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Los acreedores extranjeros de Vicentin piden ser querellantes en la causa por estafas

Un grupo de bancos extranjeros se presentó ante la Justicia local para intervenir en la causa por estafas. Acusan a la cerealera de haber desviado los fondos otorgados para la compra de granos para financiar otros negocios del grupo económico.

El comité ad hoc de bancos acreedores internacionales de Vicentin solicitó constituirse como querellante en una causa por presuntas estafas iniciada por proveedores de cereales en la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario, en la cual un juez dictó una medida de no innovar que impide la venta de activos, informaron hoy fuentes judiciales.

Los bancos extranjeros, que reclaman acreencias por alrededor 530 millones de dólares (el 38% del total) en el concurso preventivo de la cerealera, quieren saber si Vicentin presentó “información financiera falsa para obtener créditos por cientos de millones de dólares” antes de declararse en estrés financiero, en diciembre del año pasado.

Los bancos también plantearon que se investigue si la firma incurrió en fraude con al menos uno de los miembros del comité ad hoc “a través de la asignación de derechos de cobro de contratos de exportación inexistentes o asignados en forma duplicada a más de un acreedor”.

La presentación en la Unidad de Delitos Económicos de Rosario fue realizada en nombre del comité ad hoc de bancos extranjeros de Vicentin por los abogados Guillermo Jorge (del estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi) y Alejandro Carrió (Carrió y Garay).

El comité ad hoc está integrado por las entidades se encuentran el IFC (Corporación Financiera Internacional, del Grupo Banco Mundial), FMO (Banco de Desarrollo controlado por el estado holandés), ING, Rabobank, Natixis y Credit Agricole.

“La presentación se realizó para ser considerado querellante en la causa y se resolverá en los próximos días”, dijeron a Télam voceros judiciales.

La investigación se inició en julio pasado ante la presentación de Juan José Trucco, vicepresidente de La Clementina SA, quien solicitó al fiscal Miguel Moreno que investigue una presunta estafa.

Según la denuncia, La Clementina firmó un contrato con Vicentin en noviembre de 2019 para la entrega de 500 toneladas de soja a razón de 14.815 pesos la tonelada, que la agroexportadora debía pagar “contra la entrega de la totalidad de la mercadería”.

El último envío de La Clementina se realizó el 4 de diciembre de 2019, fecha en la que Vicentin debía realizar el pago, pero un día después anunció su cesación de pago por “estrés financiero”, por lo que el proveedor se consideró estafado.

En esa causa, el juez Nicolás Foppiani dictó el 18 de septiembre una medida de no innovar para impedir la venta de activos de Vicentin, luego de que el Grupo se desprendiera del frigorífico Friar, que no forma parte del concurso de acreedores que tramita desde marzo pasado.

Según el comunicado difundido hoy por el comité de bancos acreedores internacionales, “el análisis de la información financiera de Vicentin SAIC, incluyendo el balance a octubre de 2019 presentado recientemente, nos convenció de la necesidad de investigar si la empresa habría obtenido créditos de los miembros del Comité Ad Hoc ocultando una multimillonaria deuda con los productores agropecuarios. La finalidad de los créditos que obtuvo era, precisamente, la compra de granos”.

De acuerdo a la presentación, presumen que en “lugar de utilizar el financiamiento para comprar granos, Vicentin habría utilizado el dinero para financiar otros negocios familiares que no forman parte del balance de Vicentin SAIC”.

Por su parte, la asamblea de accionistas de la empresa se reunirá el próximo 15 de este mes para tratar la renuncia de todo el directorio –elevada a mediados de septiembre– y la designación de nuevos directivos, en procura de generar confianza en el mercado para enfrentar el concurso de acreedores, en el que acumula deudas por unos 1400 millones de dólares.

La compañía anunció días atrás que contrató al banco de inversión estadounidense Maxim Group para que la “asesore en el proceso de reestructuración” y en la búsqueda de nuevos inversores, así como en el diseño de un plan de negocios para “recuperar la senda de desarrollo”.

 

Un balance y muchas dudas

Los acreedores se remitieron al estado contable presentado hace 15 días por Vicentin, que se dio a conocer la semana pasada, según el cual entre octubre de 2018 y octubre de 2019 Vicentin perdió más de 52.500 millones de pesos.

“El análisis de la información financiera de Vicentin SAIC, incluyendo el balance a octubre de 2019 presentado recientemente, nos convenció de la necesidad de investigar si la empresa habría obtenido créditos de los miembros del comité, ocultando una multimillonaria deuda con los productores agropecuarios”, señalaron.

El financiamiento que obtuvo Vicentin estaba dirigido a la compra de granos. “La información obtenida a través del Discovery (el proceso que permite el rastreo de las cuentas) en los Estados Unidos abona la hipótesis de que, en lugar de utilizar el financiamiento para comprar granos, Vicentin habría utilizado el dinero para financiar otros negocios familiares que no forman parte del balance de Vicentin SAIC”, explicaron.

El comité requirió que se ahonde en la “confusa relación crediticia entre Vicentin y algunas contrapartes” y “el eventual fraude por desbaratamiento de derechos acordados contra uno de los acreedores miembros”, a través de la asignación de derechos de cobro de contratos de exportación inexistentes o asignados en forma duplicada a más de un acreedor.

“Como le hemos comunicado a las autoridades de Vicentin SAIC en reiteradas oportunidades, hasta que no se comprenda las razones que causaron el colapso financiero de la compañía será imposible reestablecer la confianza del mercado y de los acreedores. “Esta nueva acción persigue ese objetivo”, concluyeron voceros del comité.

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