Tras la eliminación del Fondo Sojero, el gobierno nacional analiza otros ajustes que rebotarán en las finanzas de las provincias. Entre el menú de ítems a recortar –para bajar el déficit fiscal– se encuentran el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi), el Fondo de Incentivo Docente (Fonid), los subsidios al transporte y la coparticipación del IVA.
Por mandato del FMI, el gobierno central avanza en un ajuste de 300 mil millones de pesos para 2019. Dos tercios (200 mil millones) saldrán del propio presupuesto nacional, con podas a jubilaciones, subsidios, asignaciones, salarios y obra pública. Los otros 100 mil millones serán recortados de los fondos que corresponden a las provincias. Con ese plan, la Nación buscará bajar el déficit fiscal del 2,7% del PBI al 1,3%.
La reducción de la coparticipación del IVA supone unos 35 mil millones menos para las provincias y el recorte a los subsidios del transporte otros 40 mil millones. Sumados a los 26 mil millones del Fondo Sojero, redondean el total del ajuste que el gobierno central pretende consensuar con los gobernadores antes de enviar el presupuesto 2019 al Congreso.
“Todavía no está nada definido y se está negociando, faltan reuniones con los ministros de Hacienda y los gobernadores”, adelantaron desde el Ministerio de Hacienda al diario La Nación.
El recorte de 100 mil millones de pesos sobre los giros de la Nación al conjunto de las provincias más la poda de otros 200 mil millones del presupuesto del Estado central son algunos de los requisitos previstos en el acuerdo con el FMI, por el cual la Argentina ya recibió 15 mil de los 50 mil millones de dólares prometidos por el organismo multilateral.
El ajuste de los 100 mil millones de las provincias comenzó por anticipado con la firma del decreto de necesidad y urgencia (DNU) por el cual dispuso la eliminación del Fondo Sojero, que consistía en girar a las provincias el 30% de lo recaudado en concepto de retenciones a la exportación de soja. Para 2019 iban a ser unos 26 mil millones de pesos, según datos del Ministerio de Hacienda.
La Casa Rosada avanza además en negociaciones con las provincias para que se hagan cargo de los subsidios al transporte público. El total de esas transferencias es hoy de 75 mil millones, de los cuales el gobierno nacional pretende recortar 40 mil millones.
“No hay nada acordado”, relativizó el ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione. “La Nación pone estos temas en debate. Para nosotros, cualquier recurso que pierda la provincia impacta de forma negativa sobre los santafesinos”, agregó.
Intendentes van contra el decreto de Macri
Municipios y comunas de la provincia de Santa Fe advierten que con la eliminación del Fondo Sojero se producirá “un conflicto federal”, ante lo cual estudian presentar amparos colectivos para que el gobierno nacional retrotraiga la medida anunciada el martes.
Los recursos del Fondo Sojero eran coparticipables a municipio y comunas. Por eso, un plenario de más de cuarenta intendentes y presidentes comunales –del que participó el secretario de Regiones, Municipios y Comunas del gobierno provincial, Carlos Torres– discutió la posibilidad de llevar el tema a la Justicia.
El argumento: según una de las disposiciones transitorias de la Constitución Nacional reformada en 1994 –en la que se ordena al Congreso la sanción de una nueva ley federal de coparticipación, cosa que hasta ahora no ocurrió–, el reparto de los fondos puede mejorarse por ley o por decreto a favor de las provincias, pero nunca en contra.
En tanto, Torres opinó que la decisión del gobierno de Mauricio Macri “es un cimbronazo grande para la provincia y también para los municipios y comunas. Se trata de mucho dinero que los intendentes y presidentes comunales utilizan para hacer obras”.
“Estamos azorados”
¿Una liga de provincias para contrarrestar las políticas de ajuste de la Nación? Esa parece ser la idea, al menos en materia de políticas energéticas y fiscales. Lo planteó Verónica Geese, secretaria de Energía de la provincia de Santa Fe, ante los rumores de nuevos impuestos de la Nación al biodiesel.
“Estamos azorados; estas medidas muestran una cuota muy alta de improvisación, son inconsultas y tienen cero consenso entre el sector productivo”, señaló la funcionaria tras el anuncio de la suspensión de las rebajas a las retenciones para aceites y harinas de soja.
En ese contexto, indicó la posibilidad de armar una “liga” de provincias productoras de biocombustibles –junto a Córdoba y Tucumán– para “plantearle al gobierno nacional la importancia de estas industrias”.
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