Martín Ferreyra / Tiempo Argentino
Las pacíficas localidades bonaerenses de Villa Cacique y Barker atraviesan días de miedo porque la principal fuente de trabajo, una de las plantas de la cementera Loma Negra, líder del mercado local e importante jugadora de la región, informó sus planes de recortar 265 empleos de los 330 que mantiene en la actualidad.
Con la conciliación casi en el límite, este lunes por la tarde trabajadores, empresa y gobierno se reunían en el Ministerio de Producción y Trabajo para estudiar el estado del conflicto y una solución que a los ojos de los empleados es casi una utopía.
La empresa se escuda en el argumento de la crisis de la industria nacional. Según el Indec, el rubro de los minerales no metálicos, que contiene la actividad de Loma Negra, cayó un 10,8% en marzo (último dato). Pero las comunidades de estos pueblos que distan a unos 50 kilómetros de la cabecera del partido de Benito Juárez rechazan ese argumento y aseguran que esta empresa en particular es la que menos sufrió la caída de la actividad por lo que se afirman en el reclamo.
La protesta tendrá este miércoles un hito destacable. Los trabajadores convocaron a la dirección de la compañía a una asamblea popular y callejera a la que también fueron convocadas las autoridades políticas de Benito Juárez, partido cabecera.
La intención es que los empresarios informen por qué se quieren ir del pueblo sin acreditar la crisis que alegan para dejar después un tendal de despidos e incertidumbre.
En pocas palabras, el pueblo quiere a la empresa cara a cara. Los gerentes vienen de comunicar puertas adentro de la fábrica su decisión de reducir la planta a sólo 65 personas y los turnos de trabajo de tres a uno. Los patrones informaron que el resto del personal recibirá telegramas de despido y que la fecha de inicio del nuevo régimen es el 13 de mayo.
Pero las familias de los despedidos, es decir, las comunidades de Villa Cacique y Barker quieren escuchar las razones, por así decirlo, personalmente. ¿Loma Negra aceptará?
Irregularidades
Los trabajadores consultados por Tiempo consignaron que antes de anunciar el feroz recorte, la empresa trasladó a cerca de 15 personas a otras dependencias de la cementera que fundó hace casi un siglo la familia Fortabat y que desde 2005 pertenece al Grupo Camargo Correas, de capitales brasileños.
También ofrecieron retiros anticipados a empleados en edad de jubilarse como alternativa para evitar las indemnizaciones más costosas.
Pero en marzo hubo cuatro despidos que fueron el puntapié inicial de una escalada que hoy tiene el horizonte una medida de corte dramático que para muchos significa algo parecido a una sentencia a muerte para Villa Cacique y Barker.
Hay gente que no se quiere ir del pueblo y que va a resistir” contó uno de los empleados de Loma Negra desde su lugar de empleo. La frase revela que el temor trasciende a los trabajadores y a sus familias y amenaza el panorama del pueblo tal como se lo conoce: “Hay jardines que se quedarían sin chicos y los efectos como ese se multiplican en todo el pueblo. Loma Negra no quiere cerrar, lo que quiere hacer es reducir drásticamente su personal y lo peor es que ni siquiera dieron pre aviso como contempla la ley. Es una locura”, concluyó el entrevistado.
Por estas horas vence el periodo de la conciliación obligatoria que impusieron las autoridades para arribar a una solución. Al cierre de esta nota se desarrollaba una reunión en oficinas de gobierno. Pero lejos de una solución favorable para los trabajadores, el desenlace se encamina a una realidad que nadie desea en Villa Cacique Parker. En ese marco, se espera que los telegramas empiecen a llegar el miércoles.
A fines de marzo los trabajadores empezaron con los paros en respuesta a la decisión de Loma Negra de despedir a cuatro empleados. Pese a la protesta la empresa ratificó su decisión y el gremio definió lanzar un paro por tiempo indeterminado.
Las autoridades del Ministerio de Producción y Trabajo convocaron luego a las partes. En el primer encuentro con el ministro Dante Sica la conducción de la empresa declaró que la fábrica de Benito Juárez dejó de tener interés para su negocio.
La intervención de Sica no marcó la diferencia. Los trabajadores consultados por este medio destacaron que el viceministro de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio, le pidió a la empresa que justifique su actitud solicitando el Proceso Preventivo de Crisis (PPC), un trámite que finalmente nunca realizó.
