esos ingresos para concretar el shock de inversión en las castigadas rutas provinciales que prometió en la campaña.
La iniciativa levanta polémica aquí, en Córdoba donde se aplica hace varios años y en otras provincias que lo tienen en carpeta. Es más, su constitucionalidad todavía está en discusión. Las organizaciones de transportistas son las primeras que se declararon en pie de guerra.
6-Ingresos Brutos. Surgió en la Legislatura una inesperada iniciativa para gravar con el impuesto a los Ingresos Brutos a los gigantes del negocio agroexportador, que no sólo exportan, sino que también acopian e industrializan materia prima.
El ex gobernador Hermes Binner lo propuso en 2008 en el marco de una amplia reforma tributaria que la oposición bloqueó. En 2012, Bonfatti impulsó una reforma menos ambiciosa y más realista porque atendía las desfavorables relaciones de fuerza con las que batallaba en la Legislatura. Renunció a promover la grabación de esa actividad, pero no sólo por la resistencia de la mayoría de los diputados y senadores del justicialismo, sino porque también en el frente interno tenía radicales en desacuerdo.
La novedad ahora es que el proyecto lleva la firma del diputado peronista Luis Rubeo y de antemano tiene el respaldo del Frente Social y Popular de Carlos del Frade y Mercedes Meier.
Ingresos Brutos es el principal ingreso tributario propio de las provincias. Industriales de todo el país claman que se los exceptúe con el argumento de que es un impuesto distorsivo que grava a todos los eslabones de la cadena de valor acumulando costos. Lo repitió días atrás la Unión Industrial de Córdoba cuando la Legislatura, a instancia de José De la Sota y Juan Schiaretti, retocó alícuotas.
Siempre se argumentó que ya les cobra el gobierno central por su actividad exportadora y que si les provincias también cobraran sería una doble imposición. Solía citarse como ejemplo el juicio que madereras y yerbateras le iniciaron a la provincia de Misiones por gravar determinados aspectos de su actividad. Pero bien, en la entrevista que este diario publicó en su edición de ayer, Rubeo incorpora un giro en la discusión: “La Justicia federal le dio la razón a Misiones. Si hay voluntad política de cobrarles estamos habilitados para hacerlo”. Reunir voluntad política transversal y mayoritaria es clave porque hay que atrincherarse para resistir la embestida de un sector que moviliza enormes influencias.
De hecho, no se trata sólo de Ingresos Brutos. En los últimos años hubo discusiones entre funcionarios y directivos del sector, algunas en tono no muy amigable, sobre las demandas que le hacen al Estado las grandes exportadoras asentadas a la vera del Paraná en materia de red caminera y ferroviaria, accesos y demás.
Tanto el ministro de Economía local Ángel Sciara como el gobierno nacional, cada uno desde su óptica, siempre respondieron lo mismo: ¿con qué parte van a contribuir ustedes? Si los accesos y rutas están destruidos, ocurren siniestros viales y los pueblos quedan bloqueados es por el impacto del negocio y su forma de manejarlo. Una cosa es el Estado promotor de la actividad económica y otra muy distinta la transferencia de recursos del conjunto de la sociedad para garantizar y aumentar las tasas de ganancias de privados. Privados además que pertenecen a la elite del negocio agroexportador mundial y no necesitan el sostén del Estado.
De hecho, el famoso proyecto Circunvalar, que en su paso por Rosario la candidata a vicepresidenta de la Nación del PRO Gabriela Michetti prometió revivir, significa una multimillonaria inversión pública para un proyecto promocionado por la Bolsa de Comercio, pero que está dibujado a medida de los intereses estratégicos de los grandes puertos privados asentados en el Gran Rosario.
