Un grupo de acreedores granarios damnificados por el concurso de Vicentin elevaron una propuesta a la agroexportadora para evitar su “desguace”, consistente en la capitalización de acreencias, planes de pago con quitas para quienes no capitalicen, acuerdo con acreedores financieros y el apoyo de los estados nacional y provincial junto al Banco de la Nación Argentina (BNA).
La propuesta contempla “separar de las decisiones y la gestión a los actuales directores y accionistas”, en coincidencia con el plan de Santa Fe que fue rechazado el año pasado por Vicentin.
El planteo, entregado ayer a la conducción de la cerealera, está firmado por unos 70 acreedores granarios del concurso.
La nota, a la que accedió Télam, señala en su encabezado que los acreedores granarios firmantes “nos hemos comprometido en aunar esfuerzos para colaborar en la reactivación de la firma Vicentin SAIC, como proyecto superador a cualquier alternativa de desguace”.
Sostienen como vital “la importancia que una parte significativa de los acreedores capitalicen sus deudas y se comprometan a aportar granos y capital de trabajo”.
Según ese grupo de acreedores, “en la situación existente, es económicamente inviable que un nuevo accionista aporte el capital de trabajo necesario para la puesta en marcha de la compañía y además para cancelar pasivo”, que es la salida que busca la nueva conducción de Vicentin.
El plan de salvataje que proponen los proveedores de granos damnificados consiste en capitalizar “gran parte de las acreencias” lo cual, subrayan, “generará la perdida de participación de los accionistas actuales”.
También proponen “planes de pagos a quienes no capitalicen, con quitas y/o espera”, así como “acuerdos con acreedores de granos para asegurar el abastecimiento” de la firma.
El plan supone también “acuerdos con acreedores financieros para asegurar el capital de trabajo” –los bancos son los principales acreedores en el concurso- y la separación de la actual conducción de la operación de la empresa.
“Hemos estudiado en profundidad las alternativas para este tipo de reestructuraciones y creemos firmemente que la participación del Estado nacional y el de la provincia de Santa Fe serán imprescindibles para poder llegar a una solución”, afirman las 70 empresas que son acreedores granarios de Vicentin, que entró el cesación de pagos en diciembre de 2019 y presentó su propio concurso en febrero del año pasado.
En la nota dirigida al presidente del directorio, Omar Scarel, el grupo de acreedores afirma que en las actuales condiciones es improbable que la compañía “vuelva a comprar el volumen necesario de granos para un plan eficiente” y que pueda “recomponer el capital de trabajo”, así como vender “el paquete de control accionario a un inversor que realice un plan de pagos aceptable por los acreedores”.
Por último, el plan indica que “los accionistas actuales deberán proponer un mecanismo ineludible, a satisfacción de los acreedores, que asegure la transferencia del 100% de las acciones si se llega a un plan de reestructuración exitoso”, y fija el 1 de febrero de 2025 como fecha para determinar el valor de la empresa.
La mayor parte de la deuda de Vicentin quedó verificada en dólares y fue tomada con entidades financieras locales y extranjeras, siendo el BNA el acreedor individual de mayor monto, con casi U$S 300 millones.
Consultados por Télam, fuentes del Banco Nación aseguraron que la propuesta «es más que razonable» y que la entidad estaría dispuesta a brindar financiamiento a una nueva gerencia, siempre y cuando incluya representantes de los estados nacional y provincial y a ningún director asociado con la anterior gestión de Vicentin.
En ese sentido, si bien aclararon que «hay observaciones» a la propuesta ya que, por ejemplo, el estatuto del BNA prohíbe capitalizar deuda o prestar financiamiento a una empresa que incumplió el repago de créditos, adhirieron a la idea de llegar a una solución consensuada y, así, evitar la quiebra.
«Si no hay acuerdo antes de septiembre el juez dictará la quiebra y, en ese caso, todos los acreedores de Vicentin tendrán que repartirse lo poco que quede de la empresa cuando, en realidad, es viable recuperarla con una nueva gestión», aseguraron las fuentes.
El juez del concurso, Fabián Lorenzini, admitió en enero pasado 1.727 acreedores verificados en el concurso, de los cuales la gran mayoría -1.290, equivalente al 75 por ciento- son acreedores granarios.
De ellos, 390 reclamaron la verificación de sus créditos en dólares, pero el magistrado pesificó la deuda de la agroexportadora a un dólar de $65, de acuerdo con la cotización de febrero, cuando se inició el proceso.
