Familiares de personas asesinadas durante la última dictadura militar exigieron que el Congreso nacional avance con la expulsión de la diputada Lilia Lemoine, luego de su participación en un programa de streaming en el que se realizaron burlas sobre los vuelos de la muerte. También informaron que impulsarán una denuncia penal por apología del terrorismo de Estado.
El episodio ocurrió el sábado pasado, cuando Lemoine fue invitada al programa FDC, que se transmite por el canal de streaming Ánima Digital. En ese espacio, el conductor Alejandro Sarubbi Benítez centró sus comentarios en el peronismo y vinculó a sus militantes y dirigentes con distintos delitos.
En ese contexto, uno de los panelistas dijo: “Con lo único que les va mal es con el agua —terció Alfredo “Rino” Gammariello—. Cuando van a las marchas los bañan; si los tiran de los aviones, no saben nadar y, si se tiran por algún lado por el sur, también se ahogan”.
La frase remitía directamente a la represión estatal, a los vuelos de la muerte, un mecanismo de exterminio que se utilizó en Argentina los años más cruentos de la dictadura. La frase final también refiere directamente al caso de Santiago Maldonado, en agosto de 2017.
Durante ese intercambio en el streaming, Lemoine se encontraba sentada junto a Gammariello y reaccionó con risas cuando otra columnista añadió: “Los kukas no son waterproof (a prueba de agua)”.
Además, refirieron al tipo de aviones que adquirió el gobierno recientemente, los F16, y Lemoine con mucha liviandad aclaró que si quisieran tirar gente al mar hubieran adquirido los Hércules, que ya tienen tres y que «con eso alcanza». Mientras una de las panelistas del programa dijo que ahí «entran como 90».
Ola de repudios
El rechazo a esos dichos fue expresado por el colectivo Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, cuyos seres queridos —entre ellos las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor de De Vincenti, Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco, junto a las religiosas francesas Alice Domon y Leonie Duquet— fueron secuestrados entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977 tras la infiltración de Alfredo Astiz.
Las víctimas fueron llevadas a la ESMA, donde sufrieron torturas, y luego drogadas y trasladadas el 14 de diciembre de 1977 en un avión Skyvan de Prefectura desde Aeroparque, para finalmente ser arrojadas con vida al Mar Argentino.
Desde el organismo de derechos humanos afirmaron: “Estas declaraciones constituyen una apología del terrorismo de Estado, una reivindicación de los crímenes de lesa humanidad y un profundo desprecio por el dolor de las víctimas y de todo el pueblo argentino”.
Además, señalaron que las expresiones violan el artículo 213 del Código Penal, motivo por el cual presentarán una denuncia judicial. “Quienes banalizan el horror y justifican la represión se colocan deliberadamente del lado más oscuro de nuestra historia y no deben quedar impunes”, agregaron.
Los familiares también reclamaron una respuesta institucional por parte de la Cámara de Diputados. Enmarcaron el episodio dentro de una serie de acciones protagonizadas por representantes de La Libertad Avanza, entre ellas la visita de legisladores al penal de Ezeiza para reunirse con represores condenados a mediados de 2024. Aunque Lemoine no participó de ese encuentro, sí integraba los grupos de chat vinculados al sacerdote Javier Olivera Ravassi y a abogados defensores de genocidas.
“La visita a genocidas detenidos ya quedó sin sanción; hoy hemos pasado a una abierta reivindicación del terrorismo de Estado, lo cual no puede ser admitido ni naturalizado por el cuerpo legislativo. Exigimos, por lo tanto, la separación inmediata de la diputada Lilia Lemoine de la Cámara de Diputados”, sostuvieron.
En ese marco, Mabel Careaga, Cecilia De Vincenti y Carlos Ovido expresaron: “A Lemoine le queremos decir que es muy fácil burlarse y hacer declaraciones aberrantes en un streaming amigo, pero que venga al solar de la memoria donde están los cuerpos de las Madres Esther y Mary, Ángela y Leonie, o a la Plaza de Mayo, donde están las cenizas de Azucena. La vamos a estar esperando allí para que repita al lado de las tumbas esas declaraciones”.
No se trata de la primera alusión de ese programa a esta práctica represiva. En septiembre, vincularon al peronismo con un supuesto intento de golpe de Estado. El intercambio fue el siguiente:
—Lo importante es que hoy tenemos un enemigo claro: los hijos de mil putas de los kukas, que están totalmente convencidos de dar un golpe de Estado y ni siquiera lo ocultan. Igual, yo no se los aconsejo porque la última vez que lo hicieron, ya sabemos lo que pasó —arrancó Sarubbi Benítez.
—Terminaron buscando a los familiares en el Río de la Plata —completó Gammariello, a quien La Nación identificó como ex custodio privado de Karina Milei.
—Cuarenta años, todavía no los encontraron. No hay que hacerse el pícaro —cerró el conductor.
Especialistas en derecho consultados advirtieron que los dichos celebrados por Lemoine, en referencia a que los “kukas tienen un problema con el agua”, podrían encuadrar como discurso de odio.
La Ley Antidiscriminatoria 23.592 sanciona a quienes “alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupo de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.
En una resolución reciente, el Tribunal Oral Federal 6 —que condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner— alertó sobre este tipo de prácticas. “El odio en el discurso fue una causal necesaria para que el hecho tuviera lugar”, advirtieron los magistrados.
Qué fueron los vuelos de la muerte
Una de las metodologías utilizadas para el asesinato y la desaparición de los cuerpos de las víctimas fue la de los “vuelos de la muerte”, con aviones que partían del Aeródromo Militar Campo de Mayo. Las víctimas, algunas de ellas menores de edad, eran llevadas hasta el aeródromo en camiones cerrados pertenecientes al Ejército Argentino, las fuerzas de seguridad o civiles, que llegaban por caminos internos hasta el final de la pista de aviación. Durante la madrugada, las detenidas y los detenidos eran subidos a helicópteros o aviones para luego ser arrojados aguas adentro. En algunos casos, las personas habían sido sedadas antes de su ingreso al avión, en otros habían sido asesinadas antes de subir o llegaban muertas al Aeródromo procedentes de distintos lugares de reclusión ilegal.
La corriente marina hizo que algunos de los cuerpos de las víctimas aparecieran en las costas argentinas y uruguayas, y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) pudo identificarlas y constatar la forma de muerte.
La metodología de ocultamiento de los cuerpos de las personas detenidas-desaparecidas a través de los vuelos de la muerte completaba el circuito criminal de secuestro, tortura, muerte y desaparición propio del terrorismo de Estado, que buscaba la eliminación de las pruebas materiales de los delitos de lesa humanidad cometidos con el fin de consolidar la impunidad de los culpables y generar el terror en la sociedad, entre otras razones.
En 2022 se comprobó esta forma de asesinato en la causa conocida como “Vuelos de la muerte”. El 17 de septiembre de 2022, la Secretaría de Derechos Humanos señalizó este lugar como sitio de memoria del terrorismo de Estado.
El Tribunal Oral Federal 5 determinó que el grupo de la Iglesia de la Santa Cruz fue asesinado en un vuelo de la muerte, a partir de diversas pruebas, como la identificación de la aeronave —investigación realizada por la periodista Miriam Lewin y el fotógrafo Giancarlo Ceraudo— y la recuperación de cinco cuerpos: los de tres Madres de Plaza de Mayo, el de Alice Duquet y el de la militante Ángela Auad.
Otros tribunales también reconocieron judicialmente la existencia de los vuelos de la muerte, como el TOF 2 de San Martín, que acreditó el uso del Batallón de Aviación 601 de Campo de Mayo para ese fin. En una sentencia, los jueces señalaron: “Con esta forma de eliminación física de las víctimas, los perpetradores buscaban no dejar ningún rastro de sus cadáveres, siendo que con el tiempo se fueron perfeccionando, logrando que los hallazgos de los cuerpos fueran cada vez menores”.
En Argentina la primera vez que alguien confesó públicamente haber participado de ese método de exterminio fue en 1995, cuando se publicó el libro «El vuelo» con la declaración de Adolfo Scilingo. Hasta ese momento sólo se conocía de esta metodología por relatos de sobrevivientes,
A su vez, a partir de una investigación conjunta publicada entre El Ciudadano y Perycia, se encontró que el ex integrante del servicio de inteligencia Gustavo Bueno habló antes en una entrevista con el CELS en 1986. Bueno está imputado por delitos de lesa humanidad y, además, está prófugo. En esa entrevista con el CELS dijo que los vuelos eran nocturnos en aviones Hércules C-130, y textual de la crónica publicada en 2023, «que aterrizaban en la cabecera de pista del aeropuerto internacional de Fisherton en Rosario, donde cargaban personas que venían en camiones provenientes de la Quinta de Funes. Que el destino era la Bahía de Samborombón, al sur de Buenos Aires. Calcula que lo hicieron con al menos 30 personas secuestradas».
La investigación sigue: «En Rosario, en 2021, se abrió una causa llamada Vuelos donde también está incorporada la entrevista del CELS a Bueno. Hasta ahora, la Unidad de Derechos Humanos determinó que en 1977 en los organigramas del Segundo Cuerpo del Ejército había una sección de aviación. Todavía no se sabe si tuvo como objetivo la realización de vuelos de la muerte, pero sí que había traslados de detenidos a otros centros clandestinos del país. Para continuar la investigación, hicieron pedidos al Ministerio de Defensa y a la Administración Nacional de Aviación Civil para reunir más datos».
El comunicado completo
Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz expresamos nuestro más enérgico repudio a las manifestaciones realizadas el día sábado 20 de diciembre último, en el programa FDC del canal de streaming libertario “Ánima Digital”, por sus conductores, entre ellxs la diputada Lilia Lemoine y el militante Alfredo “Rino” Gammarielo, este último reiterando expresiones ya realizadas tiempo atrás.
En dicho programa se burlaron de manera aberrante de la represión en las manifestaciones, de los vuelos de la muerte y de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Las expresiones: “…tienen problemas con el agua, porque si van a las marchas los bañan, si los tiran de los aviones no saben nadar, y si se tiran en algún lado ahí por el sur también se ahogan”, no son inocentes ni hechos aislados.
Estas declaraciones constituyen una apología del terrorismo de Estado, una reivindicación de crímenes de lesa humanidad y un profundo desprecio por el dolor de las víctimas y de todo el pueblo argentino. También implican una violación al derecho a la protesta de quienes hoy padecen el ajuste y la exclusión, y una negación de la responsabilidad del Estado y de la violencia institucional en el caso de Santiago Maldonado.
De este modo, comunicadores vinculados al partido de gobierno y una legisladora nacional reproducen la misma línea discursiva que el propio presidente cuando, públicamente, avaló la represión con hidrantes contra lxs jubiladxs, afirmando en tono irónico: “…los estamos bañando”. Una vez más, desde la más alta representatividad del Estado, se habilitan discursos de odio, impunidad y violencia explícita.
Nuestros 12 compañeros y familiares del Grupo de la Santa Cruz fueron secuestrados, torturados y arrojados vivos al mar por la dictadura cívico-militar, como parte de un plan sistemático de exterminio, todos estos hechos han sido probados judicialmente y tanto el grupo de tareas que los secuestró, como los pilotos del vuelo de la muerte del 14/12/1977, fueron condenados y aún siguen en prisión. Por su parte, el avión utilizado en ese vuelo fue repatriado y se encuentra en el Sitio EX ESMA.
Estas expresiones violan el artículo 213 del Código Penal, que sanciona la apología del delito. Por este motivo, desde nuestra Asociación haremos la correspondiente denuncia penal, ya que promover y reivindicar crímenes de lesa humanidad desde medios de comunicación y cargos públicos constituye un delito grave contra el orden democrático. Quienes banalizan el horror y justifican la represión se colocan deliberadamente del lado más oscuro de nuestra historia y no deben quedar impunes.
Por otro lado, exigimos a la Honorable Cámara de Diputados que tome acción sobre esta nueva afrenta por parte de una legisladora. La visita a genocidas detenidos ya quedó sin sanción; hoy hemos pasado a una abierta reivindicación del terrorismo de Estado, lo cual no puede ser admitido ni naturalizado por el cuerpo legislativo. Exigimos por lo tanto la separación inmediata de la diputada Lilia Lemoine de la Cámara de Diputados.
