¿Sorpresa? El juez estadounidense que tramita las demandas contra la Argentina de los llamados “fondos buitres”, Thomas Griesa, embargó ayer 1.700.000 dólares de una cuenta del Banco Central, en una medida que, tanto para el gobierno como para la oposición, es una consecuencia directa de la pelea judicial y política por el Fondo del Bicentenario y la remoción de Martín Redrado de la presidencia del BCRA. “Es un embargador serial”, se quejó el ministro de Economía, Amado Boudou, quien sin embargo minimizó la medida judicial en el exterior y, en cambio, expuso su alarma por la pulseada doméstica: “Los fondos buitres tienen oficinas en Buenos Aires”, acusó. Y alegó que en los últimos días el riesgo país aumentó 12 por ciento y cayó el precio de los bonos, por “una fuerte presión en contra del canje” propuesto por el gobierno, y que –según proclamó– “sigue su marcha”.
Al hablar en el microcine de su Ministerio, Boudou sostuvo que existe una “conspiración” en contra del canje de deuda que lleva adelante el gobierno para incluir a los “holdouts”, los bonistas que quedaron afuera de la reestructuración de 2005.
Hasta el escándalo de los últimos días, todo parecía marchar viento en popa para la oferta oficial, que contemplaba condiciones más desventajosas que las de 2005, cuando el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner logró una quita de 65 por ciento del valor nominal de los papeles de deuda y una aceptación del 76,5 por ciento de los acreedores. Ahora las condiciones cambiaron. El embargo de Griesa hizo lugar a una acción interpuesta por los fondos NML Capital, Elliot y Dart, que forman parte de los llamados “holdouts” y vieron una brecha para obtener mejores chances que las que les espera en el nuevo canje. Pero Boudou no se alteró: “Esperamos salir rápidamente de esta situación. El canje sigue su marcha”, aseveró.
Sin embargo, a la par denunció maniobras internas contra la operatoria: “Pareciera que hay una conspiración en contra del gobierno, que quiere llevar adelante el canje de deuda en cesación de pagos y para que pague las más altas tasas posibles”, dijo.
Boudou no dudó de tildar a Griesa de “un embargador serial” ya que años antes había embargado, con el mismo fin, fondos de la Ansés, que luego fueron liberados por un tribunal de segunda instancia. Pero hizo hincapié en lo que identificó como una “conspiración mafiosa”, en la que incluyó a “sectores de la Justicia, ex funcionarios del gobierno, y a la oposición”. Y exhortó al vicepresidente Julio Cobos para que “juegue su rol y no sea el jefe de facto de la oposición”.
“Hay quienes dentro del gobierno parecen favorecer a los fondos buitre y que prefieren hacer operaciones de endeudamiento de Argentina a tasa alta”, agregó Boudou, y embistió contra Martín Redrado, a quien denominó “el ex presidente del Banco Central”, y le pidió “que haga lo que tiene que hacer”. Redrado, empero, algo hizo: desde su sillón en el BCRA –el directorio le limitó los poderes especiales que tenía hasta su remoción– ordenó al representante legal en Nueva York que apele el embargo de fondos. La instrucción fue dada al estudio Sullivan & Cromwell. El bufete deberá lidiar, más que con la cifra del embargo –que en cuentas del tamaño de la deuda externa disputada no es significativa–, con la pérdida de la operatividad de la cuenta que el BCRA tiene en la Reserva Federal de Nueva York, ya que quedó virtualmente inutilizada al ser pasible de otras acciones judiciales de embargo.
