Un hombre de 33 años fue procesado este martes por disparar a finales de septiembre pasado contra el edificio de los Tribunales Federales de bulevar Oroño 940. El titular del Juzgado Federal 4, Marcelo Bailaque lo acusó como autor de los delitos de “intimidación pública, tenencia de armas de fuego, agravadas por haberse cometido con el fin de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”, le dictó un embargo de 200 mil pesos sobre sus bienes y dispuso que fuera alojado en un penal federal, según describieron voceros del Ministerio Público Fiscal (MPF) en su página oficial fiscales.gob.ar.
La investigación está a cargo del representante de la Fiscalía Federal N°1 de Rosario, Javier Arzubi Calvo, y se inició el 28 de septiembre luego de que se detectara la existencia de un impacto de bala en la garita de seguridad de la Prefectura Naval Argentina, ubicada en el frente de los Tribunales federales rosarinos.
Ante esa situación, el fiscal dio intervención al personal del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina y le encomendó al Gabinete Científico Rosario una serie de peritajes. Una de las medidas fue solicitar los registros de las cámaras de seguridad del edificio y zonas aledañas, así como el análisis de los teléfonos celulares que hubiesen registrado actividad en las inmediaciones.
Fue en ese marco, que los pesquisas reconstruyeron el ataque ya que las filmaciones tomaron a un hombre que llegó caminando alrededor de las 3 desde calle Rioja, se paró frente al portón del palacio de Justicia, montó el arma y disparó en dirección a la garita de seguridad.
Luego, el tirador volvió a dirigirse por Oroño hacia Rioja y las cámaras lo perdieron de vista cuando cruzó calle Santa Fe. Con esos datos, los investigadores determinaron que el imputado salió de su vivienda, en la calle San Lorenzo al 2200 –casi esquina con bulevar Oroño-, y caminó las cuatro cuadras de distancia hasta el edificio de los tribunales. Una vez allí, efectuó dos disparos contra la garita de la Prefectura, tras lo cual se retiró a pie del lugar hacia su casa.
El 12 de octubre pasado, el sospechoso, identificado como Guillermo Camarasa, de 33 años, fue detenido en esa dirección e imputado por haber disparado con un arma de fuego en dos oportunidades contra la garita de seguridad donde está Prefectura, “con la finalidad de aterrorizar e intimidar a la población y amedrentar al personal policial, magistrada/os, funcionarios/as y/o empleada/os judiciales que allí prestan servicios, provocando además daños materiales en la garita aludida al impactar uno de los proyectiles contra el vidrio de la estructura”, explicaron los voceros judiciales para agregar que “al prestar declaración indagatoria, dos días después de su detención, el imputado negó los hechos atribuidos”.
Además, los pesquisas establecieron que el hombre contaba con una condena previa por el delito de robo calificado por la utilización de arma de fuego no apta para el disparo, agravado por la participación de menor de edad para cometerlo. Por ese hecho, cometido el 29 de octubre de 2011, recibió una pena unificada de siete años y diez meses de prisión y su declaración de reincidencia.
El jueves pasado hubo novedades en esta causa cuando el fiscal Arzubi Calvo solicitó tres allanamientos: uno fue en el penal federal de Rawson y otros dos en domicilios de la ciudad para recolectar indicios que llevaran a determinar al autor intelectual del atentado y determinar el móvil. Justamente, la celda allanada fue la de René “Brujo” Ungaro, líder de una conocida narcobanda de zona sur vinculada con el grupo de Esteban Alvarado, porque numerosos indicios apuntaron a que Camarasa se había comunicado con el interno de alto perfil alojado en la Unidad Federal N° 6 de Rawson.
A la vez trascendió que hubo otros dos operativos en barrio Grandoli, específicamente en el Fonavi del Parque del Mercado donde creció Ungaro, en Sánchez de Thompson al 200 bis y también en Ísola al 100 bis, donde hay una casa de reparación de telefonía celular en la que se presume que Camarasa vendió un celular.
Filmaciones y registros de internos del penal permitieron luego verificar que la persona del otro lado de la línea era el Brujo Ungaro, con quien Camarasa había compartido pabellón en la Unidad Penal 11 de Piñero tiempo atrás.
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A pesar del hermetismo de la pesquisa, algunos trascendidos de fuentes relacionadas a la causa ya apuntaban desde ese 13 de octubre a la relación del Brujo con el sospechoso debido a que las fuerzas federales hicieron otro allanamiento en un departamento, ubicado en Sánchez de Thompson al 200 bis, en el Fonavi del Parque del Mercado. En esa oportunidad, los uniformados tenían el dato de que Camarasa le cuidaba la casa a una familiar del Brujo, aunque los resultados de todos estos peritajes no se dieron a conocer aún.
Con respecto a la situación procesal de Camarasa, este martes se conoció que el juez Bailaque lo procesó con prisión preventiva como autor de los delitos de “intimidación pública, tenencia de armas de fuego de uso civil sin la debida autorización legal y anonimato, agravadas por haberse cometido con el fin de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.
En su resolución, el magistrado consideró probado que el hombre “se encontraba en poder de un arma de fuego, en la vía pública, el día del hecho imputado; y que además no contaba con la debida autorización legal para dicha portación”, explicaron voceros del MPF.
“Esto es así, independientemente de que no se haya, hasta el momento, hallado el arma utilizada, porque con las filmaciones de las cámaras de seguridad del Tribunal, sumadas al informe balístico, peritaje final, e informe de la ANMAC, nos permite sostener el encuadre de la conducta en este tipo”, consideró Bailaque.
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