El gobierno nacional finalmente concretó para Santa Fe su reiterada amenaza de sancionar con una quita de subsidios a las distribuidoras eléctricas provinciales que reajusten sus tarifas: en las facturas de compra mayorista de energía correspondientes a diciembre y enero últimos, la EPE recibió sendas notas de débito que remiten al concepto de “cargo adicional por incumplimiento de obligaciones”, y suman más de 39 millones de pesos más IVA. Desde la empresa estatal y el Ministerio de Aguas y Servicios Públicos calificaron la medida como un avance sobre la autonomía provincial porque, adujeron, en la práctica esteriliza el plan local de inversiones diseñado para recuperar la calidad del servicio en el distrito donde, justamente, más creció la demanda de potencia durante los últimos cuatro años.
Los “adicionales” en las facturas de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), a la que la EPE le compra la energía que distribuye, son de algo más de 17 millones de pesos para la correspondiente a diciembre y superior a los 22 millones para la de enero. Montos a los que debe agregarse a su vez el cargo de IVA, con lo que el recargo supera los 47 millones de pesos.
Este “castigo” a la EPE se enmarca en la política de reducción de los subsidios a los servicios públicos que puso en marcha el gobierno nacional, y se apoya en una serie de notas y resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación emitidas entre principios de noviembre de 2011 y fines de enero último. Esos textos son complejos, pero en lo que a la EPE concierne, refieren en esencia a pedidos de información detallados sobre cuadros tarifarios y sus justificaciones, y advertencias sobre quita de subsidios. A mediados del mes pasado, en la misma línea, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, había ratificado verbalmente que a las distribuidoras provinciales que aumentaran sus tarifas les sería retirado, en un porcentaje similar a ese incremento, el beneficio con el que el Estado Nacional aligera el precio mayorista de la energía.
Esas y otras advertencias se materializaron ahora. Antes que a Santa Fe le tocó el turno, hace unos días y con montos que superan los 40 millones de pesos, a la EPEC de Córdoba, que como su par santafesina escapó a la ola privatizadora y continúa bajo la órbita de su respectivo estado provincial.
Ambas empresas habían resuelto un ajuste tarifario y quedaron en la mira de De Vido. La EPE decidió desdoblarlo en un 13,4 promedio a partir del 1º de diciembre, y otro 9,8 sobre el anterior que comenzará a regir desde el mes próximo. La compañía santafesina, que atraviesa un verano con reiterados problemas en el servicio especialmente en Rosario y Santa Fe, justificó ese reajuste en la necesidad de solventar la suba de precios en sus insumos y recuperar una infraestructura obsoleta por años de desinversión, además de redimensionarla para acompañar el inédito incremento de la demanda de potencia tanto residencial como industrial.
El ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de Santa Fe, Antonio Ciancio, señaló que con esta medida el gobierno nacional “avanzó sobre la autonomía de la provincia”. Y agregó: “Es un acto desmedido que no tiene otro objeto que seguir sosteniendo que acá no pasa nada, que no hay inflación y que los costos no suben. Son argumentos muy débiles”.
El presidente de la EPE, Daniel Cantalejo, cursó reproches en la misma línea. Explicó que, desde el desguace de la estatal Agua y Energía, el Estado nacional retuvo bajo su jurisdicción a dos de los tres segmentos del sistema eléctrico argentino: la generación (usinas públicas y privadas) y el transporte (líneas de alta tensión concesionadas a privados). Pero la distribución, es decir la llegada del servicio en media y baja tensión hasta los hogares, comercios e industrias, junto al sostenimiento de la respectiva infraestructura, quedó en manos de las provincias, que con sus propias empresas o delegando las prestaciones en operadores privados les compran la energía a Cammesa.
El “adicional” facturado primero a Córdoba y ahora a Santa Fe por orden de la Secretaría de Energía de la Nación, continuó Cantalejo, invade potestades provinciales. Es que la medida, siguió, no es general y sobre el segmento que le incumbe al
Estado nacional, sino que opera directamente sobre potestades provinciales anestesiando las políticas tarifarias que remiten a necesidades particulares de inversión. En el caso de Santa Fe, abundó el titular de la EPE, se abastece a 295 comunas y ciudades distribuidas en un extenso territorio que demanda mayores costos de prestación del servicio. Y además, es la provincia que registra, en los últimos cuatro años, la mayor expansión en la demanda de potencia sobre cuyos picos se diseña la infraestructura de distribución: pasó de un máximo de 1526 megavatios a uno de 2040 en ese lapso, lo que implica un crecimiento del 33 por ciento inédito para el distrito y el país.
Cantalejo, igual que Ciancio, advirtió que de mantenerse estas “sanciones” económicas, su erogación se “llevará puesto” el millonario plan de inversiones anunciado por la EPE para este año en medio de las dificultades de prestación del servicio en las dos principales ciudades de la provincia. Ese presupuesto, solventado en gran medida por el ajuste tarifario, ronda los 370 millones de pesos, aunque podría ascender a 400 si se obtienen algunos créditos solicitados. Pero su objetivo quedará trunco, insistió el funcionario, si el monto debe utilizarse para compensar las multas nacionales.
Cantalejo ratificó que la gestión santafesina seguirá la línea de las presentaciones elevadas a la Justicia Federal ante las primeras advertencias de reducción de subsidios. Se trata de planteos de fondo –por invasión de autonomías– y deamparo, que aún no tuvieron respuesta. “Recurriremos a la Corte Suprema si es necesario”, había enfatizado antes Ciancio.
Con todo, el presidente de la EPE aclaró que el gobierno provincial no está en contra de la estrategia de reducción progresiva de subsidios encarada por la Casa Rosada, sino todo lo contrario. Pero esgrimió que debería haberse iniciado antes, y con los sectores de mayor espalda económica, para no incurrir en injusticias ante las urgencias. Y en ese sentido, cuestionó que esos beneficios se mantuvieran durante tanto tiempo en territorios como el porteño, que tiene la población con el mayor poder adquisitivo promedio de la Argentina.
