Adolfo es albañil, tiene 51 años y fue detenido por una amenaza de bomba anónima hecha a la central del 911. La llamada advertía sobre un elemento explosivo en la edificación que ocupa una manzana frente a la plaza San Martín. Este viernes fue imputado. “No amenacé a nadie”, dijo. El celular utilizado en la amenaza se encontró en su casa y el llamado implicó el inicio de un operativo antibombas que ronda los 50 mil pesos, explicó el fiscal. No fue el único hecho que se le achacó. Una propiedad de un abogado fallecido en poder del imputado terminó en una denuncia por amenazas y retención indebida. El juez dictó la prisión preventiva por 60 días. Hasta el 5 de diciembre el albañil estará tras las rejas. El fiscal no descartó nuevas imputaciones.
De pelo crespo y manos que dejan a la vista su oficio, Adolfo Gustavo G. escuchó la imputación del fiscal Gustavo Ponce Asahad. En primer lugar, describió la amenaza de bomba que tuvo lugar el 14 de septiembre en sede de Gobernación. El llamado entró a la central del 911 a las 10,57 y avisaba de la presencia de un artefacto en el edificio. La voz masculina aclaró su vínculo con un uniformado y afirmó así cómo le llegó la información. Esta situación se dio en el marco de una crisis policial, explicó el fiscal. Durante septiembre, hubo cerca de 50 policías detenidos en distintas causas.
El número de celular utilizado para hacer la amenaza quedó grabado en el 911. A partir de la ubicación de la antena que tomó la llamada ubicó la zona. A partir de allí trabajó la Policía de Investigaciones (PDI) hasta ubicar la casa de Adolfo G. El fiscal pidió orden de allanamiento y en la vivienda se encontraron 4 celulares, 10 chips y un revólver calibre 22. El fiscal encuadró el hecho en intimidación pública y tenencia de arma de uso civil.
La casa del abogado
La casa allanada en calle Pellegrini al 6700 linda contra una propiedad ubicada por Provincias Unidas. En ésta última funcionaba un estudio jurídico. El letrado falleció y esa casa quedó en manos del albañil. La viuda del profesional pidió su restitución y hay una denuncia penal en medio.
Ponce Asahad le achacó a G. algunas amenazas anónimas que recibió la viuda, su representante legal y la abogada. Algunos mensajes de texto e incluso una esquela que llegó al domicilio de la mujer tienen un tono amenazante y según el fiscal se vinculan con el caso. “Ya nos vamos a ver, no hace falta que nos busques. Nosotros sabemos dónde encontrarte” o frases como “si siguen van a terminar mal las cosas” dan cuenta de las amenazas a la familia de la viuda si continuaba el trámite. Una de estos mensajes se envió con el mismo número de celular usado en la amenaza a Gobernación. La viuda intimó a la devolución de las pertenencias de su marido que estaban en una caja fuerte en la casa, entre ellos la escritura, pero eso no sucedió. Ello derivó en la denuncia penal. Durante el allanamiento a la casa de Adolfo G. se encontraron sellos del abogado y el título de propiedad.
La defensora oficial Alejandra Paolini cuestionó todas las calificaciones legales elegidas por Fiscalía, especialmente en este punto. Hablo de una disputa por la propiedad y un trámite de usucapión iniciado por su defendido en la Justicia. Adolfo explicó que el abogado era amigo de su padre y lo que tenía en su poder se lo había regalado en vida. Los esfuerzos defensivos fueron en vano. El juez Héctor Núnez Cartelle sostuvo la acusación fiscal y resolvió dictar la prisión preventiva por 60 días. Adolfo G. estará preso hasta el 5 de diciembre.
