En la provincia de Santa Fe, el uso de productos agroquímicos se regula con una ley que está vigente, sin cambios, desde 1995: un año antes de la autorización, por parte del gobierno nacional, de la soja transgénica. Desde entonces, la superficie sembrada con soja aumentó en un 60% pero el uso de productos peligrosos para la salud subió en un 1.000%. Como consecuencia, cada vez se reportan mayor cantidad de enfermedades en zonas donde la actividad agrícola es intensiva.
Para contrarrestar los efectos negativos en el ambiente y en la salud humana que causa el uso de productos agroquímicos, la Legislatura provincial ha estudiado en diversas ocasiones reformas a la actual ley de fitosanitarios con el objetivo de establecer mayores límites a las fumigaciones. En tres ocasiones la Cámara de Diputados aprobó reformas en ese sentido y las tres veces terminaron cajoneadas en el Senado.
El pasado jueves, la Cámara de Diputados volvió a darle media sanción a un proyecto por el cual se reforma la actual normativa. La iniciativa de los diputados Santiago Mascheroni (UCR) y Gabriel Real (PDP), votada por todos los bloques excepto Cambiemos, ahora está en estudio en el Senado.
Para los integrantes de la Multisectorial Paren de Fumigarnos, que bregan por una reforma que atienda el principio precautorio de la salud y el ambiente, es un avance pero está lejos de ser “la ley ideal”.
Detalles del proyecto
La iniciativa establece nuevos límites a las fumigaciones terrestres y aéreas pero además divide el territorio provincial en tres zonas: rural (afectada a la producción agropecuaria en cualquiera de sus formas), suburbana (donde coexisten poblaciones en baja o regular densidad y actividades agropecuarias) y urbana (definida catastralmente como tal y en las que la densidad poblacional es alta o se encuentra en expansión).
En el capítulo que determina las sanciones se señala que habrá un plazo máximo de tres años a partir de la sanción definitiva de la ley para establecer la zonificación de la provincia y la prohibición definitiva de la aeroaplicación de agroquímicos en distancias inferiores a los 3.000 metros en las zonas suburbanas y de 5.000 metros en las zonas urbanas.
“A los fines de la aplicación terrestre de los productos fitosanitarios se fija una Zona de Producción Especial de 1.000 metros en torno a las plantas urbanas, establecimientos educativos rurales, parques industriales, complejos deportivos, recreativos y habitacionales, aguadas, cursos de agua o fuentes de captación de agua para consumo. Dicha zona deberá conformar un anillo compuesto por un borde vegetal de amortiguamiento y producción de especies, cultivos y prácticas agronómicas que supongan la exclusión de aplicación de productos fitosanitarios de síntesis química, permitiendo aquellos aprobados para la producción orgánica. Se podrá implementar gradualmente la zonificación, en el primer año será de 600 metros y en el segundo año se alcanzará los 1.000 metros establecidos”, indica el artículo 34 del proyecto.
“Asimismo –continúa el texto– se conformará una Zona de Control Estricto, a partir del anillo de producción especial y hasta los 500 metros posteriores al mismo se podrá disponer la aplicación de productos clase IV (Banda Verde), y a partir de los 500 metros siguientes se podrán aplicar exclusivamente productos clase toxicológica III (Banda Azul) y clase toxicológica IV (Banda Verde), bajo la fiscalización y control del veedor”.
“Es un avance”
Tras la media sanción del proyecto, la Multisectorial Paren de Fumigarnos señaló: “Es un avance en relación a la ley vigente en la provincia y, si bien no llena todas nuestras expectativas, estamos contentos con el avance logrado”. El tema ahora pasó al Senado, una cámara que sistemáticamente cajoneó todos los proyectos que apuntaban a reformar la normativa a partir de los principios precautorios. Por eso, las organizaciones que integran Paren de Fumigarnos ya avisaron que seguirán “al pie del cañón” el tratamiento de la ley “para que sea aprobada definitivamente”.
En un comunicado de prensa, la Multisectorial aclaró: “No es estrictamente el proyecto que presentamos, pero sin dudas representa un avance significativo y una gran conquista de años de luchas y denuncias. Consideramos que la discusión de fondo es la modificación integral de un modelo productivo basado en la agroecología y en la agricultura ancestral que garantice alimentos sanos, accesibles y sin venenos a nuestros pueblos, en definitiva modelos productivos sociales, populares, soberanos para nuestros pueblos”.
La zonificación
El diputado Mascheroni, uno de los autores del proyecto, dijo durante la sesión que “en materia de producción, en el campo, parecería ser que se puede hacer lo que uno quiere en donde uno quiera. Y eso no está bien. Y tampoco implica una actitud de enfrentamiento contra los sectores de la producción. Nosotros pensamos que hay áreas de la provincia que tienen características particulares y que se van a ir desarrollando en modelos de urbanismo. Y vamos a tener una situación de conflicto creciente”.
“La tendencia de todas las provincias es hacia la urbanización. Quiere decir que un día vamos a tener el problema de que haya gente que va a ir a vivir donde hay actividades productivas. Entonces, el Estado debe tener una mirada previsora. Por eso proponemos la zonificación de la provincia en tres áreas”, argumentó el diputado radical.
Un negocio millonario
Los legisladores del Frente Social y Popular votaron a favor en general pero se abstuvieron de votar el capítulo que fija las distancias y el que determina que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de la Producción, ya que consideran que debían ser los Ministerios de Medio Ambiente y de Salud.
Uno de los integrantes del bloque, Carlos Del Frade, venía impulsando un proyecto alternativo, en línea con las demandas de Paren de Fumigarnos, que proponía límites más amplios y prohibía directamente las fumigaciones aéreas. Finalmente ese proyecto no fue tenido en cuenta por sus pares, que analizaron y aprobaron el de Mascheroni.
En la última sesión, Del Frade sostuvo que la reforma “es más de una adecuación de la ley que una decisión de la política respondiendo a la realidad. Una realidad que en la provincia de Santa Fe ha tenido un costo en salud muy grande y un costo medioambiental que todavía no ha sido medido”.
“En esta discusión hay una mora de un cuarto de siglo: desde 1995 hasta ahora, no se ha querido tocar esta ley porque efectivamente estuvo por encima de todo el dinero. Por eso entendemos que la autoridad de aplicación no debería ser el Ministerio de la Producción sino el Ministerio de Medio Ambiente”, añadió Del Frade.
“Para nosotros esta es una situación donde el Estado provincial debe definir políticamente qué es lo que tiene que garantizar primero: la salud y el medio ambiente o la rentabilidad de los productores”, agregó el legislador del Frente Social y Popular.
“No nos interesa desde lo filosófico la definición de fitosanitarios; nosotros entendemos que son agrotóxicos o agroquímicos. En la provincia de Santa Fe y en la Argentina hay 1.497 productos comerciales de agroquímicos de los cuales la mayoría son más peligrosos que el glifosato. Esa enorme variedad comercial marca la evolución del negocio”, continuó el diputado provincial.
Por último, Del Frade consignó algunas cifras que dan cuenta del avance del negocio de los agroquímicos: “La producción sojera avanzó un 60% en superficie en el país, sin embargo el negocio del veneno ha crecido un 1.000% de acuerdo a las cifras oficiales del Inta. Queda claro que el veneno es lo que más avanza para poder garantizar más rápidamente la producción, pero sin interesar los costos de ese adelantamiento. Costos que se ven en el empobrecimiento de la salud humana y del medio ambiente”.
