La suba que Litoral Gas aplicará en diciembre es una más de la saga que continuará en 2018. Tal como publicó El Ciudadano en el transcurso de la semana, el incremento en las distribuidoras que pergeña el gobierno nacional (la concesión en este caso depende de la administración central) para el mes próximo va del 25 al 40 por ciento. Sin embargo, según estiman organizaciones de defensa al consumidor, la quita de subsidios y el ajuste que continuará podría duplicará el costo del servicio el año entrante.
La confirmación de las fechas para las audiencias públicas por la suba del gas trascendió hace dos semana pasada. En las reuniones que se desarrollarán en diferentes puntos del país se discutirá la adecuación tarifaria de las empresas Gas Natural BAN y Metrogas, por un lado, y de Transportadora de Gas del Norte (TGN), Litoral Gas, Gas NEA y Redengas, por el otro.
De acuerdo a la resolución 75 del Enargas (el organismo que regula la prestación del servicio), la reunión para discutir la nueva tarifa de Litoral Gas se llevará a cabo el viernes 17 de noviembre a las 9 en la sede central de la Universidad Tecnológica Nacional, ubicada en Lavaisse 610 de la ciudad de Santa Fe.
Según las resolución, la empresa “deberá presentar los nuevos cuadros tarifarios propuestos, junto con los cálculos de donde surjan los coeficientes de adecuación utilizados antes del 6 de noviembre de 2017 a fin de facilitar el acceso a la información de los interesados”.
La reunión se dará a pocos días del aumento que comenzará a regir el primero de diciembre en el marco de los ajustes semestrales que viene aplicando el Ministerio de Energía de la Nación, que conduce Juan José Aranguren. En rigor, la suba debía aplicarse el 1º de octubre, pero el gobierno optó por trasladarla para después de la elecciones.
Desde Litoral Gas no quisieron aventurar los porcentajes de incremento. De todas formas, distintas entidades de defensa al consumidor adelantaron la semana pasada a este diario que el ajuste final será de entre el 25 y el 40 por ciento.
“Esos números son sólo para los usuarios residenciales. Seguramente el aumento en cada caso dependerá del rango de consumo en que se ubiquen”, señaló Marcos Aviano, el titular del Centro de Educación, Servicio y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac).
La suba de diciembre es apenas un eslabón más de las que ya se aplicaron y, sobre todo, de las que vendrán. Para Aviano la fuerte actualización seguirá en 2018. “Vamos a pagar costos en dólares de los más altos del mundo. El gobierno quiere fijar el valor del gas en 7 dólares por millón de BTU. Y hoy recién estamos en la mitad. Así que hay mucho por subir todavía”, advirtió el titular del Cesyac, entidad que forma parte de la comisión de usuarios del Enargas.
Juan Alcaraz, abogado de la Multisectorial contra el tarifazo, que reunió a distintos sectores de la economía local para protestar contra los incrementos de tarifas, fue más allá. Aventuró que el gas podría llegar a triplicarse. “La situación va a ser peor que en este 2017 por una sencilla razón; 2018 no es un año electoral. Eso le abre la posibilidad de ajustar aún más al gobierno”, señaló.
El letrado recordó que Nación ató el valor de las tarifas al dólar en 2016. Así, cada devaluación también presiona sobre el costo que abona el consumidor final.
Historia de aumentos
Juan José Aranguren, ministro de Energía, ya había anunciado aumentos en las boletas de las distribuidoras entre 20% y 36% en abril. Esa corrección corrió durante este año y se acumuló con otro ajuste -que rondó el 300%- aplicado en octubre de 2016.
En la factura de gas, el 40% corresponde al precio del gas en boca de pozo (es decir, el costo del fluido en si mismo). El 32% es el margen de distribución y transporte (lo que recauda Litoral Gas) y el 28% es impuestos. La parte que entra en discusión en las próximas audiencias públicas es justamente la correspondiente a “distribución y transporte”.
El Estado nacional pasó de subsidiar el 81% del costo del gas en boca de pozo a subvencionar el 45% de esa factura. El resto pasaron a abonarlo los consumidores, ya sea particulares o empresas. En el sendero definido en abril, el subsidio del Estado nacional iba a bajar a 38% en diciembre (lo que implica una mayor parte a cargo de los clientes residenciales y comerciales) y a 31% en abril de 2018.
Según datos del Gobierno, el 56% del país está en las categorías de clientes R1-R2, que pagan menos de $ 300 bimestrales (sin impuestos). El 25% se inscribe en la categoría R3, la de mayor consumo, que abona algo menos de $ 1.000 por bimestre (excluyendo tributos).
