Un jardinero de 38 años fue condenado a 18 años de prisión en un acuerdo abreviado realizado la semana pasada donde aceptó su responsabilidad en el crimen de un gendarme retirado de 65 años, ocurrido el 21 de abril de 2014. La víctima falleció de tres impactos en el pecho tras resistir un asalto cuando estaba de custodio en la puerta de un comercio de Biedma y Cafferata. En el frustrado robo se produjo un intercambio de disparos entre dos motociclistas y el ex gendarme, en el que también resultó con un tiro en el tobillo la esposa del dueño del local.
El asesinato del gendarme retirado Ubaldo Miranda ocurrió minutos después de las cinco de la tarde del pasado lunes 21 de abril de 2014 en la puerta de Casa Marcelo, un comercio tipo bazar que también vende electrodomésticos ubicado en la esquina de Biedma y Cafferata, en barrio Alvear. El uniformado retirado trabajaba de custodio, con indumentaria de civil. Ese día, poco más de media hora después de la apertura del local, llegaron dos motociclistas y bajaron con aparente intención de robo. Uno de ellos se trenzó en lucha con Miranda cuando éste le cortó el paso en la entrada para evitar el atraco. El desenlace fue un enfrentamiento en el que uno de los ladrones resultó herido de bala en la pierna; la mujer del dueño, Mariela C., en un tobillo, mientras que el ex gendarme cayó ultimado de tres disparos distribuidos en tórax, zona lumbar y hombro.
Tras la sangrienta escena, los atacantes se dieron a la fuga en sus vehículos sin concretar el robo, describieron en dicha oportunidad los pesquisas.
Una hora después del asesinato, ingresó a la guardia del hospital Roque Sáenz Peña Roberto Martín Ojeda, por aquel entonces de 36 años, quien presentaba una herida de arma de fuego en el glúteo izquierdo. El herido declaró ante los uniformados que estaban en el centro de salud. Contó que había sido asaltado mientras conducía un remís trucho.
Sin embargo hubo algunas contradicciones en los testimonios de sus familiares, que se sumaron a la descripción aportada por testigos del homicidio y que llevaron a los investigadores a sindicarlo como el principal sospechoso y luego detenerlo.
Hasta ese momento las pruebas eran endebles. Por ello el fiscal imputó en libertad a Ojeda, quien dijo que además de ser remisero tenía como profesión la jardinería.
Pasaron cinco meses y el 24 de septiembre de ese año, el fiscal, Pablo Pinto, recibió el informe del ADN que los peritos sacaron de las manchas de sangre que habían quedado en la escena del crimen. Los resultados identificaron que el material genético pertenecía a Ojeda, por lo que fue apresado y al día siguiente imputado como uno de los autores del crimen de Miranda y del disparo que recibió la esposa del propietario.
El juicio abreviado
El acuerdo que firmó el acusado estuvo avalado por el tribunal compuesto por los jueces José Luis Suárez, Juan Carlos Leiva y Alejandro Negroni. A su vez, la instancia estuvo avalada por el fiscal Pinto, la defensora pública, Melania Carrara, y en representación de la querella, el letrado Marcos Cella.
En ese marco, Ojeda reconoció su responsabilidad en el hecho y aceptó el acuerdo a 18 años de prisión por los delitos de robo doblemente agravado por uso de arma de fuego y por lesiones en grado de tentativa en concurso real y homicidio criminis causa agravado por el uso de arma de fuego. Esta pena a prisión efectiva vencerá el 15 de septiembre de 2030. Además, el tribunal declaró al convicto reincidente por segunda vez, a pesar del pedido de inconstitucionalidad planteado por la defensa del convicto.
Un hijo muerto bajo balas policiales
Roberto Ojeda era el papá de Jonathan, un adolescente de 16 años que fue asesinado por una bala policial en octubre pasado en la zona sudoeste. El autor del disparo fue el uniformado César R., de 38 años, quien a pesar de que acumulaba ya para esa fecha además de este hecho media docena de denuncias por lesiones, abusos de armas de fuego y amenazas, salió caminando de Tribunales este año, en el que se le sumaron al menos otras tres denuncias por apremios ilegales y por dispararle a su ex pareja. La Justicia lo liberó con el compromiso de internarse en una clínica psiquiátrica.
La investigación por la muerte del adolescente quedó a cargo del fiscal de Homicidios Dolosos Florentino Malaponte y cuenta con dos relatos diametralmente opuestos. El del policía, que habla de un enfrentamiento tras el robo de una cartera, y el de vecinos, que aseguran que Jonathan no se resistió y que las “pruebas” fueron plantadas.
