Una de las manifestaciones callejeras más difundidas en contra del quiebre institucional que supuso la destitución de Fernando Lugo, ocurrido el 22 de junio pasado, se dio frente al canal TV Pública Paraguay. Pues bien, desde entonces, periodistas y comunicadores que se expresaron en contra del proceso sumarísimo que puso en la presidencia de Paraguay a Federico Franco comenzaron a ser despedidos, al tiempo que los incipientes medios públicos abandonaron todo intento de resistencia.
Quince periodistas y encargados de diversas áreas de la comunicación pública fueron informados en estos días que serían cesanteados, lo que representa un porcentaje significativo en una plantilla de unos 210 profesionales repartidos entre el canal TV Pública Paraguay, Radio Nacional y la agencia de noticias IP Paraguay.
Ante denuncias públicas de “persecución” y “caza de brujas”, el designado subsecretario de Información y Comunicación, Carlos Filippi, integrante del Partido Colorado, dijo que “no existe tal cosa” y atribuyó los despidos a la necesidad de corregir el “desorden administrativo” heredado, a su juicio.
El cambio de rumbo de los medios públicos termina de coronar un escenario abiertamente favorable a quienes llevaron a cabo la ruptura institucional. Organizaciones periodísticas como el diario ABC Color (familia Zuccolillo), La Nación (Domínguez Dibb) y Tele Futuro (Vierci) no han ocultado su apoyo a la destitución de Lugo, marcando el tono de la prensa privada en general.
Lugo había creado en 2008 la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo, potenciando un canal educativo y Radio Nacional, y puesto en marcha la emisora de TV abierta. La dificultad para conseguir que el Congreso aprobara el presupuesto de estos medios llevó al gobierno del ex sacerdote a apelar a la modalidad de designar funcionarios y periodistas “comisionados”. Esto es, algunos salarios eran (y siguen siendo) pagados por los entes binacionales energéticos Itaipú y Yacyretá, cuyas cuentas no dependen del control legislativo. Por caso, hasta el edificio de la TV estatal es alquilado a cuenta de Itaipú.
El subsecretario Filippi atribuyó a dichas empresas la decisión de despedir empleados y la desligó de su área. “En ningún medio público se ha obligado ni sugerido a nadie a apoyar al gobierno de Franco”, sintetizó. Por el contrario, para Filippi, la TV y radio estatales tuvieron “un sesgo muy importante” a favor de Lugo antes de su caída. El funcionario informó que el gobierno de Franco está por solicitar al Parlamento una ampliación presupuestaria para los medios estatales y reforzó su postura citando al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, quien el martes consideró que en Paraguay se vive un estado de “normalidad política”.
De su lado, Jorge Torres, periodista del diario ABC Color e integrante de la comisión directiva del Foro de Periodistas Paraguayos (Fopep), coincidió con Filippi: “Lo que se da es un saneamiento de nivel de salarios muy desproporcionados en los medios públicos. Si al saneamiento de las instituciones se le llama caza de brujas, bienvenida sea la caza de brujas”, ironizó. Para Torres, la asunción de Franco “no fue un golpe de Estado sino que se cumplió con la Constitución”.
Disintió con su colega, el vicepresidente a cargo de la presidencia de Fopep, Andrés Colmán, quien reconoció que su posición es minoritaria dentro de la organización y del gremio periodístico en general. Este periodista, de la redacción de Última Hora, un diario que matizó su oposición a Lugo, aclaró que hablaba a título personal, dado que Fopep no fijó postura: “Se desató una especie de persecución ideológica contra comunicadores vinculados al anterior gobierno, una cacería de brujas a personas que piensan de manera diferente”.
Además de los despidos, Colmán indicó que se están levantando programas y entrevistas de los medios públicos.
Según denuncias publicadas en Paraguay, la periodista Fátima Rodríguez, de alto perfil en rechazo al proceso contra Lugo, fue informada de que sería despedida luego de que el secretario de Información y Comunicación, Martín Sannemann, del Partido Liberal de Franco, la encontrara observando una foto de un manifestante portando la consigna “Federico golpista”.
Los que resisten los despidos desmintieron el argumento del “saneamiento”. Por el contrario, destacaron que la categoría de “comisionados” de Yacyretá e Itaipú está siendo utilizada por Franco con sueldos que triplican los que recibían los cesanteados que más ganaban.
