El gobierno nacional prorrogó este martes por otros dos meses las restricciones a las exportaciones de carne vacuna, suspendidas en mayo y luego parcialmente reabiertas bajo un sistema de cupos, con el fin de atajar precios en el mercado interno, que crecían a ritmos y valores insólitos. A través de la resolución conjunta 7/2021, fechada este lunes 30, y publicada en el Boletín Oficial de este martes, los ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura prorrogaron hasta el 31 de octubre próximo la limitación de los embarques de carne al exterior hasta un 50% del promedio exportado el año pasado. La reacción no tardó en llegar: los dirigentes ruralistas ya esperaban la continuidad del “cepo exportador”, como lo llaman, y desde antes tenían prevista para este martes al mediodía una reunión de la mesa de enlace en Santa Fe. “No vamos mantener una postura negociadora y pasiva. Vamos a una etapa más activa para expresar el malestar. Seguramente habrá concentraciones de productores, recorridas por el interior, asambleas, y un cese de comercialización, entre otras acciones”, avisó desde la capital de la provincia, cuando concluyó el cónclave, Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
“La medida del gobierno es un error garrafal que destruye a la ganadería. Desde hace un año y medio venimos soportando un escenario de confrontación y no de diálogo que ha propuesto el gobierno”, insistió Chemes.
Sus cófrades no le fueron a la zaga: “Hoy comienza nuestra lucha para expresar el malestar y rechazo a la medida. No sé cuánto tiempo durará todo esto, pero seguramente va a terminar en una medida de fuerza y en un cese de comercialización”, marcó por su parte el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino. Y adelantó que de inmediato se pondrían en contacto con distintas organizaciones que representan a eslabones de la cadena de la carne vacuna.
Algo menos impetuosos, pero igualmente ácidos con la medida, fueron el titular de Coninagro, Elbio Laucirica, y de la Federación Agraria, Carlos Achetoni. El interino de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria recordó la cercanía de las elecciones: “Considerando la situación por la que pasa la sociedad, y ante la inminencia de las Paso, no debemos permitir que las medidas que tomemos sean malinterpretadas y distorsionen un reclamo legítimo como el que tenemos. No descartamos ningún tipo de medidas, como sería un paro”, ensayó. En tanto, el titular de la más chacarera de las cuatro entidades sostuvo que los menos poderosos también pierden con la medida. “Todo esto afecta a la cadena y especialmente al criador y a los tamberos más chicos, pero también perjudica al país. El paro no sería prolongado pero sí contundente y claro”, completó Achetoni.
El peso del dólar
“El impacto de las medidas que limitaron la venta al exterior de manera temporal ha comenzado a mostrar resultados positivos”, se lee en la resolución conjunta. En esa línea los Ministerios sostuvieron que en el mercado interno “tras dos meses de vigencia, los precios se estabilizaron e incluso mostraron cierta retracción en distintos eslabones de la cadena”.
Parece cierto. Cuando se tomó la medida que ahora se extiende, los precios de algunos cortes como el asado con hueso habían perforado el valor de 1.000 pesos por kilo en no pocas carnicerías porteñas durante este verano. Ahora, aunque no tenga el peso de precio de referencia, el acuerdo con una porción del sector dejó el kilo de asado a 359 pesos, la tercera parte. Es uno de los 11 cortes populares con acuerdo de precios vigente. ¿Y se puede conseguir, por ejemplo en Rosario? Basta caminar un poco. ¿Es muy diferente la calidad de un presunto “asado de ternera” a la de “asado de novillo pesado”? Corre por cuenta del consumidor, pero basta saber que las terneras, no se faenan.
Con todo distorsionado, más la detección de ventas al exterior de empresas fantasma que hacían una operación no habilitada y se disolvían, el gobierno avanzó sobre el frente exportador, a la par que lanzaba un plan ganadero: el objetivo vigente es incentivar el aumento de la producción en el largo plazo y superar la barrera histórica de 3 millones de toneladas al año de carne vacuna.
Domando al toro
Las limitaciones a las exportaciones vencían este 31 de agosto. En el documento que se publicó el pasado 22 de julio se corrigió parcialmente la medida dispuesta en mayo, con una reapertura paulatina con un sistema de cupos hasta llegar al 50% del volumen mensual exportado en promedio en 2020, pero reservando algunos cortes al mercado interno. Y se facultó a las carteras de Desarrollo Productivo y Agricultura a extender la medida hasta el 31 de diciembre de 2021 “en función de las variaciones de los precios, la producción nacional y/o el abastecimiento del mercado interno”.
“Puede observarse que las medidas tomadas han cumplido el objetivo de reducir la dinámica de precios”, expresaron los Ministerios que, como señal, ubicaron la fecha de corte dos meses antes.
El decreto fijó el máximo de toneladas mensuales, el que no podría superar el 50% de lo exportado en el periodo julio-diciembre de 2020 inclusive, y se delegó en ambas carteras también la facultad de determinar la metodología para fijar los cupos o cuotas individuales.
El funcionamiento o no de las disposiciones varía según la óptica de quién las evalúe. Por ejemplo, según el último informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra), en julio el precio de la carne en los mostradores minoristas retrocedió entre 0,9% y 2% tras subir 8,2% en junio.
Pero la Sociedad Rural publicó un informe donde señala que después de 135 días de restricción la cadena de la carne vacuna “acumuló pérdidas” de 1.084 millones de dólares, tomando como inicio el pasado 15 de abril.
Según la más poderosa de las entidades ruralistas, los productores, la base de la cadena, perdieron 411 millones; los frigoríficos 165 millones y los trabajadores resignaron 59 millones de dólares. Y se perdieron otros 209 millones en comercialización y 240 millones de dólares en exportaciones no realizadas.
Aparece claro que el intento de desacoplar los precios internos en pesos de los valores de exportación en dólares –brecha que creció durante el gobierno de Mauricio Macri a fuerza de endeudamiento y devaluaciones– y enlazar los precios de mostrador con costos de producción –vacas pesificadas– continúa siendo frágil por los cortocircuitos con el “campo”. Por ahora la decisión que se mantiene es suspender la venta al exterior de determinados cortes bovinos por encima de un máximo de toneladas mensuales “el que no podría superar el 50 por ciento de lo exportado en el periodo julio-diciembre de 2020”.
Para el pueblo lo que fue del pueblo
Según relevó el Indec, en el área metropolitana de Buenos Aires el asado venía subiendo a un ritmo de 106% interanual, duplicando y algo más su valor en un año. Este comportamiento, según el organismo estadístico, se mantuvo hasta mayo, pero en junio aumentó 2,6% y en julio los precios retrocedieron el 0,5%. En el Amba ahora el precio promedio del kilo de asado de tira es 678,73 pesos, casi el doble del que está en los 11 cortes populares, pero poco más de la mitad de lo que “ofertaban” muchos escaparates a mediados de enero. Otro tanto pasó con la nalga, una de las “pulpas” más codiciadas como carne magra: bajó el 1,4%, y quedó en 827,70 pesos en promedio.
El impacto de los valores no es poca cosa: la Argentina es el país con mayor consumo de carne vacuna (en promedio) del planeta. Y también el país donde el consumo había caído al menor nivel “de la historia” según la Fundación Mediterránea: 45,3 kilos por persona en los primeros cinco meses del año.
La ecuación es compleja, ya que se trata de una especie exótica (¿invasora?) que llegó a América de la mano de los conquistadores españoles y portugueses. Lo cierto es que desplazó a la dieta cárnica precolombina, y Argentina es (cifras de 2019) el sexto productor del mundo en un ranking que encabeza Estados Unidos.
El abastecimiento interno puede o debería, así, estar garantizado. En cambio, en los últimos años pasó a ser un consumo privativo. Allí el gobierno nacional intentó con la cuña del “acuerdo exportador” vigente, que reserva cortes para el mercado interno a estos valores por kilo a consumidor final: vacío $499, matambre $549, carne picada $265, falda $229, tapa de asado $429, asado de tira $359, cuadrada o bola de lomo $515, roast beef $409, carnaza $379, paleta $485 y espinazo a 110 pesos.
Hipertensión a doble presión
El gobernador Omar Perotti se reunió, junto con el ministro de Producción de la provincia, Daniel Costamagna, con los miembros de la mesa de enlace en la Sociedad Rural del departamento Santa Fe. En un complejo sistema de contrapesos, el jefe de la Casa Gris, cuyo primer desencuentro público con la Casa Rosada había sido, precisamente, la restricción a las exportaciones, resolvió aceptar la invitación del titular de las CRA provincial, Ignacio Mántaras –“Abogado, productor agropecuario, ruralista y preocupado por nuestra Argentina”– para hablar con Chemes, Pino, Laucirica y Achetoni.
Perotti escuchó la definición de Mántaras sobre la disposición que restringe exportaciones: “Es una medida electoral que sólo busca que llegue carne barata al conurbano bonaerense generando un gran daño a los productores y a los trabajadores de los frigoríficos, que están cobrando el 60% de su sueldo”. Pero esta vez no trascendió ninguna referencia pública sobre el tema: el mandatario forma parte de la lista oficialista que surgió de un acuerdo con la propia vicepresidenta Cristina, y que tiene como retador al ex ministro de Defensa Agustín Rossi, otro juramentado K.
El entripado es complejo: “Los funcionarios saben el costo económico que tiene esta medida pero argumentan que es una decisión política. La ganadería genera mucho trabajo en el país y esta decisión la está perjudicando. Estamos ante un gobierno que ataca a la producción”, había dicho Mántaras, quien preside la Sociedad Rural de Santa Fe y es secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe).
Mántaras reseñó que desde la provincia sale el 45% de las exportaciones de carne bovina y que hay 10 plantas frigoríficas cuyos empleados, que cobran por faena, tienen ingresos comprometidos.
