El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de Rosario condenó este jueves a tres personas a penas de entre seis y trece años de prisión por el delito de trata de personas para la explotación sexual cuya víctima fue una adolescente que en 2013 captaron en Casilda y la retuvieron en la capital provincial. La investigación fue requerida a juicio por el titular de la Fiscalía federal 2, Claudio Kishimoto y concluyó con la intervención de la Fiscalía General N° 3, a cargo de Federico Reynares Solari, que en su alegato había solicitado penas de entre diez y 15 años, al igual que la querella representada por el Centro de Asistencia Judicial (CAJ) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe.
La causa conocida como Heredia data de finales de 2013 y principios de 2014, época en la cual Jota –única víctima, por entonces de 17 años–, fue captada por un vecino, quien mediante diferentes artimañas y amenazas fue trasladada desde la ciudad de Casilda hasta la capital provincial con la finalidad de ser explotada sexualmente hasta que logró escapar luego de una brutal golpiza y pedir ayuda en una comisaría.
Por este caso, el TOF3 –integrado por los magistrados Osvaldo Alberto Facciano (en la presidencia), Eugenio Martínez y Ricardo Moisés Vásquez– condenó a Orlando Mario Heredia, de 46 años, a 13 años de prisión como autor del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravada por haber mediado engaño, violencia, amenazas y abuso de la situación de vulnerabilidad por haberse consumado la explotación sexual de la víctima y por el carácter de menor de edad de la misma al momento de los hechos.
En tanto, la pareja que le alquilaba al tratante la habitación donde era explotada la víctima, – identificados como Raquel Beatriz Escalante, de 58 años y Miguel Ángel Martínez, de 61– fueron sentenciados a 6 años de reclusión como partícipes secundarios del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravada por haberse consumado.
El TOF3 no hizo lugar al pedido del fiscal general sobre el decomiso de la vivienda que alquilaba la pareja al tratante como al pedido de los 200 mil pesos como reparación para la víctima. El tribunal resolvió sí poner a disposición las actuaciones del fiscal general en cuanto al pedido en los alegatos para que se investigue a Heredia por el delito de abuso sexual. Los fundamentos sobre la resolución del TOF3 se leerán el lunes 2 de marzo en los Tribunales Federales de bulevar Oroño al 900.
El caso
De la investigación llevada a cabo y del testimonio brindado por la víctima en Cámara Gesell, la Fiscalía determinó que a finales de diciembre de 2013, la adolescente fue acogida en un complejo de monoblocks de barrio La Acería, de la capital provincial, para ser luego trasladada a la vía pública por la noche y desarrollar la prostitución en la zona de avenida Blas Parera y Castelli bajo la amenaza por parte de Heredia de que le pasaría algo malo a su pequeña hija.
La acusación también pudo establecer que los encuentros sexuales se concretaban en un hotel ubicado a unas cuadras de la dirección mencionada, y en la casa que alquilaba la pareja que llegó acusada por el mismo delito a juicio oral de calle Aguado al 6800 de la misma localidad.
Mediante artimañas y abusos tanto físicos como psicológicos, la víctima fue trasladada desde Casilda hasta la capital provincial para ser explotada sexualmente. El fiscal también remarcó la situación de vulnerabilidad por la que atravesaba la víctima.
De acuerdo a la instrucción el calvario padecido por la víctima concluyó el 19 de enero de 2014, cuando logró escapar luego de una feroz golpiza propiciada por su tratante Heredia, para radicar la denuncia en la subcomisaría 17ª de la ciudad de Santa Fe, y dar inicio al circuito de protección administrativo legal. Debido a ello, intervinieron en la contención, protección y resguardo la Asociación Civil Casa Joven de la capital provincial, la Secretaría de Niñez de Santa Fe y el equipo interdisciplinario del CAJ de Rosario, cuyos integrantes se constituyeron en querellantes de la causa, entre otras instituciones.
Conforme expresó en su alegato el fiscal general Reynares Solari, la víctima fue luego revisada en el hospital José María Cullen, en donde pudieron comprobarse hematomas y la fractura de su clavícula izquierda. La víctima también participó de los reconocimientos de lugares, en donde identificó el hotel adonde era forzada a ir contra su voluntad, y también a la vivienda perteneciente a la pareja que también se sentó en el banquillo utilizada para los encuentros sexuales. Mientras se realizaba el reconocimiento de este último inmueble salió una mujer a sacar la basura, a quien la víctima identificó como Escalante, quien le abría la puerta para ingresar a la casa cuando era explotada.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) puso énfasis en la situación de vulnerabilidad remarcada por la trabajadora social Andrea De Paul, quien sostuvo que la joven “era una adolescente de 17 años, vivía en un barrio precario, no tenía otros recursos, era jefa de hogar, cobraba la Asignación Universal por Hijo (AUH), no iba a la escuela, vivía con sus padres, pero estaba sola”.
Luego de su huida, la víctima recibió constantes amenazas dirigidas contra su persona, sus familiares y su hija de dos años por parte de Heredia y sus allegados, lo que también quedó registrado en la causa debido a que tardó dos años en poder volver a contar su experiencia en Cámara Gesell por el terror que le infundió el tratante.
La odisea de una adolescente casildense para escapar de las redes de su captor
