Por Hernán Chiesa y Emmanuel Dalbesio / Télam
Las declaraciones de dos de los ocho detenidos por el crimen de Fernando Pérez Algaba, cuyo cadáver descuartizado dentro de un valija fue encontrado en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge hace casi un mes, rompieron un pacto de silencio que hasta ahora habían mantenido los imputados y acomodaron algunas de las piezas del rompecabezas, aunque los investigadores aún mantienen al menos cuatro puntos clave por establecer.
Para los pesquisas que trabajan bajo las órdenes del fiscal Marcelo Domínguez, el crimen de «Lechuga» Pérez Algaba ocurrió entre las 18 del martes 18 de julio y las 3 de la madrugada del miércoles 19 y los ocho detenidos tuvieron una división de tareas para asesinarlo de dos balazos en la espalda, descuartizarlo, introducir sus restos dentro de una valija roja y una mochila y arrojarlo en el Arroyo Del Rey de Ingeniero Budge, en un crimen por «codicia y con alevosía».
Las declaraciones de Nahuel Vargas, en mayor medida, y de Luis Alberto Contrera, realizadas el jueves último y ayer, rompieron un pacto de silencio que habían mantenido hasta el momento todos los involucrados.
Contrera -hermano de la primera detenida y ayer excarcelada Alma Nicol Chamorro- fue el primero en aportar detalles que involucran al resto.
En su indagatoria dijo que la madrugada del 19 de julio pasado Maximiliano Pilepich y Nahuel Vargas llegaron en un auto Volskwagen Polo y un Ford Ka a su casa de Ingeniero Budge con el cadáver ya descuartizado y embolsado de la víctima y le ofrecieron dinero para que se deshiciera del mismo.
El imputado dijo que se negó, que esos hombres se fueron, pero que regresaron horas más tarde con el auto Polo. Le volvieron a ofrecer dinero para «cortarlo» y hacerlo desaparecer. Dijo que aceptó y que le transfirieron 100.000 pesos a una cuenta, pero luego, al ver sangre en el baúl del vehículo, rechazó la oferta y les devolvió el automóvil.
Eso si, confesó que les dio la valija roja que tenía guardada en su casa -en la que finalmente fueron hallados los restos de «Lechuga» Pérez Algaba- y que no se dio cuenta que dentro de la misma estaban los documentos de algunos familiares suyos que fueron la clave para delatarlo.
Más preciso fue Vargas, detenido el jueves e indagado ayer, quien admitió con lujo de detalles que el crimen del empresario se cometió la tarde del 18 de julio en el establecimiento inmobiliario «Renacer» de General Rodríguez y que el autor fue Pilepich, quien lo ejecutó por la espada de dos balazos mientras lo hacía cambiar «unas lamparitas» quemadas en una de las oficinas.
«Ya está, no aguantaba más, hay límites», dice que dijo Pilepich tras concretar el crimen, en referencia a que Pérez Algaba le venía exigiendo que le pague una deuda de unos 150.000 dólares y que lo extorsionaba.
Vargas dijo que el cuerpo fue llevado en el auto Polo hasta la casa de Contrera, quien se encargó de descuartizarlo y arrojarlo al arroyo.
Además, agregó que el lugar del crimen fue demolido para borrar las pruebas y que todo el tiempo que se mantuvo prófugo fue por miedo.
Este imputado menciona que en el lugar estuvieron Matías Gil (socio de Pilepich en «Renacer»), el comisario de la Policía de la Ciudad Horacio Mariano Córdoba, pero que no vio ni a la gestora Flavia Lorena Bomrad, ni a Fernando Gastón Carrizo, ni a Blanca Gladys Cristaldo, los otros detenidos por el caso.
Gil se negó a declarar ante la Justicia, pero los peritos determinaron comunicaciones constantes con Pilepich y con Vargas en las horas en las que se registró el hecho.
Respecto al policía Córdoba, los investigadores determinaron que le aportó a Pilepich un teléfono que pertenece a la fuerza de seguridad porteña y que fue utilizado desde el día del crimen hasta días posteriores para comunicarse con el resto de los imputados.
También los investigadores establecieron en los peritajes de las cámaras de seguridad y los análisis tecnológicos de los teléfonos celulares que estuvo junto a Pilepich la madrugada del 19 de julio.
La gestora Bomrad, quien dijo tener una relación sentimental con Pilepich, negó en su indagatoria tener algún tipo de participación en el crimen, pero también se determinaron vínculos y comunicaciones entre el día del crimen y las horas posteriores al mismo con el resto de los detenidos.
Carrizo, otro de los detenidos, era empleado de seguridad en una de las propiedades de Pilepich y su teléfono también mantuvo comunicaciones en las horas posteriores a la desaparición de Pérez Algaba con Pilepich y con Gil.
Cristaldo era empleada de ventas en «Renacer», dijo tener también una relación sentimental con Pilepich y en su casa de la localidad de Paso del Rey, en Moreno, fue detenido ese sospechoso el pasado martes, donde aparentemente se refugiaba desde hacía cuatro días y le había confesado que prefería matarse antes que entregarse.
Pero los investigadores aún mantienen algunos puntos oscuros en la investigación. Por lo pronto, fue secuestrada la camioneta Mercedes Benz G500 que utilizaba Pilepich el día del crimen y la madrugada posterior. Esa camioneta se vio en las distintas filmaciones de las cámaras de seguridad transitar por la zona oeste, por lo que ahora será peritada en busca de rastros de la víctima.
Pero los investigadores creen que allí no fue trasladado el cuerpo, sino como lo dicen al menos dos de los imputados, se hallaba en el baúl del Polo, que nunca fue hallado.
Tampoco se encontraron rastros del lugar donde se concretó el desmembramiento de Pérez Algaba: si fue en «Renacer», el lugar fue demolido y los escombros desaparecieron; pero también pudo haber sido en algún lugar cercano al Arroyo Del Rey, en Ingeniero Budge, donde vive Contrera.
Los investigadores aún no hallaron el arma homicida, que se sabe que fue una pistola calibre 9 milímetros y que presuntamente era propiedad de Pilepich, ni tampoco las herramientas que fueron utilizadas para el descuartizamiento del cuerpo.
El juez de Garantías de Lomas de Zamora, Sebastián Monelos, ahora deberá definir si dicta la prisión preventiva de todos los detenidos y confirma lo actuado por el fiscal Domínguez, quien acusó a los ocho detenidos por el delito de «homicidio cuádruplemente calificado por el uso de arma, alevosía, codicia y por el concurso premeditado de dos o más personas».
