A la tragedia del ferrocarril se le suma en estas horas un nuevo problema. Los hermanos Cirigliano, propietarios de Cometrans, la empresa que tiene la concesión del Sarmiento y del Mitre, no se quieren ir voluntariamente del servicio. Al menos, no sin una fuerte indemnización, o hasta que la Justicia determine, al finalizar el caso que lleva adelante Claudio Bonadío, si efectivamente la empresa es la culpable. Al menos así se lo hicieron saber desde la compañía al gobierno. En cualquiera de los casos, la posición complicará al gobierno, ya que una definición y la determinación concreta sobre los culpables de la tragedia demandará más de los 15 días que impuso formalmente desde anteayer para llegar a una decisión.
La intervención impuesta por el Ministerio de Planificación de Julio de Vido tiene justificación legal. El gobierno puede avanzar en una medida de este tipo, ante la necesidad de cuidar los bienes del sector público, en este caso los ferrocarriles y todo el sistema para que funcione. El nuevo interventor, Raúl Baridó, podrá bucear en todas las oficinas de Trenes de Buenos Aires (TBA), controlar qué es lo que hacen con el dinero que se les gira desde el gobierno, supervisar las funciones de cada uno de los empleados y hasta tomar decisiones que la empresa tendrá que aceptar si se trata de cuestiones de fondo. Pero Baridó y De Vido no podrán hacerse cargo del Sarmiento y el Mitre, desplazando a la empresa, salvo que se decida unilateralmente el fin de la concesión.
En este punto se ingresa en un problema. TBA, así se lo hizo saber al gobierno, no piensa aceptar la decisión de retirarse si eventualmente luego de los 15 días que dura la intervención y el plazo que el lunes Cristina de Kirchner le sugirió a Bonadío para que haya respuestas concretas que aseguren la culpabilidad; la Justicia no determina que efectivamente la compañía es la culpable de la tragedia. Como se descarta que el juicio final demandará mucho más que ese plazo, en TBA anticipan que dentro de dos semanas la situación legal actual no tendrá cambios, y que no habrá argumentos judiciales para determinar que la compañía es la culpable.
El gobierno deberá tomar entonces una decisión política para determinar una eventual finalización de la concesión de TBA en el Mitre y el Sarmiento. Aquí, según se le deslizó ayer al gobierno como posición final, surge una cuestión seria. La empresa para retirarse pretendería una indemnización por la finalización del negocio a partir de la culminación de la concesión unilateral. Para los Cirigliano, implica además una cuestión política, al no querer quedar ante la sociedad como los únicos responsables de la tragedia.
En ese momento el gobierno deberá tomar una de dos posibles decisiones. O abre negociaciones para una salida ordenada, y eventualmente con algún costo fiscal (algo que hoy políticamente sería insostenible) o avanza sin más en la finalización de la concesión, culpando a la empresa, negándose a liquidar un solo peso y abriendo la posibilidad que TBA recurra a Tribunales para una potencial indemnización. Sería un segundo juicio, tan complejo como el primero, y que excedería incluso los tiempos del actual mandato de Cristina de Kirchner.
La empresa quiere defenderse apuntando al maquinista como potencial culpable. Sabiendo esto, el sindicato La Fraternidad, a donde pertenece el motorman Marcos Córdoba, ya cerró filas para presentarse también ante el juzgado de Bonadío. No será una presencia menor. Los abogados del gremio ya están al servicio de Córdoba para presentar su defensa. El avance gremial para defender al operario ya comenzó. Ayer, el vocero Horacio Camino, aseguró que el conductor del tren accidentado en Once sufre un “ataque mediático” impulsado por TBA y que “la actitud de la empresa es muy clara y va quedando claro quiénes son sus socios en los medios de comunicación masiva”. Caminos aseguró que está “totalmente descartado” que Córdoba haya estado alcoholizado y rechazó que el conductor advirtiera sobre el mal funcionamiento de los frenos durante el trayecto que cumplía. “Recibió la formación en Castelar, notó que el tren venía con el freno largo como es muy habitual en el Ferrocarril Sarmiento pero pudo llevar adelante el servicio”, dijo el gremialista.
Caminos señaló que Córdoba “no violó la velocidad permitida, todo lo contrario, y entró más lento de lo que normalmente se hace” a la estación de Once, “intentando detener” la formación.
Anteayer, el titular del sindicato de maquinistas de trenes La Fraternidad, Omar Maturano, reiteró que el conductor del tren accidentado “hizo todas las maniobras correspondientes para detener la formación”, pero el “sistema de frenos no funcionó”.
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