Esteban Guida y Rodolfo Pablo Treber*
La semana pasada, la Cámara de Diputados de la Nación, dio media sanción a la Ley de Presupuesto Nacional 2023. Se trata de una ley fundamental, que todos los años define los parámetros y establece el criterio de uso de la principal herramienta de intervención que tiene el sector público: el gasto público.
Los medios de comunicación repitieron casi textual los puntos que fueron motivo de debate en el recinto, y que, finalmente, modificaron en parte la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo, que será tratada en estos días en la Cámara de Senadores.
Cuando se analizan en detalle estos temas, se observa que la discusión está muy lejos de abocarse a solucionar los graves problemas de la economía argentina. Hay un acting de debate público que simula oposición y apego a las fuentes ideológicas de cada sector, pero cuando se analizan en rigor las propuestas y finalmente las votaciones, se ve claramente el alineamiento que existe con el actual modelo económico, que en casi nada se diferencia del heredado del gobierno anterior. Ya no hay interés en discutir el actual estado neocolonial del país, subordinado a los poderes extranjeros, sino apenas el reparto de los saldos que quedan para atender las pretensiones de los sectores con mayor poder de decisión.
El tenor de esta agenda, da por aceptados los mecanismos que generan el desastre económico infligido en el que vivimos. Como se ha abandonando la idea de Nación (como si ya no fuera más posible pensar en eso) no se discute la política económica; sólo algunas medidas aisladas que quepan en el escaso margen de decisión que deja el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, celebrado por el gobierno del Frente de Todos, y aplaudido por la alianza que gobernó hasta 2019.
La ausencia de una discusión profunda, dedicada, con fundamentos, hace que los diputados validen un ajuste hacia adentro, mientras se consolida la explotación injusta de la riqueza y el trabajo nacional, con la pasividad y/o complicidad de los gobiernos de turno. A la par del ajuste en términos reales en las áreas más sensibles de la inversión pública, se ratifica un gasto financiero para pagar intereses, que a su vez genera una fenomenal emisión monetaria, abultando explosivamente la deuda fiscal y cuasifiscal del país.
Esta gestión financiera (ausente en el debate parlamentario) genera, por un lado, una exorbitante ganancia para los bancos, que con o sin crisis, sostienen su abultada rentabilidad, muy por encima de la media mundial del sector. Por el otro, cumple con un claro objetivo de frenar la economía (mantenerla en recesión), con la excusa pública de frenar el ritmo inflacionario, pero en rigor de verdad, con el fin de liberar recursos (divisas) para el pago de la deuda pública y privada, y los giros al exterior de dividendos y rentas de la inversión extranjera en el país. En otras palabras, el verdadero objetivo del programa económico, y del presupuesto público, es estrangular la economía argentina para así tener la mayor cantidad de saldos exportables de producción que, ahora sin acceso al crédito internacional, permita financiar la histórica fuga de divisas, ahora restringida para los residentes locales.
La contradicción queda expuesta con las mismas políticas que está desarrollando el gobierno. Con una base monetaria sin crecimiento desde hace cuatro meses, la explicación monetarista de la inflación ya no alcanza para explicar este fenómeno. El dólar paralelo (ilegal) tampoco aumentó desde julio de este año. Es el momento de observar lo que está pasando en la economía real para comprender la gravedad de lo que está ocurriendo, y la responsabilidad del gabinete económico en el asunto.
La inflación también se explica por la escasez problemática de bienes e insumos claves para mantener el aparato productivo en funcionamiento
En efecto, si la inflación fuera un verdadero problema a enfrentar, el gobierno debería estar enfocado en expandir al máximo la oferta agregada y regular con criterio político la provisión de productos básicos, servicios regulados y de sectores oligopolizados. Pero la gestión económica del gobierno, aplaudida por los representantes extranjeros, anima el incremento del costo financiero, permite aumentos en tarifas y regulados, y lleva al extremo el cierra de las importaciones clave para la producción (no para proteger y desarrollar la industria nacional, sino para limitarla según exige el FMI). Este combo obstruye además toda chance de quebrar los mecanismos que concentran y extranjerizan la economía, aspectos que históricamente han condicionado cualquier interno de desarrollar un proyecto nacional de crecimiento con justicia social.
En este contexto, la inflación no solo se explica por el tradicional comportamiento especulativo de ciertos sectores, sino que también por la escasez real y problemática de bienes, insumos y productos clave para mantener el aparato productivo en funcionamiento.
A pesar de que en el discurso el gobierno dice llevar adelante “una guerra contra la inflación”, esta es el resultado de sus medidas y se constituye una herramienta clave para dar cumplimiento con el programa acordado con el FMI. Visto desde los intereses del organismo, la inflación se transforma en el mecanismo más efectivo para alcanzar el objetivo pretendido. Aunque se haya previsto revisar el presupuesto en agosto de 2023, finalmente el ajuste del presupuesto 2023 estará dado por la inflación que ocurra. Ninguna novedad…
Mientras todo esto pasa, la Argentina se encamina a lograr el récord histórico de exportaciones en 2022, con más de 90 mil millones de dólares. Sin embargo, no hay una sola propuesta para que esta performance exportadora se traduzca en una mejor calidad de vida digna para los argentinos. Por el contrario, se siguen obstruyendo los vectores que podrían vincular este récord exportador con una política de desarrollo del mercado interno y de la industria nacional, solución al hecho de que seis de cada 10 habitantes estén con problemas laborales, y por lo tanto, problemas económicos, sociales, de desigualdad, injusticia y violencia.
Paradójicamente, estos pretendidos saldos de exportación, se transforman en parte del problema. Dado que el país no tiene proyecto propio de desarrollo y el gobierno impide expandir su producción manufacturera, la compra de divisas por parte del BCRA con el objetivo de “fortalecer las reservas” (tal como establece el acuerdo con el FMI), implica una gigantesca emisión monetaria que debe ser absorbida mediante colocaciones a tasas exorbitantes. Se trata de una burbuja especulativa que crece descontroladamente con gravísimas consecuencias para el Estado y para todo el país. Este tipo de cosas invita a pensar que los legisladores han decidido tragarse el elefante y colar el mosquito.
El modelo actual impuesto a la Argentina está diseñado para mantener una economía primarizada, con saldos exportables crecientes y mecanismos de fuga selectiva de divisas en beneficio de intereses foráneos. Y el presupuesto aprobado por Diputados no toca una tilde de eso. No es de extrañar que el descontento social y la frustración con la dirigencia se encuentre en franco crecimiento.
La pobreza política del debate parlamentario muestra que, lamentablemente, la dirigencia actual tiene objetivos divergentes de los que el pueblo de la patria tiene por sus problemas cotidianos, pero también por su vocación histórica de liberación. Algunos quieren dar por muerto este espíritu que, con reales aspiraciones y concretas realizaciones, hizo alguna vez posible conducir la Argentina en dirección hacia una Nación económicamente independiente, políticamente soberana, y socialmente justa.
Cometen un graso error quienes pretenden dan por terminado el deseo fervoroso de vencer de un pueblo que no ha perdido sus valores trascendentes.
*Fundación Pueblos del Sur
fundacion@pueblosdelsur.org
