El fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Pablo Socca, que este miércoles acusó a 16 personas de integrar una asociación ilícita que desplegó delitos violentos en el barrio Godoy con la presunta venia de Ariel “Guille” Cantero, se mostró hastiado por el hecho que la mayoría de los imputados actuó desde la prisión. “Lo único que hay que hacer es tratar de que no se cometan más delitos desde el interior de la cárcel vía teléfono celular. Si las autoridades gastan tanta plata en operativos, policías, fiscales y jueces pero no logran impedir el ingreso de esos teléfonos esto no tendrá final. No entiendo cómo sigue pasando y no tengo la solución: desde mi unidad, la de balaceras, hacemos lo que está a nuestro alcance”, expuso.
En una extensa audiencia, Socca imputó al convicto Jonatan Agustín “Amigo” Camino y a otras quince personas (a las que se suman tres prófugas y otras tres cuya causas tramitan en el fuero de menores) por un despliegue de violencia en el extremo oeste, bajo la carátula de asociación ilícita.
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“Esta organización criminal procuró ocupar y dominar sectores y barrios de la ciudad de Rosario –principalmente Barrio Godoy, Villa Nueva y Bajo Cullen (nombre con en el que los investigadores designan un sector de barrio Triángulo)– y excluir de allí a bandas antagónicas con el fin de obtener beneficios económicos producto de diversas actividades ilícitas. Para llevar a cabo ese objetivo, los integrantes de la asociación cometieron diversos delitos, entre otros: homicidios, lesiones, robos, encubrimientos, amenazas, extorsiones, usurpaciones, abuso de armas, portación y tenencia ilegal de armas de fuego y venta ilegal de estupefacientes”, señaló el fiscal.
La organización criminal funcionó al menos desde los primeros días de marzo de 2020, fecha en la cual se le secuestró a Pablo Nicolás Camino (hermano de Jonatan, condenado por los homicidios de Rubén “Tubi” Segovia y de Andrés Farías) en la cárcel de Piñero un teléfono celular y del peritaje se extrajo diversa información que daban cuenta de la existencia a esa fecha de una asociación ilícita, la cual funcionó hasta el 1° de octubre de 2021, fecha en que se produjo la detención de varios integrantes de la banda que estaban en libertad en el marco de un megaoperativo.
Más allá de las atribuciones a cada integrante, Socca dejó en claro su fastidio por la repetición de un patrón criminal que ya se ha visto en investigaciones similares. “Ésta asociación ilícita no es muy diferente a otras asociaciones que responden a otros líderes renombrados del hampa. La mayoría de los ilícitos imputados fueron ordenados desde la cárcel y se pudo probabilizar que esta banda respondería o tributaría a Guille Cantero. Podría ser una subestructura de las varias que hay, que no necesariamente se conocen entre sí, pero que todas le reportan a Cantero, cuya carrera en el mundo delictivo es tan exitosa que se ganó el derecho de cobrar a quienes quieren ejercer violencia. Para ser ladrón, barrabrava o narco, hay que pagarle a él”, dijo a LT8.
La franquicia que expuso la investigación, término que surgió en los últimos tiempos para describir células o subestructuras criminales que tienen actividades ilícitas lideradas por diferentes personas pero que podrían reportar o depender finalmente de un liderazgo único y común de otras personas, respondería, primero, a Pablo Camino, quien a su vez reportaba a Guille Cantero y a otro hampón de la banda los Monos preso en Piñero, Leandro “Pollo” Vinardi, quien cumple condena por el homicidio de Sergio Pared. La sombra del Pollo asoma además en la ola de violencia que vive Villa Gobernador Gálvez, escenario de extorsiones, como la saga de balaceras que tuvo como víctima a comercios de la familia de un corredor automovilístico cuyos pormenores se ventilaron en una audiencia reciente. El otro capítulo corresponde a la franquicia de la localidad de San Lorenzo; allí le atribuyen el gerenciamiento a Marcos Jeremías «Pato» Mac Caddon.
Dos mujeres fueron acusadas de integrar una asociación ilícita liderada por Guille Cantero
Socca admitió “cierto desgano porque toda investigación conduce a los mismos lugares y a las mismas personas, las que ya están presas y, algunas, tienen condena”. Aunque a la investigación realizada como “exitosa y producto de la coordinación con los juzgados federales y otras unidades fiscales”.
“Sería ingenuo pensar en que no hay connivencia” con los poderes, explicó Socca y aclaró que “los internos tienen derecho a comunicarse con el exterior, pero hay que regular ese derecho, para que con esas llamadas no se organicen extorsiones y balaceras”.
La investigación
Un informe del ECI (Equipo Conjunto de Investigación de la fiscalía federal y el MPA) señaló que una de las zonas donde se observaba mayor criminalidad violenta y delitos vinculados al tráfico de sustancias estupefaciente era el barrio Godoy.
“La imagen con la empezamos fue aportada a partir de los datos colectados en investigaciones que se encontraban en curso en ambos fueros. Ello daba cuenta de que era un grupo vinculado a Esteban Alvarado el que comercializaba estupefacientes con cierta prevalencia en la zona. Este grupo, presuntamente actuaba bajo las órdenes de su hombre de confianza, Nicolás Marcelo «Fino» Ocampo, señalaron los investigadores.
Al asesinato de Fino, cometido en abril de 2021, le sucedió una serie de balaceras, homicidios y extorsiones que dio por terminada la hegemonía de Alvarado en ese territorio. Ahí entró en escena Pablo Camino, quien –dice el informe– logró el control del territorio e impuso una franquicia del clan Cantero que aún se encuentra en ejecución, “razón que explica por qué el barrio Godoy continúa siendo uno de los lugares con mayor índice de hechos violentos de Rosario”.
“El resultado concreto de la pesquisa –señala el ECI– mostró a las claras el carácter dinámico que presenta el fenómeno del tráfico ilícito de drogas en general y en Rosario en particular, donde se vivencia un clima de disputa constante entre diferentes organizaciones criminales sobre los territorios y puntos de venta”.
