El Concejo municipal aprobó en la jornada de ayer la esperada reglamentación marco para los llamados convenios urbanísticos, que en la práctica incumbe a nuevos proyectos inmobiliarios cuya superficie urbanizable supere los 5 mil metros cuadrados. A los cargos por infraestructura y a la donación del 15 por ciento de la superficie para espacios públicos, los privados interesados en desarrollar proyectos deberán hacer un aporte extra, con la idea de que la mitad sea destinada a obras en los barrios más postergados y el resto como depósito del Fondo Municipal de Tierras. Cada convenio, además, pasará por el filtro de una comisión técnica evaluadora que funcionará de forma permanente (ver aparte).
Fuera de las complejidades y los tecnicismos, en general un convenio edilicio se celebra cuando un urbanizador pone sus ojos en un sector de la ciudad para hacer allí un nuevo barrios o zona de loteo. Al mismo tiempo, la Municipalidad pauta los usos permitidos y fija una compensación económica.
En la normativa aprobada ayer se establece que, además del 15 por ciento de donación de tierras e infraestructura (tal cual establece la ordenanza vigente de 1997) del privado para uso públicos dentro del radio que comprende la nueva urbanización, se deberá hacer otro aporte al Estado, según un cálculo en base a la inversión y a las tasaciones del loteo.
De ese adicional, el 50 por ciento tendrá un cargo social, con la idea de aportar obras en los barrios más postergados de la ciudad. En tanto, el resto se destinará al Fondo Municipal de Tierras. La Intendencia tendrá la opción de exigir ese “resarcimiento” en dinero o bien en valor inmobiliario. En tanto, de ese proceso también participarán los ediles, quienes podrán “sugerir” por su lado obras.
En la práctica, las compensaciones que deben hacer los privados ante cada nueva urbanización se venían realizando. En este sentido, la modificación más importante es que las obras compensatorias se desarrollaban en el mismo proyecto mientras que ahora serán en los puntos de la ciudad más postergados.
En el recinto la edila María Fernanda Gigliani, del opositor Partido del Progreso Social (cuya máxima referencia es el ex intendente Héctor Cavallero), cuestionó las compesaciones que se exigieron hace pocos años a los desarrolladores de la zona de Puerto Norte, en el antiguo barrio Refinería. Es que allí a esos inversores para poder levantar sus megatorres de lujo en altura casi a la vera del río tuvieron que realizar (entre otras) la ampliación a doble mano de la llamada Avenida de la Costa. La concejala planteó que si bien esa obra beneficia al conjunto de los rosarinos, la aprovecha fundamentalmente el propio urbanizador de la zona.
En tanto, la edila también recordó en tono crítico lo que sucedió en el proyecto llamado Parque Habitacional Ludueña. Allí desarrolladores privados, que levantan en esa zona el emprendimiento Los Pasos del Jockey, barrio privado lindante al también selecto Carlos Pellegrini, debían financiar la canalización de un tramo del arroyo Ludueña, entre otras compromisos. Pero la obra aún no se llevó a cabo, y ya con la elección de Rosario como sede del Mundial de Hockey para 2010 se cambiaron en marzo de 2009 los compromisos y la Municipalidad permutó esos trabajos por la construcción de una cancha de alta competición para el torneo. Así, dijo la concejala, las obras para el resto de la comunidad aún no han llegado.
En tanto, el radical Jorge Boasso, quien también insistió en reuniones de comisión con la idea de que las inversiones se realicen en barrios y por afuera de las vinculadas al propio emprendimiento, valoró como positivo lo dispuesto en diciembre del año pasado por el cuerpo en el caso de Palos Verdes. Allí inversores privados están avanzando con la construcción de un barrio privado. A cambio debieron poner en marcha pavimentación definitiva de 20 cuadras en el barrio Ludueña. Esta fue una de las primeras experiencias de lo que quedó materializado ayer en una ordenanza.
