Más de 3 mil personas de varias provincias quedaron inscriptas para el primer remate de vehículos de alta gama decomisados por la Justicia santafesina a grupos delictivos. Es un procedimiento inédito en el país, y adelanta a la ley de extinción de dominio que debate el Congreso nacional. En ambos casos, aunque en el segundo con ruido político, el objetivo es recuperar, con la venta de bienes decomisados, parte del perjuicio económico que asociaciones criminales le ocasionaron al Estado. En el caso local, el procedimiento aplica sólo para delitos que investigan y juzgan los tribunales de Santa Fe. Es por eso que en la subasta prevista para este 25 de octubre no hay autos incautados en el marco de expedientes por narcotráfico, que son de jurisdicción federal. «Provienen de asociaciones ilícitas, secuestros virtuales o robos. Y ninguno está vinculado a la banda de Los Monos», aclaró Matías Figueroa Escauriza, secretario provincial de Gestión Pública.
La convocatoria fue lanzada hace poco más de un mes por la provincia y está apoyada en la ley 13.579, que en su artículo 6° establece «que durante la tramitación del proceso, excepcionalmente, puede autorizarse la venta
anticipada de los bienes y derechos secuestrados en causas penales». Los autos que salen a remate son de alta gama. Hay BMW, Mercedes Benz y Mini Cooper, por ejemplo. La convocatoria, que vencía este martes a las 16, exige que los interesados se anoten en la página de la provincia. Sus datos se chequearon para garantizar que ninguna de las personas que se presenta al remate está vinculada con el delito. En la web, tuvieron que completar un formulario que se procesa rápidamente y es gratuito. El mismo sitio permite ver las fotos y fichas técnicas de los 18 autos y camionetas que salen a remate. La base es el 60 por ciento del valor del mercado, en cada caso.
Figueroa Escauriza destacó que es la primera vez en el país que se realiza una subasta de estas características. “Hay 3.337 inscriptos, de los cuales sólo 1.826 son santafesinos, el resto son de distintas ciudades del país”, apuntó el funcionario.
Dos días para verlos, y el siguiente, para ofertar
El gobierno provincial buscó darle la mayor transparencia al procedimiento. Para ello, hubo un sorteo de martilleros de toda la provincia. Una vez que los inscriptos llenan el formulario, analizan que no estén vinculados con bandas delictivas y les envían una constancia de inscripción. Los que sorteen esos requisitos podrán ver, el 23 y 24 de octubre, los autos que salen a remate en esta oportunidad. La subasta es al día siguiente, el jueves 25, a las cuatro de la tarde. Es en el Galpón 17 del Parque Nacional a la Bandera,
Ganga pero no monada
Ninguno de los vehículos que van a subasta fue decomisado a la banda de Los Monos. Provienen de causas por robos, secuestros virtuales o asociación ilícita. El futuro propietario de cada auto rematado lo recibirá con chapa patente nueva y un historial de vehículo limpio, para que no queden rastros ni puedan ser identificados por sus anteriores dueños ni tengan problemas con la Justicia en el futuro.
Hay otros 200 autos que esperan para remate tras el del 25. La próxima subasta se realizará en diciembre, esta vez en la ciudad de Santa Fe.
La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y derechos patrimoniales (Aprad) fue creada por la ley 13.579 por iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y que funciona bajo su órbita, dispone de los objetos secuestrados por la justicia en el marco de investigaciones penales y gestiona que pasen a la esfera estatal vía subasta o reutilización. El objetivo de este cambio en el sistema es afectar el poder económico de las bandas delictivas y darles a los bienes adquiridos ilícitamente un destino público, es decir que servirán a los fines sociales en dependencias oficiales o en organizaciones civiles.
La ley fue reglamentada por el Poder Ejecutivo en febrero pasado y en este breve tiempo los depósitos de la Aprad ya alojan y custodian autos, computadoras, televisores y celulares, entre otros bienes muebles. Estos les son derivados por orden judicial desde las cinco regiones de la provincia. Los magistrados determinan si los objetos secuestrados tienen utilidad probatoria, en caso contrario la flamante agencia se encarga de todo lo relativo a su conservación y restitución a la sociedad.
