Las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe rechazaron de plano los proyectos de ley que prevén subas en Ingresos Brutos e impuesto Inmobiliario para el sector agropecuario para financiar el Fondo Provincial del Transporte Urbano y con esos recursos mitigar, en parte, el impacto que tendrá la eliminación de los subsidios nacionales sobre el precio del boleto.
Los proyectos obtuvieron media sanción de la Cámara de Diputados el 25 de octubre. Uno de ellos, elaborada por el diputado justicialista Luis Rubeo, propone duplicar la afectación del impuesto de Sellos destinada a ese fondo para llevarla del 5% actual al 10%. Ese cambio permitirá aumentar en unos 600 millones de pesos anuales el actual Fondo Compensador que rige en la provincia desde principios de 2015. Sobre ese ítem no hubo quejas.
En cambio, genera mucha resistencia en el sector agropecuario el otro proyecto, elaborado por el diputado socialista Rubén Galassi, que consiste en dos cambios sobre el actual esquema tributario. Por un lado, se aumenta la alícuota de Ingresos Brutos para la comercialización granos del 0,25 al 1%. Por el otro, se triplica el impuesto Inmobiliario para los bancos, las financieras y las cerealeras agroexportadoras. Con esas modificaciones, se busca recaudar otros 200 millones que se sumarán al Fondo Compensador.
De sancionarse ambas leyes, los 800 millones de pesos extra que dispondrá la provincia se coparticiparán a municipios y comunas para compensar, en parte, la quita de subsidios nacionales que tendrá impacto directo en el precio del boleto. De todos modos, no alcanzará para reemplazar en su totalidad los recursos, ya que Santa Fe dejará de percibir 3000 millones de pesos (a valores de 2018) y, con la reforma de Fondo Compensador, se apunta a recaudar algo menos de 1000 millones.
Alarmados por la iniciativa de Galassi, representantes de las dos Bolsas –Javier Cervio y Enrique Lingua por Rosario y Carlos Sansevich y Ricardo Mansilla por Santa Fe– se entrevistaron con senadores de los distintos bloques que forman parte de la Comisión de Presupuesti y están analizando los proyectos. Allí manifestaron su rechazo al incremento de Ingresos Brutos y del impuesto Inmobiliario sobre la comercialización de productos agrícolas.
Según las entidades del campo, hay “razones técnicas” por las cuales creen “inapropiado aplicar un incremento a Ingresos Brutos y una alícuota adicional del Impuesto Inmobiliario” para inmuebles utilizados en actividades de comercialización y acopio de productos agrícolas, de transformación de cereales y oleaginosas.
El primer argumento esgrimido es “porque recaerá sobre el sector agrícola y agroindustrial de la provincia, sumamente sacudido por la peor sequía de los últimos 50 años registrada en la campaña que recientemente finalizó (2017/2018)”.
También señalaron que muchos productores están padeciendo un alto nivel de endeudamiento, pérdida de capital de trabajo y una difícil situación financiera derivada de la sequía, además de la alta competencia en el mercado internacional, que se suma a las restricciones de exportaciones de subproductos, como el caso del biodiesel.
Además, indicaron que el sector “sigue tributando una elevada tasa de derechos de exportación sobre bienes de su producción” y que “el incremento en la presión impositiva sobre el sector acopiador y cooperativo producirá menor actividad en este eslabón de la cadena que justamente está localizado en el interior profundo de nuestra provincia”.
A favor de la equidad
El senador socialista Miguel González, que participó del encuentro, dijo que el objetivo es “tratar de lograr los consensos para pensar cómo se hace para equilibrar las cuentas de la provincia, teniendo en cuenta los criterios que ellos (los ruralistas) plantearon, pero todos tenemos que hacer un esfuerzo cuando hay necesidades y la equidad es el criterio que nos debe regir”.
“Escuchamos sus argumentos pero también esgrimimos nuestros argumentos que pensamos que hay que tener en cuenta, como lo que ha pasado con los subsidios al transporte y el combustible y con los impuestos coparticipables que teníamos y que hoy no tenemos”, explicó González a El Ciudadano. “Por supuesto, siempre que aparece un impuesto, el sector al que le toca tributar se resiste, pero la responsabilidad que tenemos nosotros es sostener un criterio de equidad respecto de los recursos y balancear cuando se han tomado decisiones que nos exceden”, en referencia a los recortes de fondos nacionales.
Consultado sobre cómo afectarían los cambios impositivos en el sector productivo, el senador del departamento La Capital contestó: “Ellos plantean que los costos del impuesto se van a trasladar a los productores, pero ese es un punto de vista. Cualquier impuesto es posible trasladarlo a precios, pero la idea es que no lo hagan sino que lo paguen aquellos que en los últimos años han tenido grandes ganancias”.
Además, González indicó que “por esa misma actividad la Nación retrae 100 pesos cada 1000 y en el caso de la provincia sería menos de un peso lo que se pretende recaudar. El impacto que tiene no es el mismo que el que aplica la Nación. Lo que pretendemos es que, si se reclama a la provincia, también se reclame a la Nación. No los hemos escuchado con la misma vehemencia defenderse de tributos nacionales como las retenciones”.
