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López afirmó que no quiere concurrir al despacho de Rafecas para declarar

El ex secretario de Obras Públicas, José López, se encontraba esta mañana en la alcaldía de los tribunales y atribuyó un estado de shock y nerviosismo.

El ex secretario de Obras Públicas, José López, arribó a los tribunales de Comodoro Py esta mañana, tras ser trasladado desde la fiscalía de General Rodríguez, acompañado por una fuerte custodia policial.

El ex funcionario deberá prestar declaración ante el juez Daniel Rafecas en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito, aunque afirmó que no quiere concurrir al despacho del juez. Es su segundo día detenido tras ser descubierto cuando intentaba ocultar más de 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez.

Si bien su abogada, Fernanda Herrera, señaló que el exsecretario «escuchaba voces» y «alucinaba», los médicos descartaron un brote psicótico, y afirmaron que está en condiciones de declarar.

El médico Patricio Díaz, jefe de Guardia del hospital, señaló a la prensa que el exfuncionario fue sometido a una evaluación clínica y psiquiática cuyos resultados fueron normales, ya que estaba «lúcido y sin inconvenientes, ubicado en tiempo y espacio».

«Se le hicieron los controles clínicos, neurológicos, psiquiátricos, de laboratorio, radiografía y tomografía computada. No aparecía ninguna lesión por lo cual fue externado del hospital. Se fue compensado y con total conocimiento de sus acciones. Para nosotros está apto para declarar, no hay nada que lo impida», indicó Díaz a los periodistas y agregó que sólo se le detectó una «leve alteración de la presión arterial» debido a que «no estaba tomando la medicación».

Poco antes de su traslado, el Juzgado de Rafecas había librado oficios a los distintos registros de la propiedad automotor e inmueble del país para disponer la inhibición general de los bienes atribuidos a López, su esposa Amalia Díaz; y su suegra Lucila Amalia Corvalán de Díaz.

En este marco, Rafecas dispuso una serie de allanamientos simultáneos en las ciudades de Río Gallegos, Calafate, Tigre y la provincia de Tucumán, donde aparecen inmuebles atribuidos al ex funcionario, que estuvieron a cargo de efectivos de la Policía Federal.

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