Los trabajadores y las trabajadoras de las tabacaleras de la provincia de Santa Fe Bronway y For Men siguen en vilo, ya que como ocurre desde diciembre, sus empleos dependen la decisión de la Justicia Federal. Si bien varios jueces fallaron para que la tabacalera continuara funcionando y la empresa depositó el dinero solicitado por la Justicia, nuevas trabas judiciales impiden a la tabacalera volver a trabajar por lo que los 200 puestos de trabajos directos y los más de 1500 indirectos están en juego.
Según detallaron desde la empresa, el último día hábil del año 2022 los jueces Guillermo Toledo y Elida Vidal dispusieron conceder una medida cautelar a favor de la tabacalera rosarina dejando en manos de la jueza de baja instancia Sylvia Aramberri la fijación de la fianza que toda medida de ese tipo debe llevar. La medida cautelar sólo alcanzaba una resolución general de la Afip que impedía a la empresa auto determinar el impuesto a pagar, o sea el precio de las estampillas de los cigarrillos, y no avanzaba sobre ningún aspecto de la constitucionalidad de la ley de impuesto interno. Arramberri fijó la fianza en un monto exorbitante de 2000 millones de pesos que fue imposible de abonar, razón por la cual la medida cautelar quedaba en los hechos absolutamente neutralizada. Los abogados de la tabacalera apelaron el monto de la fianza fijada en plena feria. Todo el trámite llevó varios y largos días, sin que los obreros pudieran volver a sus trabajos, ya que el tribunal sorteado sufrió por parte de Afip en un hecho considerado único y sin antecedentes, la recusación sin causa de uno de sus miembros, lo que se tradujo en un nuevo sorteo. Finalmente integrado el tribunal se redujo la fianza en un monto de 90 millones de pesos por decisión de los jueces Guillermo Toledo y Osvaldo Facciano, sorteado este último después de la recusación. Pero cuando el abogado de Bronway se dispuso a depositar finalmente el dinero en la cuenta judicial, en un capitulo inédito en la historia judicial de la provincia, el juez Aurelio Cuello Murúa (reemplazo en la segunda quincena de la feria judicial a Silvia aramberri) respondió que primero le debía consultar a la Cámara Federal si la sentencia se podía ejecutar.
Pero según Dario Ippolito, presidente de Bronway una nueva sorpresa los esperaba: “el único camarista presente era quien había votado en contra de la medida cautelar en diciembre y que proponía el cierre de las fábricas y quien llamativamente tuvo contactos en licencia con una empleada de la Cámara para forzar una decisión contraria a los intereses de la empresa. Hemos denunciado ante el consejo de la magistratura en Caba a este magistrado por toda una serie de irregularidades en la tramitación de este proceso”
“Este magistrado denunciado ahora a cargo de la Cámara, le impidió a Cuello Murúa ejecutar la cautelar porque le expresó dos veces por escrito que la Afip había interpuesto un recurso extraordinario, aunque en verdad los recursos de este tipo no proceden contra medidas cautelares y expresamente la Afip no pidió la sustanciación en la feria. Es decir que hay una medida cautelar dictada, un monto a depositar y por una situación del camarista Pineda no se puede cumplir. Es gravísimo lo que está pasando y en los próximos días además del jury le vamos a formular la denuncia penal”, sostuvieron desde la empresa. Lo que llama la atención es que todas las pymes tabacaleras de todo el país están funcionando con medidas cautelares, menos en Santa Fe. “Si la fábrica estaría en otra provincia, podría funcionar sin problemas”, sostuvo el titular de la empresa.
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