La avanzada para desarticular a la banda de Los Monos y otros grupos delictivos permite soñar que algo está cambiando en la Justicia y en el gobierno provincial a la hora de abordar el crimen organizado. No sólo por primera vez se está persiguiendo en serio a un grupo cuyo reinado se orienta al menos 15 años atrás, sino que se intenta trabajar como siempre debió hacerse, en equipo, cruzando información y en interacción con las áreas de seguridad pública. Como ejemplo vale aquella postal del 1º de junio pasado, cuando un puñado de fiscales con muchos años en el Poder Judicial y desacostumbrados al vértigo de la acción de calle protagonizaron el megaoperativo en el corazón de barrio La Granada, frente a la casa de la familia Cantero, con respaldo e instrucciones precisas de sus superiores y dirigiendo el proceder policial a la hora de las detenciones y la recolección de pruebas.
Esa postal no es frecuente, al contrario, es la excepción. Y como se demostró en los últimos quince días, no hacía falta que entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal con su ejército de fiscales y jueces de garantías para que eso ocurriera, sino señales claras, decisión y voluntad desde las altas esferas de los poderes judicial y ejecutivo.
La promoción de Jorge Barraguirre como procurador de la Corte fue un acierto invalorable del gobierno provincial para operar estos cambios. A pesar de que su padre y abuelo fueron ministros de la Corte santafesina, Barraguirre, lejos de pertenecer a esa corporación judicial conservadora por antonomasia, tiene una visión del Poder Judicial que puede resultar más próxima a la de la corriente Justicia Legítima.
Sin embargo, las cosas no son lineales. Vale observar que esta semana Barraguirre no tuvo que discutir con antiguos personeros de la corporación judicial que le desconfían y siembran los Tribunales de habladurías en su contra, sino que se cruzó con el fiscal federal Juan Murray y el defensor provincial general Gabriel Ganón, ambos enrolados en Justicia Legítima, porque en garrafal error de cálculo (y tal vez en esta ocasión les haya jugado una mala pasada su doble condición de militantes/adherentes kirchneristas y funcionarios judiciales), salieron en tándem a disputarle a la Justicia provincial la investigación sobre Los Monos, para lo cual recurrieron a una interpretación jurídica no descabellada, pero demasiado fina y discutible para la importancia de lo que estaba en juego y en un momento en que por primera vez hay señales de que se quiere avanzar sobre la banda y aparecieron resultados.
Además es de público conocimiento que en Rosario hay otras bandas dedicadas al narcotráfico, además de Los Monos y el prófugo Bassi, por lo que materia de trabajo hay para todos. También la impasible Justicia federal de Rosario debería empezar a dar señales y mostrar resultados.
Infiltrados
Nueve meses atrás, después de la ejecución del Fantasma Paz en Entre Ríos y 27 de Febrero en la siesta de un sábado, el jefe de la Policía Omar Odriozola le preguntó al gobernador Bonfatti con qué tipo de respaldo contaba para avanzar sobre las bandas. “Respaldo total”, fue la respuesta que escuchó. Desde entonces, la información recolectada –en su mayoría escuchas telefónicas autorizadas por el juez de la causa– sólo fue compartida por tres personas: el gobernador, el ministro de Seguridad y el jefe de la Policía provincial.
El temor a la filtración de información estuvo siempre presente. La presencia de infiltrados explica varios hechos, como la ejecución del “testigo” Diego Demarre (titular del boliche donde mataron al Pájaro), que todo indica que fue visto por alguien cuando salía de Tribunales, a donde había ido a declarar, que avisó y probablemente guió a los sicarios hasta él para que lo mataran a veinte cuadras de distancia; o los varios allanamientos donde fiscales y uniformados encontraron la comida caliente sobre la mesa, el lavarropas funcionando, agujeros abiertos a mazazos en las paredes para poder llevarse en la huida el dinero escondido, entre otros casos.
Los Monos tenían espías hasta en la propia Secretaría de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad, creada meses atrás especialmente para investigar a este tipo de bandas.
Por ese caso hay dos policías presos que integraban la brigada operativa de esa Secretaría. Ambas detenciones resultan conmocionantes, porque es increíble que se haya ido a seleccionar personal policial con la condición de ser probo y a poco de andar se comprobara que entregaban información y hasta legajos de los investigadores.
No hay dudas de que fue un error grosero. En las últimas horas, sectores de la oposición buscaron meter presión sobre la secretaria de Delitos Complejos Ana Viglione, una comisaria retirada de filiación socialista, y hasta hubo usinas que especularon con su renuncia. Eso no ocurrirá por el respaldo del gobernador Antonio Bonfatti que, aunque se guarda la opinión sobre el desaguisado, valora que fue la propia secretaria quien desarticuló la red que la había infiltrado y procedió en persona a las detenciones en ambos casos: los citó a su despacho sin explicitar el motivo y una vez adentro les ordenó dejar sobre el escritorio la chapa de identificación y el arma para luego proceder a que personal de las TOE se los llevara tras las rejas. Fuentes de la investigación afirmaron que el tráfico de información se detectó un tiempo antes de las detenciones y que se optó por dejarlos “seguir trabajando” en forma controlada a través de escuchas telefónicas para reunir más pruebas e información sobre sus contactos. De todas maneras, si Los Monos tuvieron capacidad para infiltrar o corromper a ese nivel, es previsible que haya más policías que jugaban de doble agente.
Sólo queda ir para adelante
El gobernador Bonfatti da muestras de ser consciente de estas y otras limitaciones que se le plantean, y de que hay alta probabilidad de que se reiteren tropiezos, pero se aferra a una convicción que repite en la intimidad: “No hay otro camino que ir para adelante”.
Recuerda que a finales del año pasado puso en marcha la reforma policial, que se está capacitando cientos de uniformados que integrarán la Policía de Investigación, futura herramienta con la que trabajará el Ministerio Público de la Acusación Fiscal; no niega la corrupción policial, pero se declara enemigo de las purgas al estilo de las hechas en la Bonaerense porque son un pésimo mensaje para los que no están involucrados en delitos y que igual terminan pagando. Dice, entremezclando queja y autobombo, que todos hablan de lo que hay que hacer con la Policía, pero que excepto Santa Fe nadie está haciendo nada con sus fuerzas de seguridad, ni el resto de las provincias ni la Nación.
Bonfatti se apresta a firmar en las próximas semanas el decreto que fija la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal en algún día del último trimestre del año. Esa es su decisión política, dice, que sólo podría verse afectada en caso que la Legislatura no apruebe los pliegos de fiscales y defensores que faltan, cuestión que hoy no aparece en el horizonte.
Hay dos cuestiones básicas sobre el nuevo sistema en las que todos acuerdan, tanto en el Poder Judicial como en el Ejecutivo: que en los primeros tiempos cabe esperar innumerables dificultades, más propias del cambio cultural que implica para las partes que intervienen en el proceso penal que por las carestías de organización o infraestructura, que son más fáciles de solucionar; y segundo que, a pesar de esto, hay que empezar cuanto antes con lo que haya.
