La Policía británica podrá confiscar los sueldos de los trabajadores extranjeros sin papeles, como parte de una ofensiva legislativa anunciada ayer por el primer ministro, David Cameron, con el principal objetivo de “hacer del Reino Unido un país menos atractivo” para la inmigración ilegal. Trabajar sin documentos o darle empleo a quienes antes no hayan regularizado su situación constituirá un delito.
Cameron anunció que presentará ante el Parlamento una ley con un enfoque «más duro, más justo y más rápido» tanto para frenar la llegada de extranjeros como para sancionar a los «ilegales». La inmigración neta estimada aumentó de 290 mil personas en 2013 a 318 mil en 2014, y el compromiso de campaña de Cameron fue reducirla a 100 mil.
“Todos aquellos involucrados en el empleo ilegal estarán violando la ley”, subrayó el premier en alusión, no sólo a los trabajadores que ingresen de forma irregular, sino también a los ciudadanos no comunitarios que lo hicieron como turistas o estudiantes y que se quedaron en territorio británico para trabajar una vez expirada su visa.
También propondrá otorgar poderes a las administraciones municipales para perseguir en los tribunales a quienes alquilen una vivienda a los sin papeles, permitir el requerimiento a los bancos sobre cuentas de clientes sospechosos de no haber regularizado su residencia en el Reino Unido y acelerar los trámites de deportación de los indocumentados.
“Un país fuerte es aquel que controla la inmigración, no el que permite situaciones ilegales”, argumentó Cameron en vísperas de su viaje a Letonia para discutir con sus colegas de la Unión Europea (UE) un endurecimiento de las reglas en este terreno.
Londres pretende restringir el acceso de los inmigrantes comunitarios. Ese será el primer paso en sus esfuerzos por renegociar el estatus del Reino Unido en el seno de la UE antes del referéndum sobre la adhesión a la casa común europea, que prometió convocar en 2017 si ganaba las elecciones.
