Desde el mes de octubre en la Corte Suprema de Justicia se había extendido el dato de que Ricardo Lorenzetti viajaría a Roma para participar de una de las misas matinales que ofrece Jorge Bergoglio en la capilla de Santa Marta. Ineludible devolución cuando en plena disputa por la reforma judicial que el kirchnerismo aprobó en el Congreso el titular del máximo tribunal dio a conocer una carta que el sumo pontífice le había enviado, en la cual le avisaba que iba a pedirle a Dios que “le ayude por su ardua labor”. Misiva estratégica, más cuando el oficialismo se aprestaba a retirarle a la Corte sus atribuciones administrativas.
Cuando era arzobispo en Buenos Aires, el mejor interlocutor de Bergoglio en la Corte supo ser Juan Carlos Maqueda, ministro con el que comparte credo y cierta cosmovisión de ideas políticas. Sin embargo, con el paso de los meses, el cardenal construyó una relación cordial con Lorenzetti, siempre en la sintonía del justice de buscar el diálogo con todos los actores.
Un buen ejemplo fue la última vez que estuvieron a solas antes de la mañana del pasado viernes (no cuenta el viaje en el cual Lorenzetti integró la comitiva presidencial para la asunción de quien ya era Francisco). Fue meses antes de que Bergoglio fuera encumbrado como Papa y se desarrolló en uno de los salones del cuarto piso del Palacio de Tribunales.
La comitiva para recibir al religioso, en esa ocasión, fue difícil de organizar, especialmente con el perfil teológico de la actual composición cortesana: Carmen Argibay es agnóstica, Carlos Fayt es socialista y cercano al ateísmo y Enrique Petracchi tampoco está lejos de esas posiciones (filosofías que contrastaban con el personal cortesano que en esa ocasión buscaba acercarle al arzobispo cuanto rosario tuvieran a mano para su bendición). Ninguno de estos magistrados manifestó interés en encontrarse con Bergoglio, lo cual dejó bien ubicado a Lorenzetti cuando, en 2013, apareció la fumata blanca en el Vaticano.
Lorenzetti no fue el único juez que peregrinó hasta Roma este fin de semana: el camarista federal en lo Penal Económico Marcos Grabivker también visitó al Papa en compañía de autoridades internacionales de la comunidad judía. Este juez, histórico de Comodoro Py, es el vicepresidente de una asociación internacional de juristas de dicha fe.
Tendencia interreligiosa de Bergoglio y que tendrá una nueva demostración en las próximas semanas, cuando reciba en Santa Marta a una comitiva de católicos, judíos y musulmanes. Este grupo también tendrá su sesgo judicial ya que uno de sus referentes será el representante de los abogados en la Magistratura porteña, Jorge Enríquez, cercano al sector del PRO que anima el boquense Daniel Tano Angelici.
El presidente de la Corte planificó su visita del pasado viernes a título personal. Mantuvo una conversación rápida con el Papa cuyo contenido no dio a conocer, pero se ocupó, como todos los que acceden a esa cita con el jefe de la cristiandad, de difundir la foto que ilustra el encuentro. Nada es eventual.
En febrero el justice tendrá nuevos desafíos, más aún desde que le informaron que el kirchnerismo ha colocado en el temario de uno de los primeros plenarios del Consejo de la Magistratura la discusión sobre el administrador del Poder Judicial. Asunto que inquieta a los ministros, especialmente cuando les hablan sobre la procedencia del candidato que el oficialismo buscará imponer.
Para tener en cuenta: Carlos Zannini ya viene explicando, a quien quiera escucharlo, especialmente en su receso pinamarense, por qué el Consejo debería tener, en 2014, un presidente de perfil de extracción política y no un técnico, como señala la tradición.
En la Corte conocen de estas intenciones desde el mes de junio, cuando el tribunal dio de baja la reforma judicial.
El regreso de los acuerdos de ministros, luego de la apertura del año judicial, vendrá acompañado de largas negociaciones internas ya que tramitan en la Corte expedientes sensibles para el poder político como es el caso del cepo cambiario o la sindicalización de las fuerzas de seguridad, causa que ya tiene dictamen de la procuradora general Alejandra Gils Carbó.