El gobernador Antonio Bonfatti firmó ayer un decreto mediante el cual se limita en Santa Fe los descuentos sobre los haberes de jubilados y pensionados por créditos otorgados por cooperativas o mutuales, en base a los criterios fijados por el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner a fin de año en el mismo sentido.
De esta manera, se informó oficialmente, “se tiende a resguardar los ingresos de los jubilados y pensionados”, protegiéndolos de “descuentos excesivos” y evitando que “se desvirtúe la función social del crédito para el solicitante”.
La iniciativa firmada ayer por el mandatario provincial se sustenta en un decreto de necesidad y urgencia de la Nación de diciembre pasado, que modificó el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, estableciendo un límite máximo para el costo de los créditos otorgados a través de la operación del sistema de código de descuento en los haberes de los jubilados y pensionados a favor de terceras entidades.
Bonfatti dispuso adoptar los lineamientos fijados por el Estado nacional para los pasivos provinciales, a través del decreto Nº 8/2012.
De esta manera se estableció “que la Secretaría de Tecnologías para la Gestión del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, la Caja de Jubilaciones y Pensiones, y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo santafesino que deban intervenir en la tramitación de descuentos por planillas a jubilados, retirados y pensionados provinciales por préstamos voluntarios concertados por los mismos, no darán curso a las liquidaciones en las que la entidad prestataria exceda en el costo financiero total (CFT) a cargo del tomador del crédito, el límite establecido por el artículo 14 de la ley Nº 24.241 (decreto nacional Nº 246/11)”.
De acuerdo al decreto firmado por Cristina Fernández, la tasa de interés de los préstamos a jubilados “sólo puede ser hasta el 5 por ciento más de lo que cobra el Banco Nación para el mismo tipo de créditos”.
De acuerdo a la normativa, la medida comenzará a aplicarse sobre las solicitudes de descuentos que se efectúen con posterioridad a la publicación del decreto en el Boletín Oficial.
Este límite o Costo Financiero Total (CFT) expresado como Tasa Efectiva Anual (TEA), “permitirá determinar la cuota mensual final a pagar por los beneficiarios de los créditos, que incluirá el importe abonado en concepto de cuota social, los cargos, impuestos y erogaciones por todo concepto”.
Además, se establece “que no podrá exceder en un 5 por ciento adicional la tasa informada mensualmente por el Banco de la Nación Argentina, como aplicable a las operaciones de préstamos personales para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino, que sean reembolsados a través del sistema de código de descuento”, indican los considerandos del decreto.
En tanto, “se tiende de tal modo a resguardar los ingresos de los jubilados y pensionados, protegiéndolos del actuar de terceros que bajo el amparo de conceptos financieros mal utilizados, operan abusivamente el sistema, efectuando descuentos excesivos y provocando que de tal modo se desvirtúe la función social del crédito para el solicitante, transformando aquello que en principio debería ser una ayuda al jubilado o pensionado que la necesita, en una carga imposible de sostener”.
Esta situación, agrega el documento, “va deteriorando constantemente los haberes de los pasivos, tornándose los supuestos beneficiarios de los créditos en virtuales rehenes de un sistema que, para subsistir, los obliga a contraer a su vez nuevos empréstitos, entrando en una cadena de refinanciación de la cual le resulta casi imposible liberarse”.
Por esta razón, “el Poder Ejecutivo provincial comparte las consideraciones expuestas y advierte que puede darse idéntica situación a la descripta en relación con los beneficiarios del sistema provincial de jubilaciones y pensiones, por lo que considera oportuno adoptar idénticas previsiones en relación a los mismos”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo, había solicitado mediante un proyecto a fines de diciembre que el gobierno provincial regule el mercado de créditos de las mutuales a los jubilados del mismo modo que lo hizo la Casa Rosada.
