Luego de ser recapturados en Buenos Aires, dos de los nueve reclusos que protagonizaron la cinematográfica fuga del 8 de mayo pasado durante un traslado del Servicio Penitenciario de Santa Fe fueron acusados este jueves por los delitos de evasión, portación de arma de fuego, hurto y robo calificado por ser cometido en poblado y en banda. En la misma audiencia, las fiscales Georgina Pairola y Karina Bartocci imputaron por encubrimiento a una mujer por alojar a tres de ellos –uno permanece prófugo– en su casa de Villa Gobernador Gálvez durante una semana y a su hijo por trasladarlos en auto a un asentamiento precario de la localidad bonaerense de Avellaneda donde fueron detenidos. La jueza Silvia Castelli aceptó la calificación legal y dictó prisión preventiva para los tres hombres, en tanto dejó en libertad a la mujer tras fijar una serie de reglas de conducta.
La audiencia estaba prevista a las 16 pero comenzó una hora después. Once policías custodiaron la sala dividida en dos. De un lado, cuatro mujeres allegadas a los acusados. Del otro, familiares de un comerciante asesinado en 2014 en Granadero Baigorria por cuyo crimen purga condena uno de los evadidos recapturados. Se trata de Carlos Andrés D’angelo, de 33 años. Su condena a 23 años de cárcel no está firme ya que se encuentra en revisión ante la Corte Suprema de Justicia santafesina. El otro convicto es Alfredo Patricio Rojas, de 35, quien purga una pena a 25 años de prisión por el homicidio del policía Rodolfo Sotelo, en 2010.
Escuchas de los federales
Las fiscales explicaron que la recaptura de los dos evadidos se dio a raíz de escuchas telefónicas que realizaba la Policía Federal Argentina (PFA) en el marco de una investigación por homicidio ordenada por un juzgado de Menores bonaerense. En esa pesquisa tenían intervenido el celular de Wilfredo R., de 29 años, domiciliado en Villa Gobernador Gálvez junto a su madre, Nancy V., de 49.
De acuerdo a la acusación, de las conversaciones telefónicas se dedujo que entre el 13 y el 21 de mayo, tres de los evadidos (uno sigue sin ser identificado) encontraron asilo en la casa de Nancy, a quien imputaron por encubrimiento agravado por delito precedente especialmente grave y por ánimo de lucro. Según las fiscales, luego de esa fecha su hijo trasladó a dos de ellos en su auto particular a la ciudad bonaerense de Avellaneda, donde alquiló una casilla precaria en el asentamiento conocido como “Villa Tranquila”. Durante el trayecto, a la altura de Zárate, Wilfredo se enfrentó a tiros con efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), según señaló Pairola, quien dijo estar a la espera de que la Fiscalía de esa jurisdicción le envíe las actuaciones. La fiscal agregó que, de acuerdo a las escuchas, un día antes de ser detenidos, Rojas y D’angelo habían pagado para cruzar a Paraguay por la provincia de Corrientes pero que fueron estafados por la persona que les cobró el servicio. Y que a raíz de ello, Wilfredo estaba haciendo contactos para que puedan llegar a Uruguay.
Por esos delitos, Wilfredo fue acusado de encubrimiento agravado por delito precedente especialmente grave y ánimo de lucro y tenencia ilegítima de arma de uso prohibido y de uso civil en concurso real. Su abogada, la defensora oficial María Laura Blacich, pidió una medida alternativa a la prisión preventiva aduciendo que el joven, a sus 29 años y con cuatro hijos, no tiene antecedentes penales y es la primera vez que se lo acusa de un delito. Agregó que la mayoría de la evidencia ya está cautelada, por lo que no habría peligrosidad de que obstruya la investigación. Pero la jueza Castelli recordó que la peligrosidad procesal estaba más que evidenciada al recordar que estaban en audiencia por una fuga, por lo que le dictó prisión preventiva por el plazo de ley, es decir, dos años, al igual que a los otros dos acusados.
Todo por un porro
A su turno, la fiscal de Violencia Institucional Bartocci detalló la evidencia recolectada. Mencionó las dos pistolas calibre 9 milímetros robadas a empleados del Servicio Penitenciario que fueron halladas en poder de los reclusos detenidos en Avellaneda, junto a otras dos armas, una carabina de fabricación casera calibre 22 y una escopeta calibre 12.70. En el lugar también secuestraron 6.100 pesos.
Como evidencia también se presentaron las actas de procedimiento de las fuerzas públicas –Comando Radioeléctrico, seccional 24ª de Granadero Baigorria y Asuntos Internos–, la toma de testimonio de los cuatro reclusos que se quedaron dentro del colectivo, de la dueña del auto hurtado en la vía pública y de la mujer a la que le robaron el otro vehículo a punta de pistola. Además, sumó las pericias realizadas en las armas y teléfonos de los empleados penitenciarios que fueron reducidos por los presos. En relación al accionar de ellos, Bartocci leyó la declaración indagatoria que brindaron los diez imputados cuando los acusó por “facilitamiento de evasión”.
Según reprodujo la funcionaria en la audiencia, los uniformados dijeron que uno de los presos que trasladaban prendió un cigarrillo de marihuana cuando el colectivo circulaba por la autopista Rosario-Santa Fe. Por el olor a «porro», a la altura de la entrada de Granadero Baigorria, y sin detener la marcha, un penitenciario le entregó el arma a su superior y pasó al sector de los detenidos, los cuales lo redujeron en un “ataque tipo piraña” para luego usarlo como “escudo humano”. Según esas declaraciones, el colectivo seguía andando cuando los internos lograron reducir a todos los penitenciarios y sacarles las armas, luego amenazaron al chofer y lo obligaron a detener la marcha. El conductor dijo que “quedó medio tonto” por un culatazo que le dieron en la cabeza.
