Leónidas Noni Ceruti**
(*) Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, desarrolló una intensa actividad con los gremios. Pero, a fines de septiembre de 1945, una crisis dentro del gobierno nacional, hizo que aumentaran los cuestionamientos a la labor que llevaba adelante.
El 10 de octubre, los intentos por solucionar la crisis se diluían. Un grupo de sindicalistas, se entrevistó con Perón y se decidió la realización de una concentración, para que se dirigiera a los trabajadores, anunciando su renuncia. Se reunieron 70 mil trabajadores. Perón pronunció un discurso, que se transmitió por la red oficial de radios.
Lo más importante y lo menos recordado fue cuando expresó: “También dejo firmado un decreto de una importancia extraordinaria para los trabajadores. Es el que se refiere al aumento de sueldos y salarios, implantación del salario móvil, vital y básico y la participación en las ganancias.
Dicho decreto, que he suscripto en mi carácter de Secretario de Estado tiene las firmas de los ministros de Obras Públicas y de Marina, y beneficia no solamente a los gestores de la iniciativa –la Confederación de Empleados de Comercio–, sino a todos los trabajadores argentinos”. Luego vendría el histórico 17 de octubre.
Un decreto reivindicador
A los meses, el presidente de facto, general Farrell en diciembre de 1945, dictó un decreto por el que se aumentaban los salarios, se aplicaba el Salario Mínimo Vital y Móvil, se creaba el Instituto Nacional de Remuneraciones, y se instituía el sueldo anual complementario o aguinaldo. Esta medida provoco gran júbilo entre los asalariados e indigno a los sectores patronales.
La reacción empresaria fue inmediata. La Unión Industrial y la Bolsa de Comercio, coincidieron en sostener la ilegalidad de la medida, señalando que era imposible aplicarla, a raíz de las penurias económicas que afligían a las empresas.
El paso siguiente, fue la reunión de dos mil delegados en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Fue la asamblea patronal más numerosa y representativa que se haya reunido en el país, hasta esos años.
Se la denomino “Asamblea Permanente de la Producción, la Industria y el Comercio”, que deliberó sobre el decreto. Se resolvió desconocer las medidas y realizar un lock-out de tres días en todo el país del 14 al 16 de enero de 1946.
Debate entre partidos políticos, gremios, empresarios
Pasaban los días y el decreto no se cumplía. Los conflictos surgidos a partir de su sanción, se harían más fuertes a partir del 7 de enero de 1946, día en el que vencía el plazo para su aplicación.
Comenzaron a producirse asambleas y actos masivos tanto defendiendo como oponiéndose a la medida. Quienes respaldaban el decreto, los trabajadores, los seguidores del gobierno y de la candidatura de Perón a la presidencia, aseguraban que se trataba de un instrumento de avanzada legislación social.
Quienes se oponían, la Junta Ejecutiva del Comercio, la Industria y la Producción, los autodenominados “sindicatos libres” y los partidos opositores, planteaban que la medida era inconstitucional, su esencia demagógica, autoritaria, dictatorial y su finalidad electoralista, por lo que llamaban a los empleadores y trabajadores a entenderse a través de sus instituciones para concertar convenios.
Desde la Unión Democrática, atacaron la medida, a la que entendían como destinada a “someter y domesticar los sindicatos libres”.
Victorio Codovilla, el secretario del Partido Comunista (PC), no se contuvo, y declaró: “El aumento de los salarios debe ser el resultado de las luchas organizadas de la propia clase obrera; el objetivo del peronismo consiste en hacer ciertas concesiones provisionales a algunos sectores obreros para destruir sus organizaciones independientes y de clase, y forzarlas a entrar en sindicatos estatales”.
En el órgano de prensa del PC, en esos días se podía leer “El decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Remuneraciones, es de típico corte nazi. El PC aplaudió el lock-out, reafirmando que el mismo tenía “un contenido de lucha contra el fascismo”.
El diario La Prensa, cubrió las acciones de las dos expresiones, pero lo hizo de diferente manera. De los actos organizados por el oficialismo, los discursos fueron parcialmente reproducidos, enfatizando los disturbios causados en sus desconcentraciones.
En cambio, los eventos de la Unión Democrática y de los “sindicatos libres”, fueron mostrados como reuniones de ciudadanos que se comportaban según las reglas de convivencia y sus discursos fueron transcriptos en forma completa.
La Prensa señalaba en congruencia con los opositores al decreto, su carácter electoralista y se centraba en criticarlo a partir de que restringía las libertades económicas y debilitaba la libre organización sindical. Para el matutino, las medidas del decreto eran incumbencia de la sociedad civil y debían resolverse con la prescindencia del Estado.
Llamaba a la realización de acuerdos en ámbitos privados, entre los empresarios y los trabajadores, respetando los derechos y obligaciones de ambos.
El aguinaldo: factor de “perturbación”
Y se continuaba sin pagarse el aguinaldo. Colas de obreros reclamaban en la Secretaría de Trabajo. El ministro Mercante debió recordar que el decreto daba plazo a los patrones hasta el día 7 de enero de 1946, para hacer los pagos. Pasó esa fecha y la posición patronal se mantenían. Sin declarar expresamente la huelga los obreros y empleados dejaban el trabajo.
Grandes comercios de Buenos Aires eran ocupados por su personal y debieron cerrar bares y cafés. El diario El Litoral, de Santa Fe, imaginaba un escenario apocalíptico y pedía que en una “actitud patriótica” las autoridades eliminaran el aguinaldo, “ese factor de perturbación”; a los industriales y comerciantes, les solicitaba que consideraran las aspiraciones de sus trabajadores “para evitar que el tutelaje de la demagogia se atribuya para sí el éxito de gestiones que deben quedar libradas al entendimiento entre los representantes de los sindicatos libres y las empresas patronales”.
En la delegación regional de Rosario de la Secretaría de Trabajo, se agolpaban los trabajadores para denunciar el incumplimiento y diversos gremios se declararon en huelga exigiendo el cumplimiento del decreto que instauraba el sobresueldo.
La Unión Gremial Obrera Local, que agrupaba en Rosario a los sindicatos llamados “libres”, aconsejaba a sus gremios a adherirse al lock-out. A la vez, no se privó de decir, en un comunicado, que el decreto era “criticable en lo que se refiere a su propósito de controlar y dividir al movimiento obrero, política fascistizante que debe ser rechazada por todo trabajador”.
La Agrupación de Enlace Gremial Obrera de Rosario calificó la medida patronal de “movimiento burgués inspirado desde las alfombras donde se reúnen los magnates de la Industria, el Comercio y la Producción”.
Tres días de lock-out
El primer día de la protesta de los empresarios comenzó con los obreros y empleados dirigiéndose a sus lugares de trabajo, encontrándose con las plantas industriales y los comercios cerrados, en una muestra de la firme decisión de los patrones de cumplir con lo resuelto por las cámaras empresarias.
En la puerta de cada lugar, los trabajadores comentaban la medida y sus derivaciones. Se improvisaban asambleas donde se debatía qué medidas tomar. Algunos planteaban coordinar las acciones de los gremios, y que había que responder enérgicamente a los patrones, ya que era un ataque al gobierno. Algunos gremios respondieron declarando el paro, otros con huelgas de brazos caídos, y en varios casos con ocupación de los establecimientos, reclamando el cumplimiento completo del decreto.
El paro de la industria fue total, salvo las usinas pasteurizadoras de leche. En Rosario, las crónicas destacaron que “escaseaba la leche, el pan y el hielo”. La policía fue reforzada, realizando patrullajes por el centro de la ciudad. La Junta Ejecutiva de la Industria, el Comercio y la Producción, recomendó a los empresarios abonar la quincena puntualmente.
Los gremios se mantuvieron expectantes sobre qué medidas tomar. Los que apoyaban las medidas del gobierno, se debatieron entre realizar manifestaciones o tomar medidas de fuerza, el otro sector, el de los llamados “sindicatos libres” realizaba gestiones con los empresarios para lograr aumentos salariales y que pagaran el aguinaldo al margen de lo establecido en el decreto.
Finalizado el lock-out, los patrones fueron aceptando que no tenían más remedio que abonar los aumentos y el aguinaldo. La Cámara de Grandes Tiendas, anunció el 18 de enero, que cumpliría el decreto.
Al día siguiente la misma declaración formulaban las demás entidades empresarias, aceptando el incremento de salarios, aguinaldo, vacaciones pagas e indemnización por despido injustificado, que quedaron incorporados definitivamente a la Legislación Laboral.
Una vez más, la movilización de la clase obrera, con reclamos, actos y paros, logró que se hiciera realidad lo planteado por el decreto.
**Historiador
(*) Estas líneas pertenecen al libro publicado por el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros Rosario (SOEAR), Memorias del Mañana. Las luchas por el Salario Mínimo, Vital y Móvil, de Leónidas Noni Ceruti.
