Humberto Zambon (*)
En la economía moderna coexisten formas de producción diferenciadas, aunque tengan áreas en común que se superponen, lo que permite hablar de una economía dividida en sectores: el privado, sujeto fundamental de la economía capitalista, el público o estatal y el social, que está conformado por las cooperativas, mutuales y formas nuevas, como las empresas recuperadas; a pesar de que el tercero, el social, tiene importancia creciente, en esta nota nos limitaremos a los dos primeros sectores, que son los más importantes, lo que ha posibilitado que algunos autores sostengan que la economía actual es mixta y no capitalista pura.
Cada uno de los sectores en consideración, tienen sus propios objetivos y, consecuentemente, su propia lógica de acción. El privado o capitalista tiene como principal objeto la obtención de ganancia. Los privados invierten en una empresa en función del rendimiento que se supone va a reportar; es decir, se espera que la empresa se autofinancie y genere excedentes para su distribución entre los socios o accionistas. Los directores ejecutivos de estas empresas (que por efecto del colonialismo cultural ahora llaman por su sigla inglesa CEOs) miden su éxito en función del crecimiento de las empresas y de los dividendos que se puedan lograr.
Por el contrario, el sector público tiene como objetivo satisfacer el interés general de la población, ya sea mediante la prestación de servicios indivisibles, que se pagan con impuestos, como es el caso de la enseñanza, la Justicia o la seguridad; o de bienes divisibles, que se pagan en función de su consumo, como algunos servicios públicos prestados directamente por el Estado.
El área económica de intervención estatal ha estado en crecimiento, especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente abarca actividades que tradicionalmente eran exclusivas del sector privado, con empresas de producción y/o comercialización públicas o mixtas, en algunas oportunidades como monopolio de hecho o derecho y, en otras, como complemento o competencia de las empresas privadas.
Lo importante es comprender que estas empresas públicas tienen como objetivo el bienestar social, por lo que su eficiencia se debe medir con patrones diferentes a los privados; el autofinanciamiento o el superávit que eventualmente logren se subordinan al cumplimiento de sus objetivos. Por ejemplo, Correo Argentino llega hasta el último pueblo del interior, cuya escasa población no llevaría a ninguna empresa privada a instalar una sucursal; la integración territorial y las posibilidades de comunicación de sus habitantes son el objeto principal de la empresa y no debe interesar si estas actividades dan déficit o superávit; las zonas rentables, donde compite con la empresa privada, permiten financiar al resto de sus actividades, pero, en última instancia, no importa si el resultado final es un excedente neto o un déficit que requiere sea cubierto por el Tesoro nacional.
Algo similar ocurre con Aerolíneas Argentinas, cuya función importantísima es integrar el enorme territorio nacional con población relativamente escasa. Sería irracional evaluar los diversos servicios de vuelo programados en función de su autofinanciamiento cuando es prioritario el objetivo de la integración; por otra parte, es lógico que, como a casi todas las aerolíneas del mundo, sea necesario subsidiar.
Un caso muy importante es el del conocimiento. No es lo mismo un pueblo capaz de construir radares, poner en órbita a satélites espaciales o que domine la técnica de producir energía nuclear, que aquel sin nivel de conocimientos para hacerlo. La generación del conocimiento, su transmisión y su aplicación práctica en la actividad económica mediante empresas especializadas es una función del sector público. Del conocimiento se beneficia toda la población; es que la investigación y la ciencia, tanto teórica como aplicada, tiene un efecto multiplicador muy importante, que genera economías externas disponibles para toda la sociedad y permite desarrollar centros de excelencia que se potencian y que impulsan el desarrollo económico con la participación auxiliar de empresas del sector privado.
Lo grave, social y políticamente, ocurre cuando se pretende aplicar la lógica de la empresa privada al sector público. Es lo que ocurrió con Carlos Menem-Domingo Cavallo cuando levantaron los servicios ferroviarios “porque no eran rentables”, produciendo un daño profundo a la economía nacional y a grandes capas de la población, llegando a la desaparición de pueblos enteros. O cuando se privatizaron Correos, Aerolíneas, Hidronor, YPF y tantas otras, y que aún hoy, más de veinte años después, el país sufre sus consecuencias que no han podido ser totalmente revertidas.
Esa lógica privatista volvió con Mauricio Macri. Se designó a ejecutivos, imbuidos en la lógica de las empresas privadas, a dirigir al sector público, lo que algunos periodistas, mezclando griego clásico con inglés moderno, denominaron la “CEOcracia”. El plan nuclear-energético fue suspendido, hubo despidos en el sector, incluyendo a la planta de agua pesada en la Patagonia. También estuvo en riesgo el Invap, que tiene grandes logros tecnológicos (como el diseño y construcción de los satélites de comunicación argentinos) y que ha exportado tecnología a Australia y a Egipto. Un símbolo de la política de Macri fue que el mismo día en que se conocía la noticia que el Invap había recibido el premio a la innovación industrial en Washington en la cumbre de Seguridad e Industria Nuclear, por el uso del uranio de bajo enriquecimiento, el entonces presidente de Arsat (que administra los satélites de comunicación), Rodrigo de Loredo, cuyo principal antecedente en comunicaciones parece haber sido su carácter de yerno del ministro del ramo, anunció la suspensión de la construcción del tercer satélite (el Arsat-3) por problemas de comercialización y autofinanciación.
El daño que produjeron esos ejecutivos de empresas privadas puestos al frente de diversas áreas de gobierno y de empresas públicas durante las tres experiencias neoliberales, con su lógica propia del sector privado, ha sido enorme y todavía lo estamos pagando. Es de esperar que el pueblo argentino haya aprendido la lección.
(*) Doctor en economía. Ex decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue y ex vicerrector de la Unco. De vaconfirma.com.ar
