Candela Ramírez
Desde la recuperación de la democracia en la Argentina en diciembre de 1983 los presidentes tomaron distintas posturas en relación con el genocidio y la responsabilidad del Estado por los crímenes que cometió entre 1976 y 1983. Tuvieron por momentos un mayor compromiso, más distancia en otros, y muchas veces procedieron con ambivalencias.
Alfonsín creó la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (Conadep) apenas asumió y durante su gestión se dio el Juicio a las Juntas que ubicó a la Argentina como el primer (y hasta ahora único) país del mundo en juzgar a sus propios genocidas. Fue durante su gobierno también que se dictaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Con Carlos Menem llegaron los indultos. Con él también llegó el fin del servicio militar obligatorio y la declaración del entonces jefe del Ejército Martín Balza -a través de una carta leída en televisión abierta- en la que cuestionó el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura.
Durante la presidencia de Néstor Kirchner, que se presentó a sí mismo como “parte de una generación diezmada”, se derogaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y se anularon los indultos: por eso se reanudaron los procesos judiciales contra los responsables de la represión ilegal.
La gestión de Néstor Kirchner y las dos siguientes de Cristina Fernández tuvieron una misma forma de encarar el asunto: proliferaron en todo el país la apertura de sitios de memoria, el más emblemático, quizás, fue el Museo Sitio de Memoria Esma que se inauguró en 2015 después de más de diez años de recuperación.
Mauricio Macri cuestionó discursivamente los años previos, habló de “violencia institucional” en lugar de terrorismo de Estado y fue en esos años que se empezó a instalar la idea de “curro de los derechos humanos”. Pero los juicios de lesa humanidad continuaron y órganos institucionales como el Banco Nacional de Datos Genéticos (que sirve para encontrar personas que fueron apropiadas) siguieron trabajando con los mismos fondos.
Con Alberto Fernández continuaron las políticas públicas de señalización y preservación de sitios históricos. Los juicios prosiguieron pero de forma cada vez más urgente todos los organismos de derechos humanos, sobrevivientes y querellantes plantean esto que llaman “impunidad biológica”: los juicios (iniciados más de dos décadas tarde) demoran tanto tiempo que muchos acusados pierden la vida antes de ser juzgados. Desde el reinicio de las causas ya fallecieron 1.213 acusados sin llegar a tener sentencia.
Muchos de quienes sobrevivieron al genocidio y de los familiares de víctimas no llegaron a ver siquiera el inicio de las causas por los crímenes a los que los sometió el Estado. Cada vez son más, corren contra el tiempo.
El mes que se cumplían 40 años ininterrumpidos de democracia en la Argentina llegó al poder Javier Milei. El primer piso de respaldo institucional lo había conseguido en 2021 cuando asumió como legislador. Ya tenía un discurso abiertamente negacionista. Durante la campaña electoral de 2023 fue más lejos, siempre un paso adelante de los límites que el pueblo argentino venía construyendo desde 1983. Su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, es una enérgica defensora de la idea de “verdad completa” y desde hace veinte años trabaja activamente para que los responsables del genocidio no sean juzgados y sí sean sentados en un tribunal algunas de sus víctimas: los militantes de organizaciones guerrilleras que sobrevivieron.
Este giro discursivo frontal en la arena pública fue una novedad. Llamarlos negacionistas queda corto porque en más de una oportunidad reivindicaron de lleno los crímenes cometidos, replican la idea de que hubo “una guerra” y no un Estado terrorista que planificó y ejecutó un plan de exterminio sobre la población, tal como lo probaron los más de 300 juicios por este tipo de delitos que ya se llevaron adelante en todo el país.
Entre las acciones y medidas que tomaron en estos diez meses está el desfinanciamiento de las políticas públicas orientadas a la memoria, por ejemplo mediante el despido de al menos la mitad de los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Habilitaron por ley la eliminación de la Unidad Especial de Investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). La Comisión es la herramienta clave para encontrar a las personas que fueron apropiadas durante la dictadura: se estima que aún falta encontrar a más de 300. Las fuerzas de seguridad, bajo la directiva de Patricia Bullrich, ya no entregan los legajos de los agentes a la Conadi. Cuando colocaron en la Casa Rosada un busto de Carlos Menem, el pasado 14 de mayo, Milei reivindicó los indultos. Ya no se hace efectivo, al menos por seis meses, el pago de reparaciones económicas a las víctimas de la dictadura; invocaron una auditoría por 180 días.
En julio de este año seis legisladores de La Libertad Avanza visitaron a trece represores en el penal de Ezeiza. Se sacaron una foto que se viralizó. Entre los criminales estaba uno que en Rosario conocemos bastante: Mario “el Cura” Marcote. Fue oficial de la Policía de Santa Fe y formó parte de la patota liderada por el jefe de Policía de ese momento, Agustín Feced, que operó en el Servicio de Informaciones, ubicado en la esquina de Dorrego y San Lorenzo. Era conocido como el “encargado” de las violaciones sobre adolescentes, jóvenes y mujeres secuestradas. Tiene tres condenas, una de ellas a prisión perpetua.
Además de todo esto, que es apenas un recorte, en abril de este año dieron de baja el programa de recompensas del Ministerio de Seguridad de la Nación que incluía un listado de prófugos de la Justicia por delitos de lesa humanidad, que hasta ese momento eran 22. Siete son de Rosario: Gustavo Bueno, Carlos Isach, César Peralta, Miguel Ángel Vera, Antonio Tuttolomondo, Eduardo Rebechi, Carlos Alberto Brunatto. Policías, integrantes del Ejército y Personal Civil de Inteligencia acusados de secuestros, robos, abusos sexuales, torturas, asesinatos y desapariciones.
Que los encuentren o no, depende en buena medida del mayor o menor compromiso que tenga la Justicia en un contexto donde esta agenda pierde peso. Lo mismo con el avance de las causas, en las que los querellantes reclaman que se actúe con mayor celeridad para que las víctimas puedan tener una sentencia y algo de la palabra “justicia” tenga un efecto de verdad. En febrero de 2024 se retomaron catorce procesos en todo el país y comenzaron al menos tres más.
Desde 2006 hasta marzo de este año se dictaron 328 sentencias por crímenes de lesa humanidad, con 1.187 personas condenadas y 192 absueltas. Son los datos que ofrece la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad; el último informe es de septiembre de 2024. Se registran, además, 630 personas detenidas y 33 prófugas (11 más de las que había en el listado que se eliminó en abril).
Pero los datos indican también que la mayor parte de los condenados consiguió el arresto domiciliario (501) mientras que sólo 73 permanecían en establecimientos penitenciarios y 56 en otro tipo de dependencias. Otro reclamo de familiares de víctimas, sobrevivientes y querellas: que los criminales cumplan sus condenas en cárceles comunes.
En este marco de avanzada feroz contra las políticas por la memoria hubo al menos tres señales institucionales en sentido contrario: las modificaciones que se incluyeron en la ley Bases impidieron que se pueda disolver el Banco Nacional de Datos Genéticos. Además, el mismo día que el gobierno desarmó la unidad de investigación de la Conadi, la Cámara de Casación recomendó a los tribunales “que preserven la documentación y los sitios de memoria”. Hay más de 800 lugares en el país señalados como tal; son espacios donde se cometieron o planificaron estos crímenes y sirven como prueba en los juicios: por eso también es importante preservarlos. En Rosario, hasta ahora, el Tribunal Oral Federal N°1 viene rechazando los nuevos pedidos de prisión domiciliaria y hasta revocó algunas.
Tres señales en medio de un torbellino libertario. Habrá que esperar a ver si se suman más y cuánto la ciudadanía logra contener (o mejor, rechazar) la embestida sin precedentes que tiene esta gestión contra la cultura de la memoria que argentinos y argentinas intentan construir hace más de cuarenta años.
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