Los campos militares que son propiedad de las Fuerzas Armadas volverán a ser utilizados para la producción agropecuaria, tras la decisión del Gobierno nacional de avanzar en un acuerdo entre los Ministerios de Defensa y de Agricultura, lo que busca dejar atrás una medida implementada por la anterior administración, cuando «se vendían» esos predios.
Luego de la firma del acuerdo de cooperación interministerial realizado el pasado martes en la sede de la Dirección de Remonta y Veterinaria, dependiente del Ejército, los terrenos productivos de las Fuerzas Armadas contarán con un mayor desarrollo agrícola-ganadero revirtiendo así la política implementada por el Gobierno de Mauricio Macri.
En ese punto, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, sostuvo que con este acuerdo «se ha retomado el método de acción que teníamos en la gestión durante la presidencia de Cristina (Kirchner) y revertimos así la política de venta de campos militares de (el expresidente) Mauricio Macri».
También recordó que, al asumir como ministro «hubo que impedir diversos remates de inmuebles bajo la órbita del Ministerio de Defensa, y lo que hicimos fue frenar el remate inescrupuloso que se llevaba en la gestión anterior, al convertir todas las tierras del Ejército y de Defensa en negocios inmobiliarios».
Asimismo, Rossi detalló que «una parte de esas tierras tienen un objetivo militar, ya que se utilizan para la instrucción del personal; otras tienen objetivos productivos que utiliza el Ejército, como la cría de caballos y para la alimentación de esos animales; y en otras de ellas estamos buscando distintos objetivos».
Sobre esos objetivos que mencionó el titular de la cartera de Defensa, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Rossi, precisó a Télam que «en algún momento se pensó» algún programa para que miembros de la agricultura familiar participen, pero implementar un plan así «es muy complejo» porque «hay trabas legales y además porque esos terrenos no dejan de ser parte de una zona militar, con reglas de seguridad nacional».
Una de las alternativas posible sería la implementación del programa «Pro Huerta» en las parcelas de la medianera lindante con el exterior de aquellos establecimientos militares que tengan tierras fértiles, porque «también aportaría a la seguridad, ya que ahora muchas de las bases han quedado en zonas urbanizadas donde por sus límites circulan los vecinos».
Sin embargo, Sergio Rossi aclaró que «por ahora no hay nada definido en ese sentido» y lo que sí se sabe es que «las Fuerzas Armadas utilizarán parte de esos campos para la producción de alimento para abastecimiento de sus animales».
Ante la decisión de volver a utilizar estas tierras, las organizaciones sociales y los trabajadores de la economía popular ocupan el centro del escenario del debate y el análisis de diferentes propuestas en las distintas áreas, para que esos productores sean contenidos en algún programa especial que permita la actividad rural en esas parcelas sin violar las reglamentaciones ni las reglas de seguridad nacional.
En ese marco, el secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura, Miguel Ángel Gómez, aseguró a esta agencia que «la idea de entregar en comodato pequeñas parcelas a productores de la economía familiar no prosperó» y «todavía no se acordó nada» con los productores ni ninguna organización, «porque quien va a producir parte de esos campos es el propio Ejército para el consumo de sus animales, con el asesoramiento del INTA».
«La idea de que pequeños productores rurales participen de un programa para trabajar esas tierras la estamos discutiendo en forma interna en el Ministerio (de Agricultura), para coordinar un plan con el objetivo de que en algunos campos de las Fuerzas Armadas se desarrollen programas que la Secretaría ya tiene», añadió.
Al igual que Sergio Rossi, el secretario de Agricultura Familiar planteó que «la iniciativa tiene un obstáculo complejo que es el tema legal, por lo que la solución podría ser trabajar la tierra en la medianera, en el contorno de las bases militares por un tema también de seguridad».
«En Campo de Mayo no se podría instalar familias viviendo ni tampoco estar entrando y saliendo de la zona. En cambio, sí se podría producir en el perímetro», ejemplificó.
Para Gómez «esta firma de convenio es buena» para los pequeños productores porque «posibilita y arrima el diálogo posible en esta cuestión, pero va a depender también de las condiciones de cada campo de las Fuerzas Armadas y la situación regional. El Gobierno demostró que le quiere dar a la tierra una función social».
En tanto, uno de los referentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Gildo Onorato, sostuvo que a los movimientos sociales les parece que «sería una buena propuesta» trabajar esas tierras porque «no se tienen que cometer errores de otra época, cuando en muchos de esos campos militares se plantaba soja con la misma lógica que los exportadores privados».
Onorato afirmó: «Esas tierras públicas, esos terrenos ociosos, tienen que servir para producir y fortalecer la economía familiar a fin de generar circuitos productivos que permitan un consumo en origen y fortalecer los circuitos económicos regionales».
