Pasada la multitudinaria marcha del sábado en conmemoración de los 36 años del golpe de Estado, hoy a las 12 se conocerá en los Tribunales Federales de bulevar Oroño al 900 el veredicto en la causa Díaz Bessone, el segundo juicio a represores de la dictadura en Rosario, el sexto en la provincia de Santa Fe. El proceso oral y público, iniciado en julio de 2010, investigó delitos contra la humanidad cometidos en el ex Servicio de Informaciones (SI) de la Policía local, el centro clandestino de detención que funcionó en pleno centro de la ciudad (San Lorenzo y Dorrego) y por donde pasaron unas dos mil personas. El histórico juicio ventiló a lo largo de más de cien audiencias los delitos cometidos por la denominada “patota de Agustín Feced”, el difunto jefe de la Policía rosarina durante los primeros años del terrorismo de Estado.
Esta parte de la megacausa fue caratulada con el nombre de (Ramón) Díaz Bessone, el imputado de mayor jerarquía. Además del ex comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, fueron juzgados los ex policías José Lofiego, Mario Marcote, Ramón Vergara, José Scortechini, y el civil Ricardo Chomicky, ex militante montonero acusado de “colaborar con la dictadura”. Sobre ellos pesan los cargos de homicidio, privación ilegítima de la libertad, torturas y asociación ilícita, cometidos contra 93 víctimas.
La Fiscalía y las querellas que representan a la agrupación Hijos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidieron prisión perpetua para Díaz Bessone y Lofiego, y 25 años de cárcel para los otros integrantes de la patota (Marcote, Vergara y Scortechini). El equipo jurídico de Familiares y la querella de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre incluyó a Chomiky. En este caso la Fiscalía requirió la absolución, y la agrupación Hijos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no incluyeron a Chomicky en sus acusaciones y solicitudes de pena por considerarlo un detenido político.
Los magistrados Otmar Pauluchi, Jorge Venegas y Beatriz Caballero, integrantes del Tribunal Oral Federal número 2, leerán hoy la sentencia que marcará el final del mencionado proceso judicial. El veredicto estará basado en los alrededor de 150 testimonios de sobrevivientes que pasaron por el SI, el centro clandestino más grande de la provincia. La causa consta de noventa expedientes que, según las querellas, almacenan un caudal probatorio suficiente para hacer valer el máximo de la condena requerida para los imputados.
A 36 años del golpe cívico-militar, recordado el sábado pasado por miles de rosarinos que marcharon al Monumento, querellantes, testigos, ex presos, militantes de organismos de derechos humanos, de organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales esperan hoy celebrar la sentencia en la causa Díaz Bessone.
Como se dijo, este es el segundo juicio a represores en Rosario. El primero fue en 2009, la causa Guerrieri-Amelong, donde los mismos integrantes de este tribunal investigaron los delitos cometidos en varios centros clandestinos de detención de la ciudad y la región, entre ellos la Quinta de Funes. Los imputados, ex jerarcas del Ejército, fueron sentenciados a prisión perpetua en cárcel común. Además, en la provincia de Santa Fe la Justicia Federal ya dictó condenas en otras cuatro causas desarrolladas en la ciudad capital (Brusa, Facino, González y Barcos). En tanto, se tramita actualmente en Santa Fe la causa contra Roberto Martínez Dorr.
La hora de las condenas
“Esperamos el máximo de la pena. Por Díaz Bessone y Lofiego, como se los acusa por homicidio (entre otros cargos), se pidió prisión perpetua. Y para Marcote, Vergara y Scortechini, por los delitos que se les imputan, se pidió el máximo contemplado, 25 años. En ambos casos, cárcel común y efectiva”, contó Álvaro Baella, abogado integrante del equipo jurídico de Hijos y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
En diálogo con este diario, Baella sostuvo que a lo largo de un año y nueve meses que duró el juicio quedó “sumamente acreditada la responsabilidad de los cinco imputados (con la exclusión de Chomicky) en los delitos cometidos. Hay un vasto caudal de pruebas y quedó comprobada la existencia del centro clandestino de detención en el SI, la aplicación de tormentos a las víctimas y las pésimas condiciones en la que se encontraban estos detenidos; el funcionamiento de un aparato represivo clandestino y se acreditaron los homicidios. Es decir, hay pruebas suficientes para que el tribunal dicte la pena máxima”.
Según el abogado de Hijos, “se sabía que el juicio, por su magnitud, se iba a extender, aunque hubo dilaciones innecesarias”. Baella agregó: “También las demoras generaron grietas en los testigos que esperaron treinta años para este juicio. Esa situación no fue tan reparadora para ellos”.
Gabriela Durruty es abogada querellante en representación de Familiares, la Liga por los Derechos del Hombre y un grupo de litigantes particulares. “Tenemos la expectativa de escuchar la máxima condena. Pedimos el máximo posible acorde a las imputaciones. Es para destacar como marca que nos dejó el juicio el rol de los testigos, las declaraciones testimoniales de sobrevivientes y familiares de víctimas que permitieron reconstruir la mecánica de la represión ilegal en nuestra región, y de lo que pasó en el SI. Después de este juicio sabemos mucho más de lo que sucedió en aquellos años, nos permitió entender y avanzar en las investigaciones entre las fuerzas de seguridad, la participación civil y eclesiástica”, dijo Durruty a El Ciudadano.
“Alrededor de 150 testigos declararon en este juicio, y hay que sumar unos 50 testimonios más por teleconferencia y por escrito –continuó–. Salvo Chomicky, el resto de los imputados llegó al final del juicio en condición de detenidos. Díaz Bessone está con prisión domiciliaria y los demás represores están detenidos y procesados pero por otra causa, que sería la segunda parte de la megacausa Feced. Quedaron detenidos el año pasado después de la indagatoria del juez Marcelo Bailaque, que hace pocos días los procesó. Esta otra parte todavía no tiene fecha de elevación a juicio”.
Testimonios
José Luis “Pepe” Berra militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), alistada en la Juventud Peronista y brazo estudiantil de Montoneros. En septiembre de 1976, con 18 años, “cayó” en el SI y recién recuperó la libertad en agosto de 1981. “Por fin llegó la hora de la sentencia”, festejó Berra. Al trazar un balance del proceso judicial, el actual militante del Movimiento Evita consideró: “Fue un juicio con muchas interrupciones, con artimañas legales por parte de los acusados que buscaron dilatarlo. Pero afortunadamente llegará la condena, aunque como testigo en la causa considero que lo más importante es la condena social para los que perpetraron el golpe terrorista y sus cómplices civiles”.
Berra dijo que los juicios “sirven para sostener la memoria y poner en claro públicamente la condena social para los genocidas y seguir avanzando en la unificación de las causas por delitos de lesa humanidad; sobre todo dilucidar la complicidad del empresariado y parte de la Iglesia”. Y agregó: “Muchos empresarios fueron beneficiados por el plan económico de la dictadura, hasta se quedaron con bienes de los desaparecidos”.
Héctor “Chinche” Medina tenía 17 años cuando fue detenido en el SI. Militaba en la Juventud Guevarista, enrolada en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Salió en libertad cuando cumplió 22. “En ese momento también sufrí la desaparición de mi hermano y los tormentos que padecieron familiares míos”, recordó el testigo en la causa Díaz Bessone. Medina espera que la de hoy “sea una sentencia ejemplar como en el primer juicio”.
El sindicalista telefónico, integrante de Familiares, sostuvo: “Es necesario que la población acompañe y respalde a querellantes, testigos y sobrevivientes, porque de esta manera también se empuja a que el tribunal dicte un fallo ejemplar”. Medina reclamó, además, el avance de otras causas por delitos de lesa humanidad. “Hay cuestiones pendientes en la causa «Feced residual». Igual celebramos el reciente procesamiento a 16 genocidas. Además, en esa lista está el representante de la Iglesia católica, el cura Eugenio Zitelli, que fue capellán de la Policía de Feced”, concluyó.
